Por. Redacción/

Con base en la reforma constitucional del 29 de enero de 2016, referente a la CDMX, y con miras a corresponder al esfuerzo de los residentes de la Ciudad de México para sufragar los gastos derivados de su condición de capital de la República, las diputadas Cecilia Soto González e Ivanova Pool Pech propusieron expedir la Ley de Capitalidad de la Ciudad de México.

Ambas legisladoras del PRD presentaron la iniciativa correspondiente ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y en su argumentación establecieron como objetivo resolver la creciente insuficiencia presupuestal del gobierno local para cubrir todos los gastos de la ciudad para proveer de servicios a instalaciones federales de los tres poderes, instalaciones estratégicas, sedes diplomáticas y millones de personas que a diario la visitan por diversas razones, se propone que el Fondo de Capitalidad sea equivalente al 0.25 por ciento de la recaudación federal participable, lo que se traduce en una aportación cercana a los seis mil millones de pesos anuales. Propone también que los bienes inmuebles de la Federación y de los partidos políticos nacionales paguen el impuesto predial y los servicios que les otorgue el gobierno de la Ciudad o, en su caso, las alcaldías.

Recordaron que ya en 2014 la Cámara de Diputados reconoció por primera vez este costo adicional en que incurre la entidad y le asignó, bajo el concepto de “Fondo de Capitalidad” en el Presupuesto de Egresos de la Federación, 3 mil millones de pesos. Al año siguiente le etiquetó 3 mil 500 millones y en 2016 otros 4 mil millones. Sin embargo, inexplicablemente para 2017 se redujo a 2 mil 450 millones y en 2018 tal fondo disminuyó en picada.

Para dar idea de lo que esto significa, Cecilia Soto, presidente de la Comisión Ciudad de México en la Cámara de Diputados informó que a la Ciudad de México le cuesta 12 mil millones de pesos anuales ser sede de los Poderes de la Unión, que incluyen gastos adicionales por la existencia de más de 100 inmuebles del gobierno federal, de 80 edificios de entidades paraestatales y organismos descentralizados, del Aeropuerto Internacional y de más de 160 embajadas, entre otros.

Dentro de los costos de capitalidad se encuentran los que se producen en los diversos sistemas de transporte público y privado, traducidos en pérdida de tiempo, contaminación atmosférica y auditiva, y accidentes diversos por la llegada de millones de visitantes; costos de seguridad pública que se reflejan en mayor necesidad de personal y equipo; costos de limpieza; de conservación y rehabilitación del patrimonio histórico; de actividades culturales; de concentración de problemas sociales que se reflejan en movilizaciones y manifestación en reclamo de soluciones a demandas, y costos por exención en el pago de impuestos a los órganos supremos de gobierno.

“El objetivo –entonces- es resolver la creciente necesidad que tiene la Ciudad de México en materia de suficiencia presupuestal a través de la referenciación de este Fondo de Capitalidad a la Recaudación Federal Participable con el objetivo de continuar, potencia y mantener políticas públicas, subsidios y programas dentro de la ciudad en que residen los poderes de la Unión con los beneficios que ya reciben en materia de contribuciones a infraestructura de servicios, sin discriminar a una población flotante cercana a los cinco millones de personas y que genera importantes presiones financieras”, precisaron ambas diputadas.

Por ello su iniciativa se centra en establecer los mecanismos de coordinación entre los poderes federales y locales para garantizar la capitalidad de la Ciudad de México, así como los instrumentos de financiación para que se asegure dicha capitalidad.

En el primer capítulo se establecen las disposiciones generales contenidas en el mandato constitucional y el objetivo de la ley, y en el segundo se prevé la creación del Consejo para la Capitalidad de la Ciudad de México con representantes de los ejecutivos local y federal, así como la eventual asistencia de los de otros poderes o del cabildo capitalino cuando haya asuntos de su competencia, y finalmente, en el tercero proponen el monto y el porcentaje para determinarlo.