Por: Redacción/

El Estado Mexicano debe diseñar un modelo que permita construir mecanismos para diagnosticar de manera formal e integral el desplazamiento interno forzado, con un enfoque de derechos humanos, demandó el senador independiente, Emilio Álvarez Icaza Longoria.

Durante una reunión a distancia, el legislador informó que en coordinación con organizaciones de derechos humanos, legisladores, personas desplazadas, expertos nacionales e internacionales han trabajado más de un año para poder plantear una ley nacional.

Emilio Álvarez insistió en que se requiere una ley nacional que obligue a los tres órdenes de gobierno a implementar acciones para prevenir, atender, erradicar y establecer soluciones duraderas para dar solución a las causas del desplazamiento interno forzado.

El legislador sin partido se pronunció por la construcción de herramientas que permitan la cuantificación oficial de las personas en esta situación, con el fin conocer la escala del problema y su registro.

“Así tendremos los elementos para diseñar la política pública y un programa consensado con actores especializados y, sobre todo, con las víctimas que viven el desplazamiento”, subrayó.

Álvarez Icaza propuso establecer un Consejo que implemente medidas con claridad y parámetros de medición e indicadores que permitan rendición de cuentas y transparencia en el cumplimento del programa.

Anunció que en coordinación con los diputados Lucía Riojas Martínez y Carlos Alberto Morales Vázquez, sin partido, presentaran una Iniciativa para prevenir, proteger y crear acciones duraderas y sanciones en materia de desplazamiento interno forzado, así como para reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Penal Federal y la Ley de Minería.

“Más allá de un trabajo, es una causa con la que se busca atender y resolver una deuda que tiene el Estado Mexicano con las víctimas de desplazamiento”, remarcó.

En su intervención, el diputado Carlos Alberto Morales Vázquez aseguró que la iniciativa permitirá un diagnóstico oportuno y certero sobre los afectados, lo que ayudará a identificar y visibilizar a los sectores más vulnerables.

Señaló que las principales causas del desplazamiento en Chiapas son la libertad de credo, cuestiones políticas y la disputa de territorios; aunque no se tienen datos exactos la problemática ha afectado aproximadamente seis mil personas en la región.

A su vez, la diputada Lucía Riojas Martínez dijo que la iniciativa incluye elementos necesarios para estructurar políticas públicas, como la posibilidad de recolectar evidencia y contabilizar el número de víctimas; datos que servirían para identificar dónde poner mayor énfasis para su atención.

Esta propuesta, agregó, es una muestra de que se están creando herramientas para resolver el desplazamiento interno forzado. El objetivo, apuntó, es garantizar que no se repita en el futuro.

Las personas afectadas son quienes se convierten en actores y nuestra labor como legisladores es apoyarlos y crear soluciones, tenemos prisa y convicción por aprobar esta iniciativa, expresó.

María Dolores Hernández Bonifaz, de la Organización de Desplazados Internos “Misión 21 Gramos A.C”, al hablar de la situación de las personas desplazadas en Chiapas, denunció que en algunas comunidades y municipios se limita el hecho de que puedan ejercer su fe y son discriminados.

Actualmente, denunció, en Chiapas hay 178 familias desplazadas por cuestiones religiosas y 91 familias sufren hostigamiento. Estamos hablando de más de mil personas que son afectadas, que han tenido que dejar sus comunidades y sus hogares, concluyó.