Por: Redacción

Se trata de una ocasión única para plantear reformas estructurales mediante acuerdos y no con las armas, expuso Nathaly Burbano Muñoz.

Tras cuatro años de trabajo arduo —y con un gran acompañamiento especializado—, el 24 de agosto se firmó en La Habana, Cuba, el Acuerdo de Paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno de esa nación (refrendado ante la comunidad internacional el 26 de septiembre en Cartagena).

Para que éste cuente con legitimidad amplia y respaldo social, el presidente Juan Manuel Santos convocó a un plebiscito (a realizarse este domingo 2 de octubre) para que los colombianos expresen si apoyan o no lo pactado y alcanzado, expuso Nathaly Burbano Muñoz, becaria posdoctoral del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC) de la UNAM.

Para ello se estableció un umbral de 13 por ciento de los votos (equivalentes a cuatro millones y medio de colombianos de los 47 millones que hay en el país). “Aunque, ¿qué pasaría si la respuesta es negativa? Nada en términos formales, pero sí se perdería lo construido con rigurosidad por las partes durante los cuatro años de arduas negociaciones y plasmado en las 297 páginas del Acuerdo, en el cual las FARC se comprometen a dejar las armas e insertarse en las estructuras políticas legales, mientras que el gobierno de Juan Manuel Santos se obliga a realizar cambios profundos en diversos rubros”, expuso la doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM.

El conflicto entre ambos antagonistas lleva 52 años y ha dejado más de 220 mil muertos, 45 mil desaparecidos y casi siete millones de desplazados, por lo que un conteo en las urnas favorable al sí plantearía un escenario interesante, ya que obligaría al Ejecutivo a respetar lo acordado y a toda la estructura gubernamental a impulsar cambios en los seis puntos estipulados en el texto redactado en la capital cubana: reforma rural integral, participación política, cese al fuego y a las hostilidades, solución al problema de las drogas ilícitas, resarcimiento a las víctimas e instrumentación y verificación de lo convenido.

Un proceso pedagógico

¿Qué se requiere para convocar a un plebiscito con estas características? Para Burbano Muñoz la respuesta es “un proceso previo de pedagogía”, pues para lograrlo los negociadores del gobierno y de las FARC, así como muchos sectores de la sociedad, se han movilizado para difundir entre los colombianos el contenido del Acuerdo, a fin de que los interesados lleguen a las urnas este 2 de octubre con un conocimiento previo del asunto y emitan un voto razonado.

“El impacto más fuerte de este proceso se dará en términos de la confianza de amplios sectores poblacionales en que éste será un parteaguas en la historia de Colombia y una de las pocas ocasiones en las que fue posible llegar a convenios serios para alcanzar reformas mediante la palabra y no por las armas”, subrayó.

Se trata de una oportunidad única, pues en caso de ganar el sí, el Estado (y no sólo la administración actual) y las FARC se comprometen a llevar lo pactado a la práctica; pero de prevalecer el no, tanto el gobierno como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia han aseverado que no renegociarán lo acordado e incluso éstas podrían considerar que no existen condiciones para incorporarse a la vida civil y continuarían levantadas en armas por otros 50 o 100 años, lo cual iría contra los esfuerzos de amplios grupos partidarios de una salida negociada a la larga confrontación armada en el país, advirtió Burbano.

La cuarta es la vencida

Ya antes las FARC y el gobierno de Colombia habían buscado firmar acuerdos de paz. El primer intento data de 1984, con el presidente Belisario Betancourt; el segundo se dio en 1991, bajo el mandato de César Gaviria; el tercero es de 1999, con Andrés Pastrana, y el actual bajo auspicio de Juan Manuel Santos.

¿Qué diferencia hubo entre aquellas iniciativas y la actual? Burbano Muñoz es enfática al señalar que ahora sí hubo voluntad política y un contexto nacional e internacional favorable.

“Parte de ello se explica porque antes de 2010, muchos de los recursos empleados por las autoridades locales para combatir a las FARC provenían de partidas de EU para la lucha contra los narcóticos y el terrorismo, pero en la última década este país ha redireccionado esos recursos e incluso disminuido el presupuesto para gasto militar tradicionalmente asignado a Colombia. Por su parte, el gobierno colombiano replanteó su postura confrontativa y reconoció que no se enfrentaba a un grupo terrorista, sino a una guerrilla insurgente, entre otras consideraciones”.

Por otro lado, hubo bajas al interior de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, algunas de ellas de sus dirigentes más beligerantes, lo que puso al frente a sectores mucho más favorables a la negociación y al diálogo, agregó.

Ambos factores abonaron a un escenario propicio para establecer acuerdos que conducen a desarrollar una agenda amplia y ambiciosa destinada a replantear condiciones sociales, políticas y económicas estructurales; todo esto será sometido a la aprobación de los colombianos en el plebiscito del domingo 2 de octubre, concluyó la investigadora.