Por: Redacción

El reto en la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2017 para el campo, exige corregir errores y hacer una asignación de recursos cuidadosa y responsable, a través del Programa Especial Concurrente (PEC), que garantice sustentabilidad y productividad, mejore las condiciones de vida de las familias rurales, y consolide la soberanía alimentaria.

Durante el foro “Política económica, Gasto Público (PEC) y su Impacto en el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria”, diputados se pronunciaron por dejar los “moches”, desvíos y corrupción y revisar la política pública para definir un modelo que aterrice en la práctica todos los proyectos, con reglas de operación que beneficien primordialmente a los pequeños productores. Sólo así se logrará impulsar al agro mexicano, destacaron.

El diputado José Hugo Cabrera Ruiz (PRI), presidente del Comité del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA), de la Cámara de Diputados, afirmó que “tenemos el gran reto de asignar recursos que estratégicamente garanticen a los campesinos los derechos sociales y capacitación; un manejo sustentable de los recursos naturales que apuntalen la seguridad alimentaria y la exportación de agroalimentos, mediante políticas públicas transversales e integrales frente a un panorama internacional adverso”.

Sostuvo que los legisladores deben estar alertas del gasto social que absorbe un importante porcentaje de los recursos públicos, cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregue a la Cámara de Diputados el proyecto del PEF 2017, a más tardar el próximo 8 de septiembre, porque desde 2008 la asignación de fondos al PEC sufren una “caída libre”.

“Vivimos tiempos en los que el panorama internacional plantea dificultades. Derivado de ese entorno adverso, el gobierno federal anunció ajustes al PEF que impactan este año al PEC con una disminución de 14 mil 305.6 millones de pesos”, reduciendo programas de las secretarías de Agricultura, Salud y Desarrollo Social, y de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, explicó.

Consideró que eso exige ser muy cuidadosos con la asignación de recursos para 2017. “Tenemos la responsabilidad de evaluar, corregir errores y aprobar un PEC eficiente que atienda las necesidades del sector”, mediante el ajuste de acciones para tener un presupuesto eficiente que potencie los esfuerzos de productividad y sustentabilidad del campo, propuso.

El diputado de Morena, Jorge Tello López, urgió a dejar fuera los “moches” y desvío de recursos públicos en el campo, porque si no se hace “nunca va a alcanzar el presupuesto que se destine al sector. El trabajo legislativo tiene que ir más allá de esa aprobación”.

Sostuvo que el Congreso no tiene una varita mágica para resolver los problemas y sugirió elaborar un documento modelo que atienda las necesidades reales de los pequeños campesinos, a través de reglas de operación claras, porque hasta ahora sólo se ha beneficiado a los medianos y grandes productores.

El legislador Jesús Serrano Lora (Morena) apuntó que la solución a los problemas del campo no sólo es cuestión de dinero, sino de que llegue a los verdaderos campesinos que lo requieren.

Propuso modificar el marco jurídico agrario y que considere las propuestas de expertos y productores, para diseñar una estrategia integral que aliente la productividad y abata la corrupción.

Por el PRI, el diputado Oswaldo Cházaro Montalvo aseveró que el reto que enfrenta el campo mexicano va más allá de la aprobación del PEF 2017. Propuso reflexionar, revisar las estrategias implementadas y retomar las propuestas de expertos y productores, para construir una política pública realista de mediano y largo plazo, que supere la visión cortoplacista.

Se pronunció por democratizar y distribuir de forma más justa la riqueza en el agro, que apuntale la sustentabilidad, productividad y competitividad, vinculadas a la protección del medio ambiente y al bienestar de las familias rurales.

El diputado Francisco Javier Santillán Oceguera (PRI) advirtió de la existencia de una reforma agraria inconclusa y la irritación en el campo por las circunstancias actuales. Propuso alentar, con voluntad política, la organización de los productores, para que participen en la toma de decisiones y en el diseño de estrategias públicas, y se conviertan en actores directos para abatir la pobreza, la indignación, el rezago y el compromiso de campaña.

Apuntó que el Poder Legislativo debe asumir con toda responsabilidad la aprobación del PEF 2017, y colocar las bases para diseñar políticas públicas de largo plazo, a fin de evitar que los programas cambien constantemente.

