Por: Redacción

El senador Raúl Gracia Guzmán propuso reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el propósito de dotar a los congresos locales de las entidades federativas de la facultad para solicitar a la federación la alerta de violencia de género.

Actualmente, la ley restringe esta facultad al Poder Legislativo estatal, aun cuando su principal obligación es representar a la población de sus distritos electorales locales, por lo que esa omisión va en contra de sus propias obligaciones para el ejercicio de sus funciones, lamentó el Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera.

Con el fin de reparar esa omisión, Gracia Guzmán planteó una adición al artículo 24 fracción III de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para establecer que la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres se emita cuando “lo solicite el Congreso Local o los organismos de derechos humanos a nivel nacional o de las entidades federativas, los organismos de la sociedad civil y/o los organismos internacionales”.

El senador por Nuevo León recordó que la violencia contra mujeres y niñas ocurre en escenarios tanto públicos como privados, incluyendo el hogar, las escuelas, en las calles o transporte público, centros de trabajo e incluso en instituciones del Estado como prisiones, estaciones policiales o instalaciones donde ser brindan servicios de salud y bienestar social.

Gracia Guzmán agregó que, de acuerdo con cifras recientes, alrededor de una de cada tres mujeres en el mundo han sufrido violencia física y/o sexual de parte de su pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida.
En todo el mundo, 30 por ciento de las mujeres que han tenido una relación de pareja refieren haber sufrido alguna forma de violencia física y/o sexual por parte de su pareja, además de que se estima que un 38 por ciento de los asesinatos de mujeres que se producen en el mundo son cometidos por su pareja, añadió.

Asimismo, el legislador afirmó que los costos sociales y económicos de la violencia contra la mujer son enormes y repercuten en toda la sociedad, pues las mujeres pueden llegar a encontrarse aisladas e incapacitadas para trabajar, perder su sueldo, dejar de participar en actividades cotidianas y ver menguadas sus fuerzas para cuidar de ellas mismas y de sus hijos.

Además, dijo, aunado al maltrato físico y emocional hacia la mujer, la violencia doméstica tiene un impacto potencial sobre la capacidad futura de los niños para conseguir un empleo adecuado, ya que los niños que proceden de hogares violentos suelen tener escaso rendimiento escolar.

En Latinoamérica, continuó, la edad promedio de deserción escolar es de nueve años, en caso de existir violencia intrafamiliar, y de 12 años, en caso de no existir esa violencia.
Gracia Guzmán también refirió que en México una de cada cinco mujeres ha sido maltratada física o sexualmente; además de que se estima que cada seis horas ocurre el asesinato de una mujer en nuestro país, de los cuales más de 85 por ciento de los casos denunciados quedan impunes.

En este sentido, Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia tiene previsto el mecanismo de la Alerta de violencia de género, que es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad.

Actualmente, este mecanismo se encuentra activado en los municipios de Monterrey, Guadalupe, Apodaca, Juárez y Cadereyta, en el estado de Nuevo León; así como en once municipios del Estado de México: Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, Ixtapaluca, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco Solidaridad; y en Boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, Las Choapas, Martínez de la Torre, Minatitlán, Orizaba, Poza Rica de Hidalgo, Tuxpan, Veracruz y Xalapa, en el estado de Veracruz.

Sin embargo, el aumento en las cifras de violencia en contra de la mujer no sólo se restringe a esos municipios, sino a la mayoría del territorio nacional, por lo cual el Poder Legislativo federal debe dotar de herramientas suficientes a los congresos locales para solicitar la alerta de violencia de género, consideró Gracia Guzmán.

La iniciativa se turnó a las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos Segunda.