Por: Redacción/

A través de un punto de acuerdo, la senadora Adriana Dávila Fernández, pide se exhorte al encargado de despacho de la Procuraduría General de la República a investigar lo acontecido en los buques pertenecientes a la empresa Oceanografía S.A. de C.V., y determine si existieron hechos constitutivos del delito de trata de personas y explotación.

Desde la intervención del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) y su Síndico, los trabajadores acusan haber trabajado y permanecido a bordo bajo amenazas, lo que sin duda, resalta la legisladora “se trata de trabajos y servicios forzados sancionados por las ley general de la materia”.

La senadora del Grupo Parlamentario del PAN también hace un llamado a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que a la brevedad se realicen inspecciones sobre las condiciones de trabajo que viven los trabajadores y se verifique que la empresa cubra a cabalidad los pagos demandados y sustanciados dentro de las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje, ya que parte de la huelga de hambre que sostienen los trabajadores de la embarcación La Barcaza, se deriva de la ausencia de pago desde hace meses.

A la Comisión Nacional de los Derechos Humanos le solicita investigar las omisiones en las que han incurrido las autoridades encargadas de vigilar las condiciones del trabajo y pugnar por la seguridad de sus trabajadores, así como las irregularidades que se siguen cometiendo por distintas autoridades, lo que propicia la violación de sus derechos por la ausencia de actuación de las autoridades encargadas de verificar su cumplimiento.

La senadora Dávila Fernández también exhorta a la Secretaría de Gobernación para que, junto con la Comisión Permanente, conforme un grupo de trabajo integrado por legisladores y servidores públicos federales con nivel de decisión, que verifique las condiciones en las que viven y desarrollan sus actividades los trabajadores de la empresa, y en complemento con lo anterior, vigile la atención que deben dar las autoridades federales, incorporando a los trabajadores dentro del padrón del Registro Nacional de Víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

El Punto de Acuerdo se turnó a la Primera Comisión.