- El 28 de agosto, Jesús Ramírez Cuevas, Vocero de la Presidencia, apuntó que organizaciones de la sociedad civil y un medio de comunicación reciben recursos internacionales para “oponerse al Tren Maya”, asimismo calificó de “benefactores y opositores” a las ONGS y a las fuentes de su financiamiento.
Por: Oscar Nogueda/
ONGS manifestaron su preocupación por las declaraciones del Presidente López Obrador de la conferencia matutina del 28 de agosto. Asimismo, apuntaron que sus dichos estigmatizan y deslegitiman públicamente el trabajo de activistas, así como de periodistas.
“Estos calificativos estigmatizan y criminalizan la labor de las organizaciones y el medio de comunicación señalado, al inferir que por recibir recursos de agencias internacionales, sus luchas y su labor de defensa de derechos humanos, así como su ejercicio de libertad de expresión, son ilegítimas”, señalaron las ONGS.
El 28 de agosto, Jesús Ramírez Cuevas, Vocero de la Presidencia, apuntó que organizaciones de la sociedad civil y un medio de comunicación reciben recursos internacionales para “oponerse al Tren Maya”, asimismo calificó de “benefactores y opositores” a las ONGS y a las fuentes de su financiamiento.
Según Espacio OSC, El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C., el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX) están siendo objeto de difamación y hostigamiento por su labor de acompañamiento a las protestas de personas defensoras ante las acciones de implementación del Tren Maya. Aunado a ello, las ONGS apuntaron que el Gobierno federal busca establecer un nexo entre la crítica de Animal Político y los recursos económicos que recibe.
“Calificar a dichas organizaciones y al medio como “opositores”, cuestionando la legitimidad de su labor por denunciar violaciones a los derechos humanos, es un acto que criminaliza y desacredita la labor de defensa de derechos humanos y la libertad de expresión”, agregaron las ONGS.
En ese sentido, la Relatoría Especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) establecieron que los servidores públicos están sujetos a un mayor umbral de tolerancia al escrutinio y a la crítica dado el carácter de interés público de sus actividades.
Durante la administración de López Obrador, 14 periodistas y 26 activistas han sido asesinadas, asimismo el Global Witness comunicó que México es el cuarto país más peligroso para la defensa del medio ambiente.
Espacio OSC apuntó que “La narrativa que deslegitima la labor de defensa de derechos humanos y el ejercicio periodístico, proveniente del más alto nivel, genera un efecto multiplicador que permite y legitima la actuación de otros actores estatales y no estatales, en perjuicio de las personas defensoras y periodistas, debilitando aún más el Estado de Derecho en nuestro país”.
Por tal motivo, las Organizaciones exhortaron al Gobierno federal a abstenerse de emitir declaraciones que deslegitimen, ya que ponen en riesgo el derecho a la defensa de los derechos humanos y a la libertad de expresión. También, solicitaron generar los espacios adecuados para un dialogo abierto con las ONGS que defienden a las comunidades afectadas por los megaproyectos.
Por último, llamaron a las autoridades mexicanas a adoptar un discurso a favor del pluralismo y la crítica en los medios de comunicación.
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