Por: Redacción/

Durante el análisis sobre el impacto presupuestal de la iniciativa de reformas en materia de salud para crear el Instituto de Salud para el Bienestar, la presidenta de la Comisión de Salud, diputada Miroslava Sánchez Galván (Morena), destacó que el sector ha sido castigado financieramente lo que se refleja en la calidad de la atención, se ha devaluado la salud, han disminuido los insumos, medicamentos y herramientas, por lo que es necesario un nuevo enfoque para la salud.

“El nuevo modelo de salud permitirá tener la suficiencia financiera, no es una utopía ni un proyecto fuera de la realidad. Es relevante hacer un diagnóstico de precisión porque no estamos partiendo de que en este país no hay salud, no estamos partiendo de cero. Partimos de la necesidad de atender a 20 millones de ciudadanos que no están incluidos en el sector salud”, agregó.

Sánchez Galván recordó que el pasado mes de julio, el diputado Mario Delgado Carrillo (Morena) presentó una iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las leyes General de Salud, la de Coordinación Fiscal y la de los Institutos Nacionales de Salud, en materia de acceso a los servicios y medicamentos asociados para las personas que no poseen seguridad social.

La propuesta, continuó, plantea crear el Instituto de Salud para el Bienestar, el cual se encargaría de implantar un nuevo modelo de salud en el ámbito nacional, enfocado principalmente en la atención primaria, la prevención y la atención de la población más vulnerable.

Refirió que la Comisión de Salud realizó audiencias públicas de parlamento abierto, a fin de allegarse de elementos suficientes para llevar a cabo un proceso de dictaminación y posteriormente mesas de trabajo para analizar las opiniones. Las que más han resaltado es cómo se financiará el instituto y los servicios que brindará, cuál será el destino de los recursos que en la actualidad reciben las entidades federativas si acuerdan o no con la Federación la prestación de los servicios del Insabi, el impacto presupuestal, la forma en que se vigilará, auditará y fiscalizará el recurso ejercido, así como la forma en que será ejecutado.

Consideró que la diversa información que compartan los invitados será de gran ayuda para estar en condiciones de “elaborar un dictamen sólido, debidamente fundado y motivado, que permita a esta soberanía votar una reforma que fortalezca la prestación de los servicios de salud a la población menos favorecida en este país, y que se sienten las bases de un modelo de salud que lleve bienestar y desarrollo a todo el territorio nacional”.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, diputado Alfonso Ramírez Cuéllar (Morena), destacó que con esta nueva política lo que se busca es hacer realidad el derecho a la salud de todos los mexicanos.

Señaló que el propósito de la reunión es continuar el análisis sobre el financiamiento en la materia, por lo que agradeció la disposición del Centro de Investigaciones Económicas y Presupuestarias de realizar los estudios correspondientes.

El diputado Pablo Gómez (Morena) resaltó que se debe empezar a resolver que 20 millones de personas no tengan acceso a ningún sistema de salud. “Lo que se propone es modificar la idea de esa clase de servicios, la relación entre la persona que tiene derecho al servicio y el Estado que tiene la obligación de garantizarlo”.

El diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce (Morena) afirmó que con la reforma se cumplirá con el artículo 4º constitucional en el sentido de que los mexicanos tienen derecho a la salud; agregó, que es relevante destinar los recursos suficientes para garantizarlo.

El legislador Reginaldo Sandoval Flores (PT) dijo que la iniciativa del Ejecutivo tiene el objetivo de subsanar un sistema de salud descompuesto, atomizado. Consideró importante avanzar en el tema de etiquetados, a fin de incluir conceptos como la alimentación, ya que debido a la comercialización la comida “chatarra” llega a las escuelas, lo que ha generado en los niños problemas serios de salud.

La legisladora Anita Sánchez Castro (Morena) puntualizó que la nómina de salud está “muy inflada”, lo que deja en un estado de vulnerabilidad al sector, porque el 90 por ciento del presupuesto lo absorbe la nómina y 10 por ciento es para insumo e infraestructura. “Este punto se debe analizar, para ello debe haber una reforma en la estructura financiera y poner candados en la operatividad de las secretarías estatales”, subrayó.

