Por: Redacción/

La Ciudad de México y sus habitantes, viven una de las peores crisis de violencia e inseguridad, lo cual corroboran las cifras oficiales y que en conjunto, contradicen a las autoridades capitalinas que rechazan esos altos índices delictivos y a través de discursos quieren hacernos ver que estamos mucho mejor, aseguró el diputado federal Emiliano Álvarez López.

“En la Ciudad de México, según datos del INEGI, poco más del 70 de la población mayor de 18 años consideró la inseguridad como el problema más importante que aqueja hoy en día a la capital del país y el Observatorio Nacional Ciudadano, en su reporte anual, apuntó que la crisis de violencia, en esta misma parte del país, no se había visto desde hace 18 años” enfatizó en legislador de Morena.

Álvarez López recordó que a propuesta de la Fracción Parlamentaria de Morena, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó, desde el mes pasado, al gobierno de la Ciudad de México, a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Procuraduría General de Justicia a reforzar la vigilancia en la demarcación de Gustavo A. Madero, ante el alarmante incremento de hechos delictivos que en el lapso de un año, ha visto crecer el porcentaje de ilícitos, como homicidio doloso, extorsión, robo a transeúnte, a casas habitación y a negocios, entre cuatro y cinco por ciento.

Mencionó el legislador integrante de la Comisión de Justicia que el incremento delictivo también se ha visto reflejado en las delegaciones Cuauhtémoc, Benito Juárez, Iztapalapa y Venustiano Carranza, frente a la percepción de la mayoría de los capitalinos que, en un 71 por ciento, tienen algo o mucha desconfianza de su policía ministerial o judicial, al tiempo que, en un porcentaje todavía mayor, la ciudadanía considera a los ministerios públicos y a la Procuraduría local, como altamente corruptos.

Lo que demanda la población, dijo, es una estrategia integral que combata las causas que generan la violencia y la delincuencia, así como voluntad política para fortalecer a las instituciones de seguridad, incluir a la sociedad civil en las estrategias sociales y plegarse, como servidores públicos en la impartición de justicia, a la rendición de cuentas.