Por: Redacción/

En el marco del Análisis del VI Informe de Gobierno, diputados de Morena, PAN, PRI, PES, PT, MC, PRD y PVEM cuestionario al secretario de Educación Pública, Otto Granados Roldán, sobre el costo de las evaluaciones al magisterio, avance en la infraestructura de aulas e implementación de la Reforma en esta materia.

En la tercera ronda, el diputado de Morena, Azael Santiago Chepi resaltó que con la Reforma Educativa nada mejoró: el verdadero objetivo, fue controlar al magisterio nacional y crear un aparato completo de vigilancia, e incluso se violentaron los derechos humanos de los trabajadores de la enseñanza. Preguntó cuánto se gastó en las evaluaciones de 2014 a 2018 y por qué se invirtió mucho en comunicación social y no en infraestructura.

De esa misma fracción, la diputada Idalia Reyes Miguel calificó “como vergonzante que la élite política haya demostrado incapacidad y falta de interés en la educación pública como derecho humano y herramienta fundamental para el desarrollo del país”, y manifestó su inconformidad con la reducción presupuestal para este rubro.

Otto Granados resaltó que entre 2015 y 2018 se gastó para la evaluación de docentes dos mil 892 millones de pesos y en capacitación, 7 mil 592. Se pronunció por defender los derechos de los menores a tener una educación de calidad y quienes vayan a una institución pública, tengan las mismas opciones que los de las privadas y no haya diferencias entre el sur y norte. “Deseo que esta legislatura y la siguiente administración tomen las decisiones necesarias para lograr ese objetivo. Se hizo una reforma pensando en las próximas generaciones”.

Por el PAN, la diputada María Marcela Torres Peimbert externó su compromiso por mejorar y defender la Reforma Educativa. Afirmó que desde este Poder Legislativo, se deben cuestionar aciertos y errores del gobierno saliente para alcanzar los objetivos de este instrumento, y cuál rumbo se le quiere dar a la educación en México. Inquirió sobre el avance en infraestructura educativa, cuántas escuelas de nivel básico y medio superior existen en el país y a cuántas se les dotó de agua potable y bebederos.

Granados Roldán precisó que se instalaron aproximadamente 18 mil 681 bebederos, con una inversión total de 4 mil millones de pesos, de los cuales se han contratado y adjudicado más de 3 mil 400. El avance, dijo, “no ha podido ser más rápido por los fenómenos naturales; la imposibilidad de instalar los sistemas, al tener agua no adecuada para su consumo; rechazo de algunos planteles para su establecimiento y, en otros, falta de espacio”.

La diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo (PRI) dijo que hay retos y rezagos en materia educativa por lo que consideró necesario trabajar para garantizar calidad. “En el PRI vamos a dar la batalla en este presupuesto para que haya recursos suficientes”. Asimismo, pidió información sobre las fortalezas y debilidades del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) y qué ventajas ha representado en términos de eficiencia, eficacia y honradez, para salvaguardar el correcto ejercicio del gasto público.

Del mismo partido, la legisladora Mariana Rodríguez Mier y Terán, expresó que los resultados del FONE comprueban que el gobierno está comprometido al cien por ciento con la transparencia y rendición de cuentas y respeta los derechos adquiridos de los trabajadores de la educación.

El secretario Otto Granados mencionó que los beneficios del FONE fueron tangibles y rápidos; muestra de ello, es el pago puntual conforme a las instrucciones de la autoridad educativa local, incorporación inmediata del incremento del sueldo y prestaciones, la atención a requerimientos de los docentes y reducción de gastos y tiempos de operación. “Conservar el FONE fue una buena decisión porque le permitió al SAT una recaudación eficiente y creciente del ISR adicional”.

Del PES, la diputada Carolina García Aguilar destacó fallas en la cobertura de la educación, no se garantiza a gran parte de los ciudadanos y existen comunidades que no reciben escolaridad básica. Inquirió qué políticas públicas se llevaron a cabo en todos los niveles para disminuir las brechas en recursos; logro educativo; preparación docente en las zonas urbanas y rurales, así como de grupos indígenas para garantizar que la educación sea un verdadero motor de desarrollo humano y social, y por qué no funcionaron las políticas públicas promovidas para atender el abandono escolar en media superior.

