• “Se acordó mejorar las condiciones de vida de las personas privadas de la libertad y que las autoridades penitenciarias logren una mejor cobertura y respeto a los derechos humanos”, apuntó Rosa Icela Rodríguez.

Por: Oscar Nogueda/

Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que se renegociaron los ocho contratos con las empresas privadas que mantenían centros penitenciarios bajo el régimen de Centros de Prestación de Servicios (CPS), por lo que se logró un descuento del 15 por ciento en los pagos a realizar.

“Estas empresas brindan el material y servicios auxiliares, mientras que las autoridades se encargan del mantenimiento y control de las personas privadas de la libertad. Los servicios son 20 años y el monto proyectado a pagar, antes de las mesas de trabajo, era de 276 mil 619 millones de pesos, de lo cual se ha erigido ,en 9 años ,85 mil 398 peso”, indicó Icela Rodríguez.

También, comentó que ,en el 2020, el Órgano Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social destinó el 67.7 por ciento de su presupuesto para pagar los contratos con los CPS, además Icela Rodríguez precisó que estos acuerdos establecían que los inmuebles permanecían en manos de las empresas a pesar de concluir el tiempo acordado.

La titular de la SSPC indicó que los pagos se mantienen a pesar del número de personas que ocupen estos inmuebles. Por ello, apuntó que se encuentran 12 mil 334 personas privadas de la libertad en estos centros, es decir una ocupación promedio del 60 por ciento. A pesar de ello, el costo por prestación de servicios en este año ascendía a 15 mil 933 millones de pesos.

Sin embargo, debido a la renegociación de los contratos, se acordó una disminución de 2 mil 390 millones de pesos, por lo que este año las autoridades erogaran un total de 13 mil 544 millones pesos por presentación de servicios en el 2021.

“Entre el 2021 y 2024, el gobierno federal se ahorrará 10 mil 106 millones de pesos y al finalizar el contrato el ahorro ascenderá a 41 mil 496 millones de pesos, es decir al término del contrato el gobierno pagará 235 mil 123 millones de pesos”, agregó Icela Rodríguez.

Cabe destacar que los centros penitenciarios que se encuentran bajo estos términos son el penal no.11 de Sonora, el no.12 de Guanajuato, no. 13 de Oaxaca, no. 14 de Durango, no. 15 de Chiapas, no.16 femenil de Morelos, no.17 de Michoacán y el no.18 de Coahuila.

Las empresas que otorgan estos servicios son EXI QUANTIUM S.A de C.V en el centro de Sonora y Guanajuato. Esta empresa es de Andrés Alija Guerrero.

El centro penitenciario de Oaxaca es operado por la empresa GIA S.A de C.V, quien su propietario es Hipólito Gerard, cuañdo del expresidente Salinas de Gortari. El centro de Durango y Michoacán son operados por Concesionarias de la empresa Prodemex de Olegario Vázquez Aldir.

Los penales de Chiapas y Morelos son atendidos por la empresa Capital Inbursa S.A de C.V, propiedad de Carlos Slim, mientras que el centro de Coahuila es operado por la empresa Black Rock.

“Las instalaciones de los CPS serán incorporados al patrimonio de la nación, una vez que terminen los contratos. Mediante este diálogo se acordó mejorar las condiciones de vida de las personas privadas de la libertad y que las autoridades penitenciarias logren una mejor cobertura y respeto a los derechos humanos”, apuntó Icela Rodríguez.

A pesar de estos acuerdos, la Secretaria de Seguridad sostuvo que se mantienen abiertas las investigaciones contra los servidores públicos que participaron en la entrega de estos contratos, asimismo se llevará a cabo una revisión permanente del cumplimiento de las obligaciones de estos contratos.

“Este es un ejemplo que cuando se sigue la filosofía del presidente se generan ahorros para la hacienda pública, los cuales podrán ser destinados para el beneficio de la nación. Seguiremos trabajando para que los bienes sigan en manos del pueblo y se elimine “, dijo Icela Rodríguez.

Este acuerdo se suma a las renegociaciones ,emprendidas por el gobierno federal, de contratos con empresas privadas que se consideraban onerosos. En este caso se encuentra el caso de Braskem-Idesa, filial de Odebrecht en México, sobre el pago de gas etano y su transporte a precios del mercado internacional.

El acuerdo con las empresas constructoras de gaseoductos para el suministro de gas natural y la comercialización de 8 mil 200 millones de pies cúbicos del recurso. En este rubro, se encuentra la reciente negociación con Alonso Ancira, ex dueño de Altos Hornos de México, para el pago 216 millones 664 mil 40 dólares como reparación del daño por la compra de la planta de Agro Nitrogenados.

En otros temas, el Presidente López Obrador aseguró que no habrá despidos de personal de salud al final de la pandemia de Covid-19.

“Los necesitamos, existe el compromiso que quienes fueron contratados en los momentos más difíciles de la pandemia tienen la garantía que van a seguir trabajando”, expresó AMLO.

Aunado a ello, el mandatario subrayó que no se tienen denuncias por la venta de vacunas falsas contra el nuevo coronavirus. A pesar de que la farmacéutica Pfizer identificó la venta y aplicación de dosis falsas a 80 personas en Nuevo León.

Por último, López Obrador celebró la aprobación de la reforma al outsourcing y señaló que este es un convenio realizado entre las autoridades mexicanas, el sector obrero y el empresarial.