Por: Redacción/

A fin de garantizar la imparcialidad en la fiscalización del gasto público se propuso ante la Permanente la creación del Tribunal de Cuentas, como organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica, patrimonio propio y dotado de plena autonomía para dictar sus fallos.

El tribunal será encargado de la fiscalización mediante mecanismos de medición y evaluación sobre la eficacia, manejo, transparencia y honradez en el ejercicio del gasto público.

Estará compuesta por cinco magistrados, designados por el Presidente de la República y ratificados por el Senado o, en sus recesos, por la Comisión Permanente.

Los magistrados permanecerán en sus cargos siete años y trabajarán en Pleno; tendrán la facultad de iniciar el proceso de fiscalización a partir del primer día hábil del ejercicio fiscal corriente, sin perjuicio de que las observaciones, recomendaciones o los procedimientos para determinar responsabilidades y sanciones que, en su caso realice, deberán referirse a la información definitiva presentada en la Cuenta Pública.

Las faltas administrativas graves de los servidores públicos y particulares serán investigadas, substanciadas y sancionadas por el Tribunal e investigadas y substanciadas por los órganos internos de control, o por sus homólogos en las entidades federativas, según corresponda.

Al fundamentar la propuesta, el diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de MC, indicó que dicho organismo autónomo sustituiría a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), actualmente sujeta a influencias políticas.

La iniciativa que se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.