Por: Redacción/

El presidente de la Comisión de Pesca, diputado Maximiliano Ruiz Arias, apuntó que la perspectiva del sector es complicada debido a la corrupción, escasez presupuestal, sobreexplotación de especies, captura furtiva y transgresión de fechas para vedas.

Ante este panorama, consideró adecuado la reordenación integral que realiza la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), porque “si no nos metemos en ese tipo de ordenamiento, el sector difícilmente va a recuperarse a corto plazo”.

Agregó: “no estamos en la mejor opción para detenernos a pensar si le ponemos remedio o no al asunto que afecta al sector pesquero. O le ponemos remedio o no vamos a tener sector pesquero”, advirtió.

También se requiere de un sólido andamiaje jurídico para reglamentar y optimizar la acuacultura y la pesca en general, indicó.

Estimó que será a partir del próximo periodo ordinario de sesiones cuando la comisión inicie el análisis conjunto con pescadores, expertos y organizaciones privadas a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, sin descartar eventuales reformas constitucionales al artículo 27.

Sin embargo, el fondo de la problemática no es la existencia o no de reglamentaciones, sino su cumplimiento y la vigilancia a fin de que se respete el marco jurídico.

Para lograrlo, dijo que se tienen que implantar sistemas de vigilancia con el uso de la tecnología disponible, pero “todo eso cuesta; sin embargo ya se están haciendo algunos esfuerzos en esa dirección”.

Ruiz Arias destacó que el ordenamiento pesquero implica ir a la raíz de los problemas que llevaron a la condición en que se encuentra, a fin de aspirar a tener un sector sano y realmente competitivo, porque es parte de la soberanía alimentaria.

Eso exige reglas claras para que el pescador realice su actividad, se otorguen permisos, identificación de las embarcaciones y derrama de recursos utilizados. De no hacerse este tipo de planeación vamos a seguir con el mismo procedimiento de sólo repartir dinero sin que se produzca ningún tipo de efecto en la actividad, consideró.

Además, atender las actividades ribereñas y en granjas acuícolas, así como problemas de contaminación, estudios de impacto ambiental, sanidad, respeto de áreas restringidas por los pescadores de altamar e identificar a las grandes embarcaciones que frecuentemente no acatan las vedas y depredan áreas de reproducción, sin dar tiempo que las especies crezcan, propiciando sobreexplotación.

Resaltó que los anteriores presupuestos nunca se ejercieron con transparencia ni se direccionaron hacia las necesidades reales de los pescadores.

El legislador por Sinaloa descartó el riesgo de perder el camino que se quiere alcanzar con el reordenamiento pesquero. “Nos entregaron un tren maltrecho, pero el tren tiene que seguir caminando mientras lo reparamos. No nos vamos a perder, ni tampoco la actividad pesquera va a venir a la baja, mínimo se va mantener como está, con la idea de que la productividad aumente, por mejores controles y sistemas de vigilancia”.

Advirtió que hay todo un catálogo de especies que ya están definitivamente en la lista de las sobreexplotadas, por ello se tiene que regular su captura.

Países como China, Ecuador, Perú o India lo han hecho y de manera drástica. Chile, por ejemplo, una de sus principales pesquerías las redujo hasta en un 60 por ciento, precisamente con base en darle sustentabilidad a la especie.

México enfrenta un serio problema: “Ya no tenemos atún ni sardina, los barcos salen a aguas internacionales o a otros países a capturarlas”, así como esas pesquerías hay otras sobreexplotadas.

La Carta Nacional Pesquera refiere que más del 50 por ciento de las especies consignadas están ya bajo el rigor de la sobreexplotación o a punto de entrar en ese régimen. Así de drástico está. Incluye camarón, anchoveta y muchas más.

La captura ha sido muy desordenada y la pesca ilegal contribuye a acrecentar el problema, porque no se respetan los tiempos de veda dañando la reproducción. Una opción para reducir estas prácticas, consideró, radica en la compra mediante algún tipo de control en la comercialización. Además de frenar a quienes proporcionan documentos en forma ilícita para blanquear la actividad y ofertar en el mercado, situación que daña a toda la cadena productiva.