Por: Redacción

La diputada federal María Luisa Beltrán Reyes solicitó a la Comisión Permanente exhortar a las autoridades federales, estatales y municipales a que, de acuerdo con su respectiva responsabilidad en la materia, brinden el apoyo necesario a las familias de trabajadores jornaleros, a fin de garantizar que sus espacios de vivienda cuenten con las mejores condiciones agrícolas de infraestructura, con muros y techos dignos y decorosos, y que las protejan de la inclemencia de la naturaleza, de acuerdo a las condiciones climáticas de cada lugar.

“De acuerdo con estadísticas oficiales, en este sector es donde existe la panorámica más dramática de violación a los derechos humanos en todas sus expresiones, desde salarios bajos a cambio de una carga de trabajo intensa, pasando por las condiciones de riesgo en que laboran y son transportados, sin olvidar la forma como son tratados por quienes los contratan”, denunció la legisladora del GPPRD.

Citó como ejemplo las condiciones en que laboraban trabajadores agrícolas en San Quintín, Baja California, en el 2015, además de la Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas, levantada hace ocho años, donde se dimensiona esta creciente problemática, como resultado de pobreza extrema e ingresos muy bajos.

El estudio señala que en el país existen al menos 2.4 millones de jornaleros agrícolas, 40 por ciento de ellos indígenas y la mitad provenientes de los estados más pobres del país, que junto con sus familias representan una población total de 9 millones 206 mil 429 personas para las que la pobreza, la marginación y la falta de empleos formales son condiciones que los hacen vulnerables de ser explotados en los campos agrícolas del país.

“Estaríamos hablando, entonces, de no menos de un 8 por ciento de la población mexicana en un gran porcentaje indígena, con lo que ello entraña de discriminación y, por ende, de lo complicado para comunicarse adecuadamente; más de 9 millones de seres humanos que procuran sobrevivir bajo condiciones sumamente adversas, tanto en su ámbito laboral como en su vida diaria familiar y el acceso a sus derechos humanos y civiles como educación, vivienda y justicia, entre otros”, indicó la legisladora.

De acuerdo con el INEGI, arriba del 50 por ciento de trabajadores migrantes tiene su lugar de origen en municipios de alta y muy alta marginación de los estados de Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, Hidalgo, Chihuahua y Durango, siendo Oaxaca y Guerrero los estados con mayor expulsión de trabajadores agrícolas del país.

La legisladora del Sol Azteca indicó que las “denuncias públicas van y vienen sobre esta situación de indefensión de sus derechos humanos, comenzando por el ámbito laboral y de explotación, con jornadas extensas de hasta diez o más horas corridas, pago de miseria de entre 20 y 50 pesos por día, explotación laboral infantil y ausencia de trato digno, pues han sido documentados casos hasta de amenazas diversas y abuso sexual por parte de empleadores”.

La diputada perredista señaló que además del ámbito de trabajo, donde se dan estas condiciones denigrantes, no menos deprimente es el área de hospedaje, donde generalmente los trabajadores agrícolas son alojados junto con sus familias; “estas áreas suelen ser, comúnmente, complejos comunitarios en pésimas condiciones de infraestructura, denominados albergues y, en algunos casos, casas particulares donde tienen que sobrevivir varias familias, hacinadas, con las consecuencias de ello, con casos de promiscuidad y accidentes domésticos con secuelas de víctimas, ante todo infantiles”.

Finalmente, dijo que de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas existen alrededor de 250 millones de personas fuera de su lugar de origen y un gran porcentaje se vio obligado a dejar su comunidad ajenos a su voluntad, entre éstos el clima de violencia, amenazas, represión, tragedias provocadas por la naturaleza y/o conflictos sociales de diversa índole, fenómeno que ha incrementado considerablemente, por arriba del 40 por ciento, durante los últimos años.