En el marco del inicio de las campañas electorales para diputaciones, alcaldías y concejalías del Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024 en la Ciudad de México, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) insta a todas las personas candidatas a conducirse bajo los principios de dignidad, de igualdad y no discriminación, y les exhorta para que sus campañas y eventos sean incluyentes y promuevan el respeto a la diversidad, a la diferencia y a la dignidad humana, tomando en consideración todos los contextos en que se ubican las personas.

En este proceso, de acuerdo a datos del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), se registraron dos mil 336 personas candidatas, las cuales ocuparán la Jefatura de Gobierno, las 66 diputaciones del Congreso de la Ciudad (33 diputaciones de mayoría relativa, 32 diputaciones de representación proporcional, 1 diputación migrante), así como la titularidad de las 16 alcaldías y las 204 concejalías.

En este contexto, el Copred advierte que las personas candidatas a funciones de representación popular tienen la responsabilidad de velar porque el discurso y propuestas dentro de la contienda electoral sean compatibles con los valores fundamentales comprendidos en la Constitución de nuestro país, que sea incluyente, plural y respetuoso de la diversidad, pues son valores que sustentan a los sistemas democráticos.

Si bien las personas candidatas no son todavía autoridades en términos formales, quienes aspiran a un cargo de representación popular deben demostrar su fidelidad y respeto hacia los principios de dignidad y de igualdad y no discriminación en tanto valores de un Estado democrático Constitucional como el mexicano. Es decir, deben demostrar estar en condiciones de cumplir y hacer cumplir con el marco constitucional, tanto nacional, como local.

Los partidos políticos contribuyen a la formación de la voluntad política del pueblo y en este sentido, resulta fundamental que sus candidatos y candidatas representen el concepto de democracia sustentada en la dignidad, la igualdad y no discriminación, y, en general, los derechos humanos que se representan en la Constitución mexicana, la norma fundamental.

Por ello, se recuerda que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vincula a todas las autoridades en el ámbito de sus competencias a promover, respetar y garantizar los derechos humanos, y ello implica, también, el respeto irrestricto al principio de igualdad y no discriminación. Además, la Constitución de la Ciudad de México reconoce como núcleo del quehacer político y social, el respeto a la dignidad de todas las personas que viven y conviven en esta Ciudad, de manera que también vincula a los y las candidatas que participan en procesos electorales, como el que celebramos este 2024.

De la misma forma, la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México tiene como objeto tanto el impulso y promoción del derecho a la igualdad y no discriminación para garantizar la efectiva participación de todas las personas en la vida civil, política, económica, cultural y social de la Ciudad de México; así como el fortalecimiento y difusión de acciones para promover una cultura de igualdad, respeto, no violencia y no discriminación en contra de las personas, grupos y comunidades de atención prioritaria en la ciudad.

La discriminación se sustenta en prejuicios de carácter estructural, vulnera derechos y obstaculiza el acceso a servicios de las personas que pertenecen a grupos históricamente excluidos. La discriminación es estructural, pues se fundamenta en sistemas de privilegios y un esquema de desigualdad que reproduce sistemas de dominación.

Uno de estos sistemas de dominación es el lenguaje, el cual tiene el poder de denostar y de perpetuar la desigualdad de ciertos grupos. Es performativo, menoscaba, degrada y a la vez, puede significar o resignificar la existencia social, el estatus político, la idea que se tiene de alguien, pero también transforma y coadyuba en la generación de sociedades más incluyentes.

Por ello, instamos a las personas candidatas en la Ciudad de México a evitar discursos discriminatorios, de odio y expresiones que menoscaben la dignidad de las personas y de los grupos históricamente discriminados, pues dichas expresiones contribuyen al reforzamiento de los sistemas de dominación, a perpetuar la opresión de determinados grupos, a repetir una significación social negativa de ciertas cualidades o características, a justificar las prácticas de discriminación y violencia; y por ende, a continuar con su exclusión de la esfera pública.

Así, en la medida en que en sus discursos y debates se utilice lenguaje incluyente y se omita el discurso de odio, por más “arraigado en nuestra cultura que se crea que es”, avanzaremos hacia sociedades más justas, equitativas y respetuosas.

Los candidatos y candidatas tienen la obligación de velar por los valores fundamentales de convivencia; deben honrar los principios constitucionales, aún antes de ser electos y entrar a ejercer una función pública, uno de ellos es proteger y garantizar la igualdad y la dignidad de las personas y no menoscabar o anular sus derechos y libertades.