Por: Redacción/

La Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México aprobó por unanimidad el dictamen de reformas al Código Penal y a la Ley de Cultura Cívica locales, que endurece las penas para los delitos de robo, en sus diversas modalidades; se limitan los beneficios penales para los delincuentes reincidentes; se fortalece el castigo en el caso de feminicidio y se elimina la figura de ultraje a la autoridad.

En reunión de trabajo, el presidente de la Comisión, diputado Eduardo Santillán Pérez, descartó que en la elaboración y aprobación del dictamen hubiese “populismo penal”. Este trabajo “no fue una mera lógica de incremento de penas; es resultado de un exhaustivo análisis entre los poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial, la academia y sociedad civil, con el propósito de tener instrumentos ágiles y eficientes”, dijo.

“Es cambiante el fenómeno delictivo, y ante ello el marco jurídico no puede mantenerse inamovible; por ello este Congreso local ha considerado muy importante hacer este ejercicio de revisión integral de la política criminal a partir de estos delitos y a partir de estos tipos penales que generan un agravio importante a la ciudadanía”, indicó.

Santillán Pérez aseguró que el dictamen integra las iniciativas de la Jefatura de Gobierno de la CDMX, así como las propuestas impulsadas por los diputados Héctor Barrera, Mauricio Tabe, Diego Garrido, del PAN; José Luis Rodríguez, de MORENA, y la diputada Teresa Ramos, del Partido Verde Ecologista.

Puntualizó que estas reformas al Código Penal son parte de un “primer paquete de modificaciones, ya que habrá un segundo bloque de reformas –las cuales ya son analizadas en comisiones unidas- y que probablemente se presenten en el periodo ordinario de sesiones”, que inicia en el mes de septiembre.

Endurecimiento de penas

Con las reformas al Código Penal, el feminicidio es el delito que más se sancionará en la Ciudad de México, pues alcanzará una pena de hasta 70 años de prisión, ya que bajo ninguna circunstancia se puede privar de la vida a una mujer.

Se incrementan las penas en los delitos robo de autopartes, de automóvil; a casa-habitación, robo a bordo de una motocicleta, y robo a cuentahabiente.

Se sanciona el robo a celular, ya que éste va más allá de una mera afectación de carácter económico, pues en el dispositivo se tiene información privilegiada, confidencial, de tal manera que se pueden tener datos de personas, datos bancarios o fotografías

También se actualizan las sanciones en los delitos de extorsión, despojo, y se deroga de la norma el concepto de ultraje, el cual fue empleado más con carácter político.

“Con esto, el Poder Legislativo está haciendo la parte que le corresponde en el diseño de las estrategias en materia de seguridad ciudadana”, afirmó el diputado Eduardo Santillán.

Mayor efectividad para que los delincuentes no salgan de prisión

En la reunión de trabajo, el diputado Nazario Norberto Sánchez, de MORENA, reconoció que a partir del año 2015 muchos de los delincuentes “entraban y salían de prisión, es decir, la delincuencia se desató. Ahora con estas propuestas tendremos mayor efectividad para que los delincuentes no salgan de prisión”.

Por el PRI, el diputado Guillermo Lerdo de Tejada expresó “siento una especie de dilema o sentimientos encontrados, porque pareciera que por aumentar las penas se resolverán los problemas en la Ciudad de México. Hay diversos estudios que indican que los delincuentes no actúan pensando en el Código Penal, solamente en que no los vayan a cachar”.

En tanto, el coordinador del PRD, Jorge Gaviño, advirtió que el aumento de las penas no significa una reducción en la incidencia delictiva. Puso como ejemplo: “En el Estado de México el feminicidio tiene una pena vitalicia y la comisión de éste no disminuye. Si no hay una política pública de persecución de nada servirán las reformas”.

Por MORENA, el diputado Carlos Castillo Pérez propuso que en las modificaciones a la norma se incluya el combate a la corrupción e impunidad. Su compañero de bancada, el legislador Carlos Hernández Mirón reconoció el trabajo hecho en la Comisión, pues se logran avances en materia penal.

La diputada Lourdes Paz Reyes –también de MORENA, se congratuló de los cambios al Código Penal al sancionar severamente el robo a celular; derogar el ultraje, “ya que ahora nuestros policías tendrán el respaldo jurídico”.

La diputada Jannete Guerrero Maya, del grupo parlamentario del PT, presentó y entregó a la presidencia de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia algunas observaciones de forma.

Por el Partido Verde Ecologista, la diputada Teresa Ramos Arreola resaltó que las penas aplicables al robo, en cualquiera de sus modalidades, desincentivarán la comisión de delitos.

Más adelante, el diputado Diego Orlando Garrido, del PAN advirtió “ya se debe poner el candado a la puerta giratoria. Hay reclusos que han entrado a prisión hasta 20 veces y no pueden seguir en la calle”.

Alberto Martínez Urincho, diputado de MORENA, pidió hacer un análisis al tema de allanamiento de morada, esta propuesta fue aceptada.

REFORMAS AL CÓDIGO PENAL

Feminicidio.- El castigo será de 35 a 70 años de prisión. Esta es la sanción más alta que se tendrá en la Ciudad de México.

Reincidencia.- En delitos graves, la segunda comisión de un delito tendrá una pena adicional de las dos terceras partes del delito que corresponda. Con ello se inhibirá y sancionará a las personas que tienen reincidencia. La reincidencia será tomada en cuenta por el juzgador para determinar la imposición de la sanción, así como el otorgamiento o no de beneficios o sustitutivos penales.

Robo.- A casa habitación la penalidad aumenta a ocho años (anteriormente era de hasta seis años); el robo de autopartes se sancionará hasta con seis años de prisión; el robo de vehículo se castigará hasta con ocho años; se fortalece la pena hasta con seis años de prisión a quien cometa el delito de robo de celular.

Cuando se trate de robo a bordo de una motocicleta, la sanción será de hasta seis años; el robo a cuentahabiente se castigará con hasta 10 años de prisión, la pena aumentará el doble si la persona que participa es o fue servidor público; el delito de extorsión se castigará hasta con ocho años de prisión

Extorsión.- La pena será de hasta 10 años de cárcel a quien obligue a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, teniendo un lucro para sí u otro y causando perjuicio patrimonial; y la pena se duplicará cuando participe un elemento de alguna corporación policiaca.

Se aplicará una sanción adicional cuando intervengan una o más personas armadas, se emplee violencia física, o haga saber la supuesta intervención de un grupo de la delincuencia organizada; la penalidad aumentará dos terceras partes cuando haya un teléfono como medio comisivo.

Despojo.- Se aplicará una sanción de hasta cinco años de prisión en el despojo básico; pena de hasta 10 años cuando éste se ejecute por un grupo de tres o más personas, cuando la víctima sea mayor de 60 años de edad; se simulen actos de autoridad, se presente documentación falsa o si en el despojo participa algún servidor público.

Ultraje.- Se deroga de la norma

CULTURA CÍVICA

Se establece una nueva infracción en la Ley, en el apartado Contra la Dignidad de las Personas, y se considerará una infracción contra la dignidad de las personas intimidar, maltratar físicamente o incitar a la violencia contra un integrante de alguna institución de seguridad ciudadana. La sanción administrativa será hasta de 36 horas de trabajo comunitario inconmutable.