Por: Redacción

La cabal transformación de la justicia penal en México es uno de los grandes pendientes nacionales, cuya conclusión exitosa requiere el esfuerzo coordinado de los tres poderes del Estado mexicano, señala la investigación “Pendientes de la justicia penal a 100 días de vencer el plazo constitucional” del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República.

El documento refiere a pocos meses de que venza el plazo establecido en la reforma constitucional, el 18 de junio de este año, todavía están pendientes por aprobarse dos ordenamientos fundamentales: la Ley Nacional de Ejecución Penal y la Ley Nacional de Justicia para adolescentes.

Ambas áreas son fundamentales pero poco advertidas, señala la investigación. Además, son sectores que requieren mayor atención del Congreso de la Unión, a fin de dotar a los operadores del nuevo sistema de justicia penal –jueces, agentes del ministerio público, defensores de oficio, peritos, abogados litigantes y policías– de las normas jurídicas que les otorguen certeza y seguridad jurídica en su actuar.

En primer lugar, la reglamentación de la ley secundaria en materia de ejecución penal debe atender un requerimiento nodal de la reforma, lo relativo a la ejecución de la sentencia; además de que permitirá que las personas privadas de su libertad por la comisión de un delito no se vean vulneradas por el abuso de autoridad, como ocurre en el actual régimen penitenciario, refiere el IBD.

Una de las principales temáticas que debe atender esta legislación es el establecimiento de las normas a seguir durante el internamiento por prisión preventiva; y aquí cabe señalar que buena parte de la población penitenciaria en México se encuentra internada de esta manera, es decir, no ha sido juzgada y no tienen sentencia (51 por ciento por delitos del fuero federal y 39 por ciento por delitos del fuero común).

En segundo lugar, el documento detalla que la justicia para adolescentes es uno de los temas más complejos en relación con la reforma constitucional en materia penal; y la urgencia de emitir la ley nacional en la materia se debe a la necesidad de contar con un marco actualizado y constitucional que regule el mismo proceso en toda la República, y así evite contradicción en las leyes locales.

En 2014, a escala nacional, casi 45 mil adolescentes eran investigados por delitos del fuero común; de este total, 72 por ciento bajo el sistema inquisitivo-mixto y 23 por ciento conforme al nuevo sistema acusatorio oral, de acuerdo a datos del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2015.

Es decir, siete de cada diez casos de adolescentes en conflicto con la ley se atendieron bajo el antiguo sistema de justicia, lo que implica que a la mayoría de los jóvenes en México se les priva total o parcialmente de los beneficios de la reforma constitucional de 2008 y, en consecuencia, de lo dispuesto por el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), que establecen que el proceso penal será acusatorio y oral.

Los investigadores del IBD señalan que otras áreas poco atendidas son: la adecuación del amparo penal, la reforma policial, la incorporación de la jurisprudencia en la materia, la capacitación de la abogacía y la revisión del régimen de delincuencia organizada.

“Pendientes de la justicia penal a 100 días de vencer el plazo constitucional” de la Dirección General de Investigación Estratégica del IBD, puede consultarse íntegramente en la dirección electrónica:  www.senado.gob.mx/ibd/content/productos/reporte/reporte30.pdf