Por: Redacción/

Al concluir el “Parlamento Abierto sobre el Análisis del Paquete Económico 2020”, organizado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público, que preside la diputada Patricia Terrazas Baca (PAN), se debatió sobre las mejoras que pueden realizarse al Sistema de Coordinación Fiscal.

La legisladora comentó que las opiniones y propuestas planteadas en estas reuniones que se desarrollaron del 2 al 8 de octubre, en las que participaron funcionarios, especialistas, académicos, representantes de la sociedad civil y empresarios serán tomadas en cuenta para la opinión que emitirá esta instancia legislativa.

Recordó que en estas mesas de análisis se abordaron: régimen fiscal de Petróleos Mexicanos; los impuestos al Valor Agregado, Sobre la Renta y Especial sobre Producción y Servicios. Además, las leyes federales de Derechos, de Coordinación Fiscal y de Ingresos, y el Código Fiscal de la Federación.

La presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, Julieta Kristal Vences Valencia (Morena), propuso tres reformas a la Ley Federal de Derechos para aumentar la recaudación de 11 millones 118 mil pesos a 21 millones 584 mil pesos, al captar 10 millones 466 mil pesos más con el objetivo de atender el fenómeno migratorio, tema preocupante porque desde el año pasado ha crecido.

Solicitó que esta iniciativa para modificar los artículos ocho, 12 y 18 A de ese ordenamiento, construida con su correligionario Javier Julián Castañeda Pomposo, se integre al dictamen de la Miscelánea Fiscal 2020.

En el primer caso, planteó un aumento de 558 a 855 pesos que deberá cubrir un visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas en el país, porque hay nuevos métodos para que la gente viaje de manera más segura y salvaguardar su vida.

En el precepto 12, recomendó elevar la cuota de 77 a 388 pesos relativo a la prestación de servicios migratorios en aeropuertos a pasajeros de vuelos internacionales que abandonen el territorio nacional, “pese a que puede considerarse como un incremento alto, en Estados Unidos, Canadá o Chile ése es el monto del impuesto”.

Respecto al artículo 18 A, solicitó modificar la forma en que se distribuye este recurso, porque el 20 por ciento se destina al Instituto Nacional de Migración (INM) para mejorar sus servicios, y sólo que el 18 por ciento lo absorba el propio organismo, y el dos por ciento restante se canalice a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, cuyas solicitudes se han triplicado en el presente año y requieren recursos.

Mientras que el 80 por ciento restante dirigido al Consejo de Promoción Turística, se transfiera a actividades de fomento.

Humberto Aguirre Aguirre, director de Procesamiento de Información Económica del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, apuntó que la baja recaudación se debe a los convenios del Sistema de Coordinación Fiscal, toda vez que en éstos se elimina la potestad tributaria que tenían los estados para quedar en manos de la Federación.

“La Federación se quedó con impuestos de gran elasticidad recaudatoria, como el ISR, IVA y el IEPS; el problema es que ahora hay un promedio del 16 por ciento de recaudación propia de las entidades federativas, por lo que se debe revisar la ley de Coordinación Fiscal y el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

Enfatizó que el gasto federalizado es muy importante, porque representa la tercera parte del monto neto total, el cual asciende a casi dos billones de pesos y es la principal fuente de ingresos al generar cerca del ocho por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Tulio Samuel Pérez Calvo, secretario de Finanzas y Administración del gobierno de Guerrero, manifestó su preocupación respecto del estado que guarda el federalismo y las finanzas de las entidades. “Hoy el federalismo enfrenta dificultades, como que los recursos financieros no corresponden a las necesidades de gasto de los gobiernos estatales y municipales o persiste una desigual distribución de las aportaciones”.

Comentó que se debe invertir a favor de las entidades más atrasadas y que han sido marginadas del desarrollo. “Actualmente el gasto público en general se concentra en las entidades que más crecen o concentran la mayor actividad económica; es necesario que el gasto también vaya a las entidades más rezagadas”.

Solicitó que el presupuesto sea ejercido por cada entidad federativa, asimismo, que el gobierno federal en el PEF 2020 se solidarice de la mejor manera con las entidades que tienen mayor rezago social.

Por su parte, Luis David Vázquez Heredia, subsecretario de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) de Quintana Roo, destacó la importancia de la recaudación, porque se puede destinar a las políticas públicas; es decir, el éxito de éstas son gracias a programas fiscales eficientes.

Explicó que en el caso de su entidad, del 2016 a la fecha ha incrementado su esfuerzo recaudatorio, lo cual ha llevado a posicionarla como segunda entidad en términos per cápita, permitiendo que su crecimiento sea 4.1 por ciento.

Enfatizó que en el actual sistema fiscal se premia la pereza fiscal y no el esfuerzo, ante ello, planteó que el Fondo General de Participaciones mantenga la población como variable, al igual que el PIB e inclusive el esfuerzo recaudatorio; es decir, que se tome el PIB y se divida entre la población, lo que causaría que los gobiernos se esfuercen a eficientar su productividad logrando mayor productividad, crecimiento y recaudación.

La coordinadora del programa de gasto público de México Evalúa, Mariana Campos Villaseñor, señaló que uno de los más grandes retos para diseñar un Presupuesto de Egresos de la Federación eficiente es analizar cómo está planteado el Fondo General de las Aportaciones, toda vez que este rubro reúne el 72 por ciento de los recursos de las contribuciones.

Afirmó que es primordial reestructurar el diseño de estos fondos, ya que la formación de capacidades, buenas prácticas institucionales y resultados concretos deben ser premiados. Consideró que también es primordial aplicar auditorías, desarrollar un sistema de contratación digital, una cartera de inversión pública y emprender una política íntegra.

Propuso a los diputados crear un sistema de puntos que premie a los estados y municipios en función de su esfuerzo por medio de indicadores claros y transparentes; segmentar a los estados y municipios, a fin de que las entidades con un desarrollo inferior tengan mayores recursos.

Israel Santos, especialista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dijo que el sistema de coordinación fiscal no parece responder a fórmulas de reparto equitativas, ni respetar un modelo de pacto impositivo entre Federación, estados y municipios.

“Nos sumamos a la opinión de convocar a una nueva reforma hacendaria en la que se establezcan tres cosas; uno, el resarcimiento a haciendas públicas locales; dos, actualizar las formas de reparto, y tres, establecer mecanismos de defensa efectivos ante el incumplimiento de los convenios de coordinación fiscal”.

Señaló que es necesario fortalecer las haciendas públicas locales; que empiecen a innovar, por ello se necesitaría pensar en confeccionar nuevas contribuciones.