Por: Redacción

Al presentar ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el Informe de Actividades 2016 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, enfatizó que ante los inminentes cambios en las políticas migratoria, económica y social de los Estados Unidos de América se requiere, con sustento en el marco jurídico internacional, formar un frente común para denunciar y oponerse a toda expresión de discriminación, exclusión, racismo, xenofobia o que atente contra la dignidad de las personas, antes de que la irracionalidad se enquiste y genere imitadores.

Señaló que las personas defensoras de derechos humanos, los organismos nacionales y las instancias internacionales deben evidenciar la ilegitimidad de dichas conductas, mediante su condena y la construcción de espacios de defensa.

“No permitir que la indiferencia haga que asumamos, como parte de nuestra normalidad, un discurso que promueve el menoscabo a los derechos de las personas y deje de lado la dignidad humana”, aseguró.

González Pérez habló en acto efectuado en el Salón Legisladores de la República, del Palacio Legislativo de San Lázaro, el cual fue encabezado por el diputado Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión; diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández y senador Aarón Irízar López, vicepresidenta y vicepresidente; senadora Laura Rojas Hernández, diputada Gloria Himelda Félix Niebla, y senadores Luis Humberto Fernández Fuentes y Gerardo Flores Ramírez, secretarias y secretarios, así como ante legisladoras y legisladores, consejeras y consejeros de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) e integrantes de organizaciones de la sociedad civil.

Destacó que la defensa y protección de los derechos humanos no puede esperar ni estar sujeta a coyunturas, tiempos o intereses políticos o de cualquier naturaleza, así como tampoco regirse por parámetros diversos a la búsqueda de la verdad y la efectiva vigencia y aplicación de la ley, ya que actualmente la sociedad percibe un divorcio entre lo que dicen las normas y lo que ocurre en la realidad, y hay desconfianza en las instituciones e incertidumbre sobre la aplicación de la ley ante la impunidad, corrupción, indiferencia e ineficacia administrativa que las personas advierten y padecen de manera cotidiana.

Nuestro país demanda aplicar todos sus recursos y capacidades, y por ello es preciso recuperar la justicia, respeto, cumplimiento de la ley, solidaridad, educación, trabajo, inclusión y desarrollo, porque “tenemos derecho a vivir en un entorno de paz, en el que contemos con condiciones razonables de seguridad que posibiliten el ejercicio y vigencia de nuestros derechos”.

Señaló que la atención a los problemas de seguridad debe ser prioridad de la agenda pública para 2017, con objetividad, responsabilidad y atención de los elementos y factores que inciden en este tema, y manifestó que no podemos permanecer impasibles cuando se advierten complicidad y vínculos entre algunas autoridades y delincuentes, cuando quienes deben garantizar la seguridad y la convivencia pacífica no cumplen con su obligación o pretenden delegarla en otros, incluso transgrediendo la ley. “No podemos resignarnos –indicó— a que la ley sea objeto de negociación y a que su aplicación sea algo discrecional”.

Apuntó que, en este contexto, la discusión sobre el marco normativo aplicable a las tareas que con carácter extraordinario –desde hace una década— llevan a cabo las fuerzas armadas, resulta relevante pero no implica, por sí misma, la solución a la inseguridad y violencia que nuestro país enfrenta.

Puso de manifiesto que la formación y capacitación de policías; la inteligencia financiera y la investigación patrimonial; el fortalecimiento de la prevención; así como una revisión y replanteamiento de nuestro sistema penitenciario, son algunos de los factores que se deben atender de manera adicional a una ley sobre seguridad nacional o interior, misma que en todo caso deberá formularse bajo una perspectiva de derechos humanos y ser acorde al régimen competencial previsto por la Constitución.

Ante los señalamientos en favor de la austeridad y el control del gasto público, como consecuencia de la situación económica que atraviesa el país, González Pérez se pronunció porque el Legislativo Federal, en ejercicio de su facultad en materia presupuestaria, formule una ley general y obligatoria que imponga parámetros, alcance y medidas concretas de austeridad en el gasto, así como en el destino que se dé a los recursos que se afecten.

Mencionó que, previa opinión de su Consejo Consultivo, la CNDH aplicará medidas específicas de reducción y control del gasto en 2017, “sin comprometer el cumplimiento de las funciones sustantivas de esta Comisión Nacional o afectar derechos adquiridos de su planta laboral. Estas medidas comprenden ajustes a las partidas de sueldos y salarios del personal de mando superior, una limitación severa en los gastos de representación, servicios de telefonía y el gasto en combustible, así como un replanteamiento de procedimientos internos para propiciar mayores economías, entre otras cosas”.

