Por: Vicente Flores Hernández

La Contraloría General del Distrito Federal (CGDF) informó que a pesar de las declaraciones los nuevos delegados que han señalado que sus instalaciones fueron saqueadas por su antecesores, no se ha presentado ninguna denuncia con motivo de presuntos actos de “saqueo, pillaje o deterioro de los bienes muebles o inmuebles de las demarcaciones”, detectados a partir de las actas de entrega-recepción.

A través de un comunicado de prensa, se informó que  el artículo 10 de la “Ley de Entrega-Recepción de los recursos de la Administración Pública del Distrito Federal”, señala que: “en caso de que el servidor público entrante se percate de irregularidades en los documentos y recursos recibidos, dentro de un término de quince días hábiles, contados a partir de la fecha de entrega-recepción de la oficina, deberá hacerlas del conocimiento del Órgano de Control Interno de la Dependencia, Entidad u Órgano Político Administrativo de que se trate, a fin de que sea requerido el servidor público saliente y proceda a su aclaración”.

La Contraloría reforzó a partir de este lunes, su estrategia de prevención con 10 acciones implementadas a través de las dependencias internas, a fin de detectar posibles irregularidades administrativa, particularmente en recursos humanos y en bienes, posteriormente dará inicio con las investigaciones para allegarse de elementos e instrumentar los Procedimientos Administrativos Disciplinarios (PAD), para en su caso determinar las responsabilidades administrativas o económicas correspondientes.

Cabe mencionar que las causas del hecho fueron las quejas presentadas por los delegados de Morena, Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal, de Tlalpan y Cuauhtémoc, respectivamente,quienes denunciaron saqueo y actos de rapiña en sus demarcaciones.

En el primer caso, se detalló que el gobierno saliente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), encabezado por Héctor Hugo Hernández se llevó escritorios, teléfonos y equipo de cómputo, dejando únicamente “algunas sillas viejas”.

Se quejaron del déficit presupuestal, equipo obsoleto, carencia de materiales básicos, mobiliario viejo, sillas y escritorios desvencijados, además de la falta de mantenimiento en las instalaciones y oficinas.