Por: Redacción

Actualmente, la Constitución Política no reconoce a las comunidades afrodescendientes –integradas por mexicanos descendientes de africanos–, por lo que es necesario emprender las reformas para resolver esta situación, como un primer paso para generar las políticas públicas necesarias que garanticen la reducción de la pobreza, desigualdad y discriminación en las que viven.

Así lo plantean las senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas, Lilia Merodio Reza, del Grupo Parlamentario del PRI, y María Elena Barrera Tapia del Grupo Parlamentario del PVEM, al presentar la iniciativa de reforma a los artículos 2, 27, 28 y 115 de la Carta Magna.

Las legisladoras advierten que, pese a los avances contra la discriminación, en México persisten los sesgos en las políticas públicas: “Las comunidades afrodescendientes en nuestro país han sido un grupo olvidado y marginado, que ha sido objeto de discriminación y racismo, aunado a la falta de reconocimiento por parte del Estado mexicano”.

En su exposición de motivos, las senadoras advierten que la historia de las personas africanas o afrodescendientes en México se remonta al periodo virreinal, cuando mujeres y hombres nahuas, otomíes o mayas convivieron con españoles, pero también con mandingos y wólofs de África Occidental y bantúes del centro de ese continente.

Agregan que los africanos arribaron a nuestro país de manera forzada y cómo esclavos. Desde entonces y hasta la fecha, las comunidades afrodescendientes han sido “un grupo olvidado y marginado que ha sido objeto de discriminación y racismo, aunado a la falta de reconocimiento por parte del Estado mexicano”.

Las legisladoras explican que los programas sociales, de combate a la pobreza y de salud atienden a sectores vulnerables, de acuerdo a sus características y riesgos que enfrentan, como los indígenas; sin embargo, las poblaciones afrodescendientes no reciben beneficio alguno.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) incluyó hasta el año 2015 a las comunidades afrodescendientes en su Encuesta Intercensal, lo que implicó un cambio relevante porque México era uno de los dos países en América Latina que no reconocía a estas poblaciones.

“Sin duda, esta acción impulsada por el INEGI es un paso hacía el pleno reconocimiento de los derechos de estas comunidades, pero es insuficiente”, acota la propuesta que fue remitida a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Derechos Humanos, y Estudios Legislativos Primera.

La encuesta revela que un millón 388 mil 853 personas se consideran afromexicanas o afrodescendientes, es decir el 1.2 por ciento de la población, que se concentra principalmente en los estados de Guerrero, Oaxaca y Veracruz y se encuentra entre los grupos más pobres y menos educados del país.