Tras recordar que hace un año ante esa Soberanía hizo notar la necesidad de concluir los procesos legislativos y la expedición de leyes generales en materia de tortura y desaparición forzada; las leyes reglamentarias de los artículos 29 y 33 constitucionales, y la armonización normativa para que los organismos de derechos humanos locales gocen de recursos y capacidades, expresó que esos pendientes deben resolverse, por la vigencia de los derechos humanos y la necesidad de que la verdad y la justicia lleguen a las víctimas.

Previamente, dio a conocer que durante 2016 un total de 61,661 personas acudieron a la CNDH por estimar violentados sus derechos fundamentales por algún acto de autoridad, por lo que se inició el trámite de 25, 233 expedientes, de los cuales 9,408 correspondieron a quejas y 7,838 a orientaciones directas, 7,430 remisiones y 557 inconformidades.

Explicó que las autoridades más señaladas como presuntamente responsables de una violación a derechos humanos fueron: IMSS, en 2,074 casos; el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, 1,619; ISSSTE, 838; Policía Federal, 660; SEP, 537; Instituto Nacional de Migración, 532; PGR, 512; SEDENA, 439; SEMAR, 258, y SEDESOL, 247 casos.

Luego de mencionar que las entidades federativas en que se reportó con mayor frecuencia la comisión de algún hecho presuntamente violatorio a derechos humanos, fueron la Ciudad de México, en 2,255 casos; Estado de México, 751; Chiapas, 532; Tamaulipas, 453; Veracruz, 443; y Oaxaca, 422, puntualizó que las presuntas violaciones más señaladas fueron: prestación indebida del servicio público, 2,299 casos; omitir proporcionar atención médica, 2,155; faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, 1,417; detención arbitraria, 548; trato cruel, inhumano o degradante, 528; negligencia médica, 483; acciones y omisiones que trasgreden los derechos de las personas privadas de su libertad, 477; obstaculizar o negar las prestaciones de seguridad social a que se tiene derecho, 467; acciones u omisiones que trasgreden los derechos de los migrantes y de sus familiares, 462; y prestar indebidamente el servicio de educación, 387.

El Ombudsman nacional dio a conocer que en cuanto a los presuntos hechos violatorios considerados de mayor impacto se registraron 216 expedientes de queja en los que se denunció tortura; 28 casos de privación de la vida y 15 de desaparición forzada, lo cual representó en los casos de tortura y desaparición forzada un incremento del 332% y del 36.3% respectivamente en comparación con 2015; los asuntos relativos a presuntas violaciones a derechos humanos de periodistas se incrementaron en 16.4% de 2015 a 2016, al registrarse 92 expedientes por este concepto.

Refirió que, en 2016, la CNDH emitió 72 Recomendaciones, dirigidas a 55 autoridades, lo cual significó un aumento del 20% frente a lo registrado en 2015. Las cinco autoridades destinatarias de mayor número de Recomendaciones durante este periodo, son: IMSS, 15 recomendaciones; Secretaría de Marina, con 7; Procuraduría General de la República, 6; Comisión Nacional de Seguridad, 6; y la Secretaría de la Defensa Nacional, 5.

Luis Raúl González Pérez enfatizó que, durante sus 26 años de existencia, la CNDH ha hecho diversos llamados, excitativas y recomendaciones para el reconocimiento y respeto de los derechos humanos, no obstante lo cual persisten prácticas y conductas que tendrían que haberse superado, tales como la tortura, ejecuciones arbitrarias, desaparición forzada o detenciones arbitrarias, lo cual cuestiona que los derechos humanos efectivamente se hayan puesto como eje de todo acto de autoridad y si la totalidad de los servidores públicos realmente están capacitados y han asumido el respeto a la dignidad humana como parámetro para el ejercicio de sus atribuciones.

De igual manera, dijo que se dio continuidad a la colaboración permanente con los mecanismos regional y universal de derechos humanos, así como con otras instituciones nacionales de derechos humanos y con los organismos locales de protección y defensa de los mismos en México. Destacó la intervención en dos sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, así como los compromisos que, a iniciativa de la CNDH, asumieron otros organismos nacionales para la atención a migrantes en la frontera sur de México, para el seguimiento de la Agenda 20/30 para el Desarrollo Sostenible de la ONU, así como para la defensa de migrantes en los Estados Unidos de América.