Por: Redacción

El Congreso de la Unión y el Ejecutivo federal deben hacer un gran acuerdo para adoptar las medidas necesarias que permitan revertir los daños, costos económicos y a la salud a causa de la contaminación, en especial por gases de efecto invernadero, afirmó la presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático, senadora Silvia Guadalupe Garza Galván.

Ello es necesario para fortalecer la confianza internacional que México ha recuperado, a partir de suscribir los compromisos del Acuerdo de París, subrayó al inaugurar el XIV Congreso internacional de ICLEI-Gobiernos locales por la sustentabilidad, desarrollo sustentable y cambio climático.

La legisladora del Grupo Parlamentario del PAN destacó la importancia de que en este acuerdo se incluyan a los gobiernos estatales y municipales, pues se requiere abatir los costos que la contaminación representa, por más de 61 mil millones de pesos, y en daños a la salud el monto asciende a más de 32 mil millones, de acuerdo a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Se debe convocar igualmente a los medios de comunicación, organizaciones sociales y la academia, agregó, a fin de que se informe y haga conciencia entre la población respecto a que cada “micro-acción” para erradicar la contaminación, coadyuva a reducir la emisión de contaminantes.

El subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental de la Semarnat, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, destacó en su participación que otro de los temas prioritarios es el manejo integral de residuos sólidos, los principales emisores de gases, pues en el país se generan a diario 43 millones de toneladas de este tipo de deshechos.

Explicó que uno de los principales obstáculos a enfrentar es la falta de recursos para la inversión, pues sólo en 17 por ciento de los municipios se cobra el servicio de recolección de basura, pese a que no se incluye en el cobro de impuestos, como sí lo está la limpieza de las calles y otras áreas urbanas.

Para revertir esta situación, explicó, la Semarnat analiza un esquema para modificar la Norma Oficial Mexicana NOM-083-Semarnat-Profepa, con el objetivo de que los municipios puedan incluir el cobro de recolección de basura, con un costo mensual de 47.28 pesos por vivienda.

Esto permitiría a los municipios emprender programas ambientales que le generarían grandes ahorros, como plantas de generación de electricidad a través de biogás, o gas metano generado por la basura, lo cual reduciría gastos a las empresas por la recolección de desechos, que generalmente no someten a reciclaje y tiran en los basureros de la localidad, sin beneficio real para la población.

Edgar Villaseñor Franco, secretario regional para México, Centroamérica y El Caribe de ICLEI-Gobiernos locales por la sustentabilidad, aseguró que existe el interés de organizaciones y gobiernos extranjeros de coadyuvar para que México alcance sus metas en materia ambiental.

Actualmente, expuso, dicha organización colabora con 450 gobiernos municipales en obras para revertir el cambio climático, incluso en entidades que enfrentan problemas económicos y sociales, como Veracruz. Empero, dijo, se requiere de la acción de autoridades del gobierno federal, pues uno de los graves problemas de los municipios es que no cuentan con el presupuesto suficiente.

La embajadora de Noruega, Merethe Nergaard, y la secretaria de Asuntos Globales de la Embajada del Reino Unido, Jante Sullivan, coincidieron en señalar que sus países mantendrán interés por respaldar a México en sus acciones a favor del medio ambiente y refirieron que los gobiernos locales requieren mayores recursos en la materia.

En representación de ONU-Hábitat en México, Bernadette Gordyn, dijo que la Conferencia de Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, Hábitat III, realizada en Ecuador la semana pasada, logró concretar la Nueva Agenda Urbana.

Dicha agenda plantea un cambio de paradigma en la urbanización, pues en los últimos 20 años se registra un crecimiento desordenado de las ciudades, que impide alcanzar la sostenibilidad ambiental. Para ello define parámetros para el desarrollo sostenible de las urbes y ayuda a replantear la planificación, la administración y las acciones para el bienestar de sus ciudadanos.