Por: Redacción/

Para Jesús Padilla Zenteno, presidente de COPARMEX CDMX, hay mucho qué hacer en materia de cambios legislativos para detener la corrupción que de acuerdo con distintas mediciones cuesta a México alrededor de 347 mil millones de pesos anuales, por lo que llamó a los legisladores que pronto ocuparán sus curules a darse prisa para crear una ley contra los funcionaros y políticos corruptos, así como terminar la puesta en marcha de los Sistemas Nacional y Local Anticorrupción.

Al mismo tiempo, el empresario considera importante y necesaria una reunión con la próxima Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, y el nuevo Congreso de la CDMX, donde COPARMEX y otros organismos puedan dialogar sobre la manera de reformar el Sistema Anticorrupción Local aprobado por la actual Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), así como el nombramiento de la Fiscalía Especializada, con el fin de iniciar el próximo sexenio con un ánimo realmente combativo contra la corrupción.

A un año de la entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción para la “prevención, detección, y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en fiscalización y control de recursos públicos”, no se ha consolidado como tampoco a nivel de los estados, pues ninguno ha sido terminado totalmente, aunque en algunos hay avances de diferente medida.

Padilla Zenteno expresa que, como ha sido con otras políticas públicas logradas en la capital del país, con un acompañamiento del empresariado la Ciudad de México podría convertirse en la primera entidad en tener completo su Sistema Local Anticorrupción.

Cabe recordar que de acuerdo a mediciones sobre la corrupción, ésta práctica le cuesta al país el 9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, mientras que en el índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2015, de Transparencia Internacional (IT), México ocupó el lugar 95 de 168 países.

Asimismo, el presidente del Centro Empresarial en la capital del país recuerda que COPARMEX CDMX ha mantenido su vena propositiva para buscar mejores condiciones en la calidad de vida de los mexicanos, por lo que saluda también la acogida de algunos legisladores a la propuesta de “Muerte Política para los funcionarios corruptos” realizada el año pasado, que hoy muchos de ellos la impulsan.

El 3 de octubre de 2017 COPARMEX CDMX propuso la Ley de Muerte Política que en Perú se llama de Muerte Civil para aquellos funcionarios y políticos corruptos que hayan sido vinculados a proceso y sentenciados, misma que dos semanas después fue propuesta en el Senado de la República por el senador José Luis Preciado del PAN, y más recientemente, este año, durante las campañas políticas lo hicieron los candidatos Ricardo Anaya del PAN, Juan Zepeda del PRD y Movimiento Ciudadano, que ahora la integró a su agenda legislativa para el periodo que inicia el 1 de septiembre. Incluso, el 28 de junio fue aprobada por el Congreso de Aguascalientes.

Dentro de este marco, la COPARMEX CDMX ha propuesto también a la sociedad y a los legisladores que están por iniciar sus labores, incluyan en sus agendas la iniciativa de una reforma constitucional en el sentido de que los delitos donde haya actos de corrupción sean imprescriptibles, bajo el supuesto de que con el tiempo y en acciones acumuladas, laceran, atentan y frenan el desarrollo del país.