Por: Redacción/

La cancelación del programa DACA (Acción Diferida para Llegados en la Infancia) es una nueva agresión a los derechos humanos de las y los mexicanos, que amerita una respuesta diplomática más contundente y debe ir más allá de la relación binacional y alcanzar los organismos internacionales, como la Organización de los Estados Americanos y la Organización de las Naciones Unidas, para denunciar acciones claramente racistas y discriminatorias de la administración Trump, señaló la senadora Angélica de la Peña.

Calificó la respuesta del gobierno mexicano como vergonzosamente tímida y las acciones anunciadas como débiles paliativos frente a las afectaciones a la vida de cada una y cada uno de los jóvenes que podrían ser deportados a México, “es inaudito que el gobierno mexicano simplemente se resigne y espere encontrar un salvavidas en la benevolencia del Congreso norteamericano”, añadió.

Donald Trump es un presidente de extrema derecha, apuntó la senadora del PRD, que no ha escatimado expresiones de desprecio contra las y los mexicanos, y que en las medrosas respuestas del gobierno mexicano ha encontrado un caldo de cultivo para su autoritarismo.

“Los anuncios de la cancelación del programa DACA y de la posible salida de Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio, le dan a nuestro gobierno absoluta libertad para expresar su indignación e inconformidad en el escenario internacional; durante más de un año se escudó bajo el pretexto de proteger una relación respetuosa con Estados Unidos y de blindar la negociación del TLC, hoy es prácticamente un hecho que no tiene ni lo uno ni lo otro”, sentenció de la Peña Gómez.

La también presidenta de la Comisión de Derechos Humanos recordó que desde el Congreso de la Unión se le ha exigido al gobierno de Enrique Peña Nieto una postura firme y decidida en contra de todas las provocaciones y agresiones en contra de nuestro país y de las y los mexicanos, sin encontrar otra cosa que oídos sordos,

“Vamos a convertir la indignación que nos genera la pasividad de nuestro gobierno en acciones legislativas para proteger, en nuestro país, los derechos de estas y estos jóvenes soñadores que nunca debieron verse obligados a salir de México en busca de mejores oportunidades. Es hora de construir un modelo alternativo de relación bilateral basado en el respeto y no en la subordinación”, concluyó.