Por: Redacción/

Con el propósito de tener uniformidad en la legislación de justicia penal, para que quienes delinquen reciban la sanción adecuada, el diputado Alberto Martínez Urincho, del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa para reformar diversos párrafos del Artículo 73 de la Constitución Mexicana.

En la Sesión Ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, el pasado jueves, explicó que la sociedad sale agraviada cuando se toman algunas decisiones de la justicia penal, y que por ello es importante que en estos tiempos de cambio se tenga uniformidad en la legislación penal.

Al respecto, Martínez Urincho resaltó la necesidad de contar con un Código único en materia penal, lo cual no implica un menoscabo al federalismo, y puso como ejemplo a países como Alemania, Brasil o Suiza.

Ante el Pleno legislativo, aseveró que su iniciativa busca la introducción de juicios orales y públicos, así como el fortalecimiento del ministerio fiscal y la decisión de poner al Fiscal en lugar del Juez a cargo de la investigación preliminar.

“Estos códigos son posiblemente la transformación más profunda que los procesos penales latinoamericanos han experimentado en sus casi dos siglos de existencia. Si bien esas reformas no han sido exactamente en todas las jurisdicciones, los reformadores han descrito a estas transformaciones en términos similares, como una movida de un sistema inquisitivo a un acusatorio o adversarial”, subrayó.

El legislador capitalino reiteró que la introducción de los códigos procesales penales abonó a la resolución de problemas vinculados a la falta del debido proceso, la insuficiente transparencia y la ineficiencia del sistema penal.

Se debe continuar, apuntó, con la evolución del nuevo modelo de justicia penal. Derivado de ello, solicitó a los diputados locales redoblar esfuerzos para unificar la legislación penal porque no se trata de razones vinculadas con el federalismo, sino con un argumento puro de sentido común.

La iniciativa del diputado de la bancada de Morena fue turnada para su análisis y dictaminación a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, y de Administración y Procuración de Justicia.