El funcionario aseguró que este sexenio ha tenido uno de los crecimientos en cobertura más importantes de los últimos años; en preescolar se arrancó con 73.9 y se está a casi 75 por ciento; pero si se promedia el segundo y tercer año se alcanza el 93 por ciento. En el caso de media superior, pasó del 65.9 por ciento al 85.7 por ciento y en cobertura educación superior, de 32.1 a 39.9 por ciento.

El diputado Gerardo Fernández Noroña (PT) señaló que la reforma buscó “privatizar la educación y liquidar los derechos laborales del magisterio”; si en verdad preocupaba la educación, por qué 36 por ciento de escuelas carecen de drenaje y 24, de red pública de agua; 10 por ciento, no tienen baño; ocho por ciento, energía eléctrica; 15 por ciento, sillas y 10 por ciento pizarrón, entre otros datos, los cuales no incluyen a Chiapas, Oaxaca y Michoacán. Además, la información del Portal de Transparencia no concuerda con los de la SEP.

El titular de la SEP dijo que el Censo de 2013 identificó los porcentajes de las escuelas que tenían deficiencias; por ello, se hizo el Programa de Reconstrucción y de Escuelas al Cien. En relación a los datos de Transparencia y la SEP, precisó que actualmente hay una base censal única, definitiva, validada y suscrita ya por las autoridades que intervinieron en la entrega de información, “algunas de esas diferencias pudieron provenir de las distintas fuentes, entre otras, las autoridades educativas locales o institutos de infraestructura”.

De MC, el diputado Jorge Eugenio Russo Salido comentó que es insuficiente el presupuesto para educación superior. De acuerdo con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), el crecimiento de esas instituciones tuvo una desaceleración en este sexenio. “Hay crisis financiera en diez universidades, por plantillas laborales no reconocidas e inoperancia en sus sistemas de jubilaciones y pensiones”. Cuestionó por qué ante la demanda de esas casas de estudio, los recursos no se incrementaron.

En respuesta, Granados Roldán explicó que en un trabajo conjunto con las universidades se identificaron problemas estructurales que las afectan. Resaltó la importancia de que se corrijan las causas de esos déficits, si continuar el mismo esquema, posteriormente tendrán el mismo conflicto. “Programas de rescate ha habido muchos, pero esta vez tiene que haber un trabajo tripartita entre el gobierno federal, local y las propias escuelas; por ejemplo, a través de un convenio vinculante que las obligue a corregir el origen de sus inconvenientes”.

El diputado Antonio Ortega Martínez (PRD) manifestó que dicho partido político respaldó la Reforma Educativa por los principios que incorporaba, sobre todo en materia de calidad en la enseñanza y que su diseño contemplaba otros temas integrales; sin embargo, la SEP le dio poca importancia y confrontó a los maestros. Se permitió crecer la opinión de que los docentes eran culpables del rezago en la formación; por ello, pidió saber cómo se podría reencauzar la Reforma.

El funcionario compareciente resaltó la importancia de que los sistemas educativos estatales pongan a concurso sus plazas vacantes, ya que las entregan de manera atípica. También se puede añadir la evaluación en el aula que, indicó, no se concretó porque no hay tantos evaluadores.

Rogelio Rayo Martínez, diputado del PVEM, preguntó cuál es el avance de la reconstrucción de los planteles afectados por los sismos de 2017 y cuándo se tiene proyectada la conclusión de los trabajos, pues “aún hay instituciones que no han retomado la normalidad de sus actividades”.

El titular de la SEP expuso que en la Ciudad de México se afectó cerca del 70 por ciento de los inmuebles, mil 900 planteles y, al día de hoy, solamente el 1.9 por ciento (38 escuelas), no está en condiciones de renovar el servicio, por razones que son catalogadas con inmuebles históricos o las estructuras colindantes no son seguras. En el caso de los estados, “hay una intervención diferenciada, pero eso le compete a las autoridades estatales”.

Al concluir la tercera ronda, la vicepresidenta de la Mesa Directiva, diputada Dolores Padierna Luna (Morena), informó que para rectificación de hechos, se inscribieron 62 legisladoras y legisladores.

Posteriormente, indicó que de conformidad con lo que establece el artículo 7, numeral 5 de la Ley Orgánica del Congreso General, la versión estenográfica de esta sesión será remitida al Presidente de la República, para su conocimiento.