El diputado Víctor Mojica Wences (Morena) preguntó: ¿Cuando hablan del cofinanciamiento, se refieren al pago de los usuarios y éste puede ser diferenciado para alcanzar una cobertura mejor?

El legislador Éctor Jaime Ramírez Barba (PAN) hizo un llamado a estudiar a profundidad el tema “porque lo peor que le puede pasar a los mexicanos, es sufrir un descalabro pensando que van a recibir lo que puede no ser. Si se analiza el criterio básico de calidad en hospitales, se descubriría que menos de 3 por ciento de éstos tienen certificación de calidad, debido a que tienen poco presupuesto que no les permite tener médicos, infraestructura o equipamiento suficientes”.

El diputado Arturo Roberto Hernández Tapia (Morena) dijo que el análisis de esta iniciativa se realizará detenidamente, pues es un cambio de régimen del sector de salud, por lo que la contribución de la opinión de especialistas es fundamental para generar una legislación eficiente.

Su compañera de bancada, María de Lourdes Montes Hernández precisó que el tema de salud es una preocupación constante, pues en el caso de las clínicas rurales hay desabasto tanto de medicamentos y materiales sanitarios como de médicos.

El también legislador de Morena, Daniel Gutiérrez Gutiérrez, expuso que en el Insabi se busca cambiar la atención, la infraestructura, la falta de personal y medicamentos, y la contribución de los estados en el funcionamiento del sistema de salud del país.

Por su parte, el diputado del PRD, Antonio Ortega Martínez, lamentó que la propuesta no contempla cuál sería el costo presupuestal y refirió que una vez más, se está frente a una ley que requerirá una segunda o tercera vuelta de revisión por las insuficiencias jurídicas que contiene.

En tanto, el director general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), Héctor Villarreal Páez, resaltó que si la propuesta se aprobara en su estado actual tendría un costo cercano a los tres puntos del Producto Interno Bruto (PIB); es decir, 750 mil millones de pesos.

El especialista precisó que esta cifra es sin considerar los costos laborales y demográficos, los cuales se estiman en el orden de 18 mil millones de pesos más. Pidió que si el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi) va a basificar al personal de los estados, se debe encontrar una fuente de financiamiento, porque si no “será un lastre con el que nacerá el instituto”.

Consideró que no se puede hablar de una reforma al sistema de salud pública sin tomar en cuenta la transición demográfica y epidemiológica, además que el sistema de salud requiere gastar el ocho por ciento del PIB.

Propuso que la transición al Insabi se lleve en dos años, a fin de que permita ver las reglas de operación específicas. Asimismo, se pronuncia por analizar el cofinanciamiento, ya que éste es clave, de lo contrario no habrá la manera de garantizar la salud universal.

De igual manera, destacó que es fundamental que se explique qué ocurrirá con el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), qué pasará con los estados que no participen y cuáles serán las aportaciones estatales, toda vez que en este momento es muy ambiguo el documento.

Apuntó que también se debe tener cuidado con la eliminación de cuotas y analizar el concepto de corresponsabilidad entre la población, el sector privado y el público en sus diferentes órdenes de gobierno.

“Se tiene que analizar detenidamente si es viable darle a todo el mundo los mismos servicios con esquemas de pago diferenciados, de lo contrario se meterán en un problema enorme que incluirá el colapso del sistema”.

Judith Méndez, coordinadora del área de finanzas públicas y sistemas de salud del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, señaló que la población que se atiende en el Seguro Popular, IMSS y Prospera es de 53 millones de personas.

Y “si realmente quisiéramos atender a toda la población que no tiene seguridad social, tendríamos que sumar los más de 20 millones de personas que no están en ningún instituto para llegar a 75 millones, al menos como una población potencial real”, dijo.