Por: Melisa Carrillo Rojas
Integrantes de la campaña Rompiendo el Silencio, realizaron una conferencia de prensa y el cierre simbólico de las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), con una malla de papel formada con cartas en apoyo a Miriam López, una mujer que en el año 2011 fue torturada, violada, privada de su libertad y sometida a un proceso penal en el que se declaró inocente, por militares del estado de Baja California que vestían de civiles.
Con 25 mil 742 cartas, enviadas desde 40 países distintos, el edificio de PGR estuvo acordonado durante 20 minutos, donde los manifestantes exigían la “sensibilización de la Procuraduría” tras el impacto internacional que tuvo el caso.
Fotografía: Melisa Carrillo Rojas
Durante la conferencia de prensa que ofrecieron los integrantes del grupo en apoyo, comentaron que desde hace cinco años que ocurrieron los hechos, la Comisión de Crímenes y Violaciones a Derechos Humanos, no ha encontrado a ningún culpable, por lo que buscan conseguir una respuesta por parte de las autoridades.
Asimismo, estuvo presente el director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos, José A. Guevara, quien afirmó que debido a la falta de respuesta por las instituciones y autoridades del país, el caso será llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“Hemos intentado por todas las vías jurídicas posibles para que la investigación se lleve a cabo, hemos mantenido un diálogo permanente con la procuraduría, hemos aportado elementos de convicción para que se lleven a cabo adecuadamente las investigaciones, pero a la fecha no hay ningún tipo de disposición para que se acuse adecuadamente no sólo a los que detuvieron arbitrariamente a Miriam, sino también quiénes participaron en la tortura. Y sobre todo a quienes permitieron que en las instalaciones militares se cometan actos de tortura, y se haya impedido una investigación adecuada en todos estos años.”
Sin embargo, no es el único caso de violación y tortura que se ha registrado en la misma zona de Baja California, pues al menos 95 personas entre los años 2009 y 2011, han sido víctimas de alguno de dichos delitos.
Además, ningún militar que ha sido denunciado por Rompiendo el Silencio ha sido sentenciado por las autoridades civiles.
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