Al considerar que ya no quedan muchas alternativas para solucionar la grave crisis del agua, la diputada Beatriz García Villegas propuso reformas a la Ley del Agua de la entidad para establecer que el suministro debe priorizar la conservación ecológica y ambiental, el saneamiento, además de promover la participación ciudadana en la solución de esta crisis por lo que cuando una concesión afecte pueblos originarios deberá ser motivo de consulta pública.

La propuesta, expuesta en sesión de la Diputación Permanente por la legisladora Mónica Angélica Álvarez Nemer (Morena), señala que en la entidad los conflictos por el agua van en aumento, por lo que es importante abordar la crisis del agua como un problema medioambiental prioritario, y su protección y saneamiento debe ser una responsabilidad social, para lo cual la democratización en la toma de decisiones en este tema no solamente es un requisito de formalidad, sino una poderosa herramienta.
Remitida a la Comisión de Recursos Hidráulicos, en lo general la propuesta tiende a la formulación de una nueva política hídrica, se diseñó con las aportaciones de la ciudadanía recabadas durante el Parlamento Abierto “Construcción de una nueva política hídrica en el Estado de México”, que se desarrolló en marzo de 2023.

Conforme al documento, se plantea como definición de saneamiento las acciones que deben realizar los gobiernos estatal y municipal, el sector privado y el sector social para tratar sus aguas de descarga antes de conducirla hacia el punto de disposición final o uso en caso de reutilizarla o retroalimentar a los mantos acuíferos, fuentes superficiales y sistemas de drenaje.

En cuanto a la política estatal hídrica señala que deberá contemplar la participación de los sectores social y privado, en coordinación con los gobiernos federal, estatal y municipal, y que las autoridades respectivas deberán ejecutar mecanismos de participación ciudadana a convocatoria pública y abierta.

También precisa que los prestadores de servicios relativos, de acuerdo con su naturaleza jurídica y en el ámbito de su competencia, otorgarán el servicio del agua considerando como prioridad de usos la conservación ecológica y ambiental, y que para el otorgamiento de concesiones, deberá considerarse que, en los casos en que el otorgamiento de la concesión afecte en cualquier sentido a pueblos y comunidades originarias, al territorio en que se asientan o a su forma de vida, la concesión será objeto de consulta pública.