Por: Redacción/

El gobierno mexicano está obligado a responder ante organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés) por haber expuesto a daños y destrucción la zona arqueológica de Teotihuacan, patrimonio de la humanidad, al permitir el uso de explosivos para extraer material que se utiliza en el desarrollo del nuevo aeropuerto, afirmó el diputado federal del PRD, Rafael Hernández Soriano.

“Hemos solicitado la intervención de la UNESCO que en diciembre de 1987 declaró a la ciudad de los dioses, Teotihuacan, patrimonio de la humanidad, y constatamos que a menos de cinco kilómetros del área arqueológica se utilizaron explosivos y que durante meses quedaron abandonados a la intemperie varias cajas con C-4, con riesgo adicional para las comunidades aledañas”, expuso.

El presidente de la Comisión Especial que da Seguimiento a la Construcción del Nuevo Aeropuerto recorrió el pasado 17 de noviembre junto con vecinos de al menos cinco municipios del Estado de México, áreas donde se intensificó la explotación de minas de tezontle y basalto para suministrar el material que se usa en la construcción del aeropuerto.

En sus dichos, los vecinos afectados denunciaron que autoridades municipales, estatales y federales han ignorado las reiteradas peticiones para exhibir los permisos para destruir decenas de cerros para extraer tezontle y basalto, la autorización sobre impacto ambiental y las acciones para impedir la destrucción de áreas donde aún existen vestigios prehispánicos.

Hernández Soriano indicó que acudió a la UNESCO para que solicite informes al gobierno mexicano sobre los riesgos que corre la zona declarada patrimonio de la humanidad.

De igual forma, envió con fecha 27 de noviembre, un oficio al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), General Salvador Cienfuegos Zepeda, a fin de que se sancione a los responsables de haber utilizado y abandonado explosivos C-4 en la zona denominada Cerro Gordo, donde además se devastó una amplia zona considerada por PROBOSQUE como parte de la reserva ecológica.

El diputado federal anunció que también ha requerido información a la recién creada Secretaría de Cultura respecto a la protección de vestigios prehispánicos y en particular, respecto a Teotihuacan.
“El gobierno mexicano tiene que asumir la responsabilidad en este tema, es suyo el proyecto del nuevo aeropuerto y son cada vez más las omisiones para prever daños ambientales, el manejo sano del presupuesto federal para la obra, vigilar el desarrollo de la construcción que ha sido objeto de múltiples observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, en fin, vemos desinterés en hacer las cosas como marcan las leyes”, afirmó.

Resaltó que este tema también lo hizo del conocimiento al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza –contra quien el 28 de julio pasado presentó demanda de juicio político- durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados, a quien demandó corregir el cúmulo de anomalías que en todo momento dijo “no tener conocimiento” a pesar de ser el responsable directo del sector.

Además de las peticiones para actuar en el ámbito internacional (UNESCO) y en el nacional (Sedena y SCT), el Presidente de la Comisión Especial afirmó que utilizará todos los recursos legales y legislativos, nacionales e internacionales, para que a los responsables directos de estas anomalías se les finquen responsabilidades y no queden impunes al violar la ley.

El nuevo aeropuerto es necesario para dar seguridad a las operaciones aéreas que ya están saturadas en el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero no puede desarrollarse una obra de esa magnitud si se favorece económicamente a grupos privilegiados, violan normas ambientales, dañan el patrimonio cultural y afectan a las comunidades aledañas.

“En todo este caos tiene que haber un responsable directo y no permitiremos que su decisiones y omisiones queden impunes, todo funcionario público está sujeto a responsabilidades administrativas y penales, si es el caso”, concluyó.