Héctor Hugo Olivares Ventura, director general del CEDRSSA, destacó la importancia de ofrecer herramientas útiles que sirvan a los legisladores para aprobar el presupuesto y enriquezcan la toma de decisiones.

En este reto, dijo, es necesario un nuevo discurso y actitud, además de estar conscientes que se requiere “nacionalizar la globalización y socializar la democracia”, a fin de atender lo que el país requiere con una política de Estado y con una visión de corto y mediano plazo que profundice el análisis del PEC en busca de la soberanía alimentaria.

El desafío de la sustentabilidad radica en satisfacer las necesidades básicas sociales, donde la participación de pequeños productores agrícolas, ganaderos y pesqueros es vital para combatir la pobreza rural e indígena, lo cual no puede postergarse, subrayó.

Más de 60 por ciento del PEC se destina a programas sociales

Octavio Jurado Juárez, gerente general de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario (AMSDA), propuso a los diputados revisar el PEC e incorporar su conformación en los dictámenes del Presupuesto de Egresos de la Federación con más frecuencia, ya que la asignación de recursos a este programa sólo se discute cada seis años.

Enfatizó el inconveniente de crear y desaparecer programas para el campo constantemente, característica que impide evaluar sus beneficios. En cambio, sugirió crear políticas a mediano y largo plazo para tener más certeza de sus desempeños.

Otro aspecto que pidió a los diputados considerar, es la creación de las Asociaciones Público Privadas para poner en marcha programas en el sector rural, ya que, lamentó, “el presupuesto ya no alcanza” y a este medio pertenecen 188 mil comunidades cuyos habitantes ganan menos de dos mil pesos al mes.

El catedrático de la Facultad de Economía de la UNAM, Luís Gómez Oliver, advirtió de que el 73 por ciento de las Unidades Productivas (UP) rurales del país –en manos de pequeños productores y de escasos recursos- comercializan sólo el 7 por ciento de los agroalimentos, mientras que el 8.7 de las UP –pertenecientes a grandes empresarios- participa con el 75 por ciento del mercado.

Uno de los factores que abonan a esta disparidad, sostuvo, es considerar al medio rural “como un problema que se debe aliviar y no como un potencial que hay que incorporar al desarrollo”. Sugirió, por tanto, distribuir los recursos del PEC con base en las necesidades particulares de cada región y etiquetar más montos para la capacitación de los campesinos y menos a su asistencia social.

Otra problemática, abundó Antonio Yánez Naude, investigador de El Colegio de México, es que no existe coordinación intersecretarial en pro del agro. Es decir, se cuenta con muchas dependencias que atienden los asuntos del campo mexicano, pero no concurren al momento de ejercer los presupuestos o ejecutar los programas.

Dicha falta, enfatizó el experto, se debe a imprecisiones en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, norma que propuso revisar, ya que “si los pobres no tienen la capacidad de comprar sus alimentos y dependemos de las exportaciones, entonces no podemos hablar de seguridad ni de soberanía alimentaria”.

De la Universidad Autónoma Chapingo, el investigador Vinicio Horacio Santoyo Cortés subrayó que, a pesar de que México invierte mucho en el campo en comparación con otras naciones, los programas no están sujetos a planeación, revisión ni a resultados. “Sólo se vigila que el dinero se gaste en lo que se debe gastar”, precisó.

Lo anterior, explicó, impide identificar cuáles instrumentos de apoyo agrícola en realidad sirven para mejorar las condiciones del medio rural. Asimismo, coincidió en implementar planes sectoriales acordes a los requerimientos y condiciones de pobreza de cada zona del país.

Liv Lafontaine, ‎directora de Análisis y Seguimiento de Resultados del ‎Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), recordó que casi 62 por ciento de presupuesto del PEC –que ascendió a 352 mil millones de pesos en 2011- se destina a programas sociales.

Tal situación ha propiciado que no exista un crecimiento real de la productividad en el agro mexicano, donde, en promedio, sus habitantes tienen 49 años y muy baja escolaridad, añadió.

Para volver más eficientes los recursos, consideró también necesario diferenciar los requerimientos en cada parte de México, coordinar a las instituciones y recabar información sobre los logros y resultados de los programas.