• Las diputadas Salma Luévano y Aleida Alavez, ambas de Morena, y un especialista en Derecho Electoral abordan, en foro virtual, la iniciativa de reforma constitucional en materia de cuotas para grupos vulnerables en cargos de elección popular.

Por: Redacción/

Las diputadas Salma Luévano Luna y Aleida Alavez Ruiz, ambas de Morena, junto con el especialista en Derecho Electoral, Jesús Ociel Baena Saucedo, analizaron y abordaron los antecedentes e impacto de la iniciativa de reforma constitucional en materia de cuotas (asignaciones) para grupos vulnerables en cargos de elección popular.

Lo anterior, en el foro virtual “Iniciativa de reforma al artículo 35 constitucional en materia de inclusión de cuotas para grupos en situación de vulnerabilidad para su acceso real a cargos de elección popular”, organizado por la diputada Luévano Luna, presidenta de la Comisión de Diversidad.

La propuesta —cuya autoría es de Luévano Luna— plantea reformar la fracción II del artículo 35 de la Carta Magna para establecer que son derechos de la ciudadanía poder ser votada en condiciones de paridad y de inclusión de grupos en situación de vulnerabilidad para todos los cargos de elección popular.

Lo anterior, para dar continuidad a las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y a los acuerdos del Instituto Nacional Electoral (INE), y llevarlas al andamiaje constitucional.

La legisladora señaló que las cuotas para grupos vulnerables en espacios de toma de decisión, que consideran a personas con discapacidad, indígenas y afromexicanas, migrantes y de la población LGBTIQ+ (Lesbiana, Gay, Bisexual, Transexual, Travesti, Intersexual, Queer y otras), sirven para visibilizar, educar y sensibilizar.

“La importancia de estas acciones afirmativas, de las cuotas para grupos en situación de vulnerabilidad, es precisamente empezar a ocupar esos espacios de toma de decisiones para darles una gran visibilidad”.

“Esos espacios históricamente se nos deben, y en el caso específico de nuestra población LGBTIQ+, el ocupar esos espacios nos va a ayudar a educar, a ir normalizando lo que es normal, eso contribuye mucho a la educación, a sensibilizar, a avanzar y a ir eliminando estigmas”.

La diputada Alavez Ruiz, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, consideró que esta propuesta debería ser considerada dentro de la próxima reforma político-electoral que surgirá a partir de las iniciativas que eventualmente presenten el Ejecutivo Federal, la oposición y Morena.

Dijo que de no considerarse la iniciativa en dicha reforma política, entonces será un tema a tratar en posteriores periodos, ya que al tratarse de una reforma constitucional requiere de acuerdos con todos los grupos parlamentarios.

Se debe asegurar que todos los miembros de la sociedad tengan las mismas oportunidades en la búsqueda por los puestos de toma de decisión estratégicos, y que los miembros de los diferentes grupos sociales y de la diversidad los ocupen, y para que el grupo al que pertenecen alcance una representación proporcional y legítima frente al resto de la población.

Apuntó que la iniciativa implica integrar una norma progresiva en el texto constitucional y una medida de justicia social para las personas que han sido discriminadas e ignoradas por el Estado.

Propuso incluir un artículo transitorio que asegure la progresividad de ese derecho y la obligación de las autoridades electorales y partidistas de aumentar gradualmente las cuotas en función del propio crecimiento poblacional nacional.

“Pero resulta igual de fundamental el reconocer que esas cuotas no serán estáticas ni determinadas por una cuantificación de proporcionalidad determinada, sino que deberán responder y atender a las necesidades y dinámicas cambiantes de nuestra realidad nacional”.

El especialista Baena Saucedo, maestro en Derecho Electoral por la Escuela Judicial del TEPJF, encomió la iniciativa de la diputada Luévano Luna porque busca saldar una deuda que el Estado tiene con las personas de los grupos vulnerables y “que no han alcanzado a acceder a la igualdad formal”.

En ese sentido, la calificó como una propuesta de gran trascendencia, que considera a todos los grupos en situación de vulnerabilidad, y que se tendrán que definir cuáles son, “pero evidentemente serán aquéllos en los que no hay participación activa como los que fueron determinados por el INE”.