Por: Redacción/

La lucha por la defensa de los derechos de las personas es tarea inacabada que requiere el compromiso de políticos, juristas y sociedad, afirmó el diputado Javier Bolaños Aguilar, vicepresidente de la Mesa Directiva, al inaugurar el foro Interamericano “México-Perú, constitucionalidad y derechos humanos”.

En el evento, realizado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, señaló: lo que ocurre en Venezuela, los abusos contra migrantes en Estados Unidos, “nos dice que tenemos tarea y motivos suficientes para alzar la voz y levantar una muralla para lograr el pleno respeto de las personas y sus derechos”.

Celebró que en este encuentro se aborden temas “en los que hay un gran compromiso y mucho por hacer”, y resaltó que México y Perú son países hermanos que mientras caminen juntos tendrán una mejor perspectiva.

En 2011 México realizó una importante reforma constitucional en materia de derechos humanos para pasar de un sistema garantista, al de su pleno reconocimiento como expresión genuina, natural e inmanente de las personas. De ahí la importancia de reunir a los juristas para revisar, analizar y establecer en sus respectivas constituciones conclusiones favorables en cuanto a su respeto y promoción.

El diputado Bolaños Aguilar se pronunció por que los resultados del foro, el intercambio de experiencias y capacidades en esta materia, sean en beneficio de ambas naciones y que sus conclusiones se incorporen a mejores legislaciones que sirvan a los pueblos.

Actualmente, indicó, México atraviesa por circunstancias muy especiales y difíciles, para transitar de una Procuraduría General de la República, “hoy obsoleta”, a una Fiscalía General de la Nación, con plena independencia de los Poderes, que garantice total imparcialidad en sus decisiones y acciones.

Es importante que el titular de la PGR no tenga “pase automático” para ser Fiscal General de la Nación, pues “eso iba a sepultar una de las grandes reformas que el país reclama”. Sin embargo, aclaró, ése no es el fondo ni la solución del problema que enfrentamos en materia de procuración de justicia.

Planteó que quien ocupe el cargo no deberá haber desempeñado ningún puesto público propuesto por ningún partido, ni militado en uno, “y que los conflictos de intereses se acerquen a cero para que pueda manejarse con independencia”, para fortalecer a la institución, generar su autonomía presupuestal, su capacidad de gestión y una presencia de respeto, solidez y perspectiva de futuro ante la sociedad.

Además, dijo, dicho funcionario nombrará al fiscal general anticorrupción, el cual deberá tener repercusión en los estados “porque ofende lo que leemos de los gobernadores que han salido, pero hoy en día existen mandatarios estatales en funciones que hacen un uso escandaloso, cínico y ofensivo del presupuesto público, de recursos que deberían ser destinados a la población a la que juraron servir”.

Bolaños Aguilar aseguró que la corrupción es uno de los flagelos que más lastiman a México, “ofende y nos llena la cara de vergüenza” por lo que se deberá garantizar que no queden impunes esos delitos “como ha sucedido a la fecha”, y que quienes hayan cometido “escandalosos actos de corrupción”, si salen del país y son repatriados, sean juzgados.

El presidente de la Barra Interamericana de Abogados, Rubén Pacheco Inclán, estimó que es necesario trabajar para que los derechos humanos se conviertan en obligatoriedad sin importar si la Constitución lo admite.

Los derechos humanos son una necesidad social, política y jurídica del individuo, que la sociedad exige, promueve, diseña y da forma “para integrarlos a legislaciones internas con recomendaciones de Cortes internacionales especialistas”.

En México, por una “terrible deficiencia de interpretación jurídica”, una violación de derechos humanos se convierte en una descripción jurídica dentro de la Carta Magna “y decimos ya es constitucional, como el arraigo”. Por ello, sostuvo que el tema requiere de mucho trabajo, “si queremos defender los derechos humanos y trabajar por ellos, debemos hacer cambios de paradigma”.

También participaron, Cipriano Sotelo Salgado, rector de la Universidad de Ciencias Jurídicas de Morelos; y los peruanos Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos, Fiscal Supremo Titular a cargo de la Primera Fiscalía Suprema en lo Penal; Iván Noguera Ramos, miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, y Luis Alberto Pacheco Mandujano, director en la Academia de la Magistratura, de Perú.