Por: Redacción
Al encabezar el acto en el que el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó su Informe de Actividades 2015, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, aseguró que “sociedad y Gobierno tenemos que trabajar de manera conjunta por un cambio cultural generalizado en favor de la no discriminación, la inclusión, la igualdad, la legalidad, la tolerancia y el respeto”.
Este reto que nos une y nos compromete a todos, añadió, “es, precisamente, lo que mueve al Gobierno de la República a seguir trabajando de manera corresponsable para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos”.
El Primer Mandatario expresó que “los mexicanos nos sentimos orgullosos de la CNDH y de sus invaluables aportaciones al desarrollo del país”.
Tras resaltar que la CNDH es una institución emblemática del Estado mexicano, que salvaguarda estos valores universales, el Presidente Peña Nieto dijo que “es un organismo fuerte, independiente y confiable, con las facultades y capacidades necesarias para una efectiva protección de los derechos fundamentales a lo largo y ancho de nuestra nación”.
“El conocimiento y experiencia de sus consejeros y servidores públicos, el invariable compromiso con su misión, la firmeza y el rigor técnico de su actuación, la convierten, además, en uno de los organismos garantes más sólidos que hay en el mundo”, subrayó.
“Tener un Ombudsman fuerte, independiente y eficaz empodera a la sociedad y fortalece a todo México”, destacó.
El Titular del Ejecutivo Federal indicó que en esta Administración “tenemos un firme compromiso con la transformación legal, institucional, y sobre todo cultural del país en favor de los derechos inherentes al ser humano”.
“A través de un enfoque de corresponsabilidad promovemos una política de Estado en esta materia. Con la participación de autoridades, organismos autónomos, organizaciones de la sociedad civil, académicos, expertos, y la ciudadanía en su conjunto, hemos logrado avances en diversos frentes”, refirió.
Mencionó algunos de ellos:
PRIMERO: Hemos ampliado el catálogo de derechos reconocidos en nuestro marco jurídico. “A partir de diversas reformas y políticas públicas, se ha incrementado el reconocimiento de derechos fundamentales en nuestro orden constitucional, como son, por ejemplo, el derecho a recibir una educación de calidad o el derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, por sólo citar algunos”.
SEGUNDO AVANCE: Hemos consolidado una política de seguridad con mejores estándares en materia de protección y respeto a los derechos humanos. “Reflejo de ello es que las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, particularmente dirigidas a las fuerzas y autoridades federales en este sector, se han reducido año tras año, al pasar de 31 en 2012, a ocho en 2015.
“En síntesis, en tres años se redujo en 74 por ciento el número de recomendaciones”.
El Primer Mandatario dijo que en el Gobierno de la República estamos conscientes de que aún nos falta seguir avanzando en lograr esta cultura de absoluto respeto a los derechos fundamentales, y que las prácticas y protocolos “que siguen las entidades públicas, particularmente las encargadas de la seguridad pública, obren con absoluta observancia a estos principios de pleno respeto a los derechos humanos. Seguimos avanzando y seguiremos trabajando para lograr este objetivo de forma plena”.
TERCERO: Hemos incorporado el enfoque de derechos humanos en todas las políticas públicas. “A partir de un programa nacional de alcance transversal, y de una estrategia de capacitación amplia y permanente, estamos institucionalizando las mejores prácticas internacionales en favor de estos valores”.
CUARTO AVANCE: Hemos fortalecido las capacidades institucionales para salvaguardar los derechos y brindar apoyo integral a grupos en situación de vulnerabilidad. “Destacan la consolidación de los sistemas nacionales de atención y protección a niñas, niños y adolescentes, a mujeres que han sufrido violencia y a las víctimas del delito”.
QUINTO: Hemos apoyado con firmeza la cabal implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal. “Este cambio de modelo, que estará vigente a partir de junio en todo el país, fortalecerá el debido proceso y resguardará el principio de presunción de inocencia. Además, permitirá agilizar los juicios y sobre todo reducir la impunidad”.
SEXTO AVANCE: Estamos impulsando nuevas leyes para combatir con mayor eficacia la desaparición forzada de personas y la tortura. “Como país, tenemos que acabar con estas inaceptables violaciones a los derechos fundamentales que atentan contra la dignidad humana y agravian a la sociedad entera”.
El Presidente Peña Nieto afirmó que “no obstante todos estos avances, es claro que la causa de los derechos humanos es una causa por la que se debe trabajar todos los días y en todos los frentes”.
“Debemos seguir esforzándonos y avanzando juntos para que los cambios institucionales se traduzcan en un cambio de mentalidad que nos permita una sana convivencia social”, enfatizó.
Por su parte, el Presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, subrayó que los derechos humanos no son, ni deben ser vistos como un recurso o vía para la ilegalidad, y que este Organismo se ha pronunciado en todo momento por el cumplimiento y aplicación de la ley como marco necesario para la convivencia social pacífica, el reconocimiento y el respeto de la dignidad de las personas, lo que contribuye al efectivo acceso a la justicia y a la vigencia de los derechos de las víctimas del delito.
González Pérez lamentó que aún exista la tentación de identificar la causa de los derechos humanos con la defensa de delincuentes, o ver esos derechos como un obstáculo para el debido y oportuno desarrollo de las funciones estatales. Aseguró que la CNDH busca la vigencia y el respeto de los derechos fundamentales de todas las personas, lo que lleva implícita la debida y oportuna observancia y aplicación de la ley.
Tras mencionar que no hay niveles o cifras aceptables de tortura, desapariciones forzadas, ejecuciones arbitrarias o ataques a periodistas y defensores civiles, puntualizó que un solo caso es demasiado y debe mover a todas las instancias del Estado a la acción, para que se castigue y se prevenga su repetición.
Enfatizó que una importante vía de atención de los casos es la conciliación, donde a propuesta de la CNDH, y con base en opiniones de autoridad y quejoso, se llega a un acuerdo, siempre dentro del marco de la ley y el respeto a los derechos humanos, donde la autoridad acepta su responsabilidad y se acuerdan diversas medidas de reparación del daño y perjuicios causados a la víctima.
Puntualizó que la CNDH investiga, determina y se pronuncia sobre violaciones a derechos humanos, y no le corresponde la persecución de delitos o la imposición de penas, facultad expresa de las autoridades ministeriales o judiciales correspondientes que están sujetas a formalidades y procedimientos distintos.
Detalló que la defensa y promoción de los derechos humanos, con base en lo previsto en la Constitución y en distintos instrumentos internacionales, imponen honrar las obligaciones que en ejercicio de nuestra soberanía adquirimos con los sistemas universal y regional de derechos fundamentales. De ahí la colaboración permanente con representantes y grupos de trabajo de distintas instancias internacionales.
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