Por: Redacción/

Las comisiones unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, presidida por el diputado Alfonso Ramírez Cuellar, y de Hacienda y Crédito Público, por la diputada Patricia Terrazas Baca, concluyeron el “Foro entre legisladores en materia hacendaria”, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, con la participación de diputados federales y locales, senadores, y funcionarios.

En el foro realizado los días 23 y 24 del presente mes, se contó con la presencia el día de ayer, del Auditor Superior de la Federación, David Colmenares Páramo; el auditor especial del Gasto Federalizado, Emilio Barriga Delgado y el secretario ejecutivo del Consejo Nacional del Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Gonzalo Hernández Licona.

Se presentaron los siguientes resolutivos, en materia de Gasto Federalizado, Público, y Desarrollo Social; Política de Austeridad, Órganos de Fiscalización y Rendición de Cuentas:

Mesa 1. Gasto Federalizado

Gasto federalizado, se propuso una mejor distribución del mismo, pues ha sido conforme a reglas discrecionales, que han llevado a un crecimiento inequitativo de los estados. Se requieren normas claras en su repartición, para mejorar la transparencia y el crecimiento de los estados; además, se debe modificar la Ley de Coordinación Fiscal, con el objetivo de que existan criterios claros en la asignación de recursos y se obedezca a factores económicos y sociales, sobre los políticos.
Se debe mejorar la captación de recursos locales y revisar los programas regionales, con el objetivo de que sean eficientes y se tenga un seguimientos de los mismos; así como aumentar y regresar facultades y obligaciones tributarias a los estados y municipios.
Dar mayor transparencia a los fideicomisos y fondos establecidos a los ramos 23 y 25, con el objetivo de que se pueda obtener información de los recursos, sus asignaciones de gasto y tener una normativa que permita su regulación.

Mesa 2. Gasto Público y Política de Austeridad

Nuevo Enfoque

Política que priorice el desarrollo social, que no suponga la reducción del gasto per se, que se base en los principios de eficiencia, eficacia y equidad.

La política de contención de gasto en los últimos años ha afectado también a los programas sociales.

Que busque la reasignación del gasto hacia la reactivación de la inversión pública, a fin de promover el bienestar social.
Que la política de austeridad no se traduzca en desatención de programas sociales.
Que la política de austeridad no implique una menor calidad del gasto (calidad=que se cumplan los objetivos requeridos)

Principales medidas de austeridad establecidas en la normatividad vigente

En materia de programas

Eliminar, fusionar o modificar aquellos programas que no sean eficaces, eficientes o que presenten duplicidades con otros programas.
Establecer un padrón único de beneficiarios que permita identificar con toda claridad a quiénes se dirigen los subsidios, ayudas y demás apoyos gubernamentales, su importe y conceptos.
Simplificar los procesos de entrega de subsidios y demás apoyos permitiendo su entrega expedita y transparente.

En materia de recursos humanos

Eliminar la duplicidad de funciones en las unidades administrativas o áreas de las dependencias y entidades, así como en las plazas adscritas a las mismas.
Eliminar las plazas de mandos medios y superiores cuya existencia no tenga justificación.
Disminuir el gasto de contratación personal eventual en áreas que no sean sustantivas para la prestación de servicios.

En materia de recursos materiales

Reducir el presupuesto destinado a viáticos, convenciones y gastos de representación.
Racionalizar el gasto en comunicación social con una adecuada coordinación y programación del mismo, con la participación que corresponda en la materia a la Secretaría de Gobernación.

Fortalezas

Marco jurídico sólido de actuación en materia de aprobación, vigilancia y fiscalización del gasto público.
Existencia de una estructura institucional para desarrollar actividades de aprobación y fiscalización del gasto público.
Amplias atribuciones y facultades de la Cámara de Diputados para conducir los procesos de aprobación y fiscalización del gasto público.

Áreas de oportunidad

Revisión de gasto irreductible.
Reasignación y reorientación del gasto programable con enfoque de bienestar social.
Ampliar el espectro de fiscalización del gasto público total.
Operación integral del Sistema Nacional de Anticorrupción.
Ejercicio pleno de las atribuciones establecidas en la normatividad vigente, en materia de seguimiento y fiscalización del gasto por parte del Poder Legislativo.
A pesar de que existe un andamiaje jurídico e institucional sólido, se requiere optimizar los equilibrios en los tomadores de decisiones para mejorar la gobernanza.
Impulsar la armonización contable entre entidades y municipios.

Participaciones

El tema de austeridad, el tema de contratación pública, es un aspecto elemental del ejercicio público, ello incide en la calidad del gasto.
Es importante que los encargados de las compras tengan información oportuna, se comparta esta información entre las instancias del ramo, y no se centralizan las adquisiciones.
Hacienda debe desarrollar su área de economía de mercados.
Hay que pensar en unas nuevas leyes generales de contratación, con estándares que promuevan la licitación pública.
Generar indicadores de cumplimiento, y que sean transparentes, que sea un documento esperado.
Asesoría y finanzas profesionales es una fuente de ahorro, hay talentos enormes dentro del gobierno. No más contratación externa a amigos ni empresas fantasmas.
Municipios deben implementar al igual que los gobiernos estatales medidas de austeridad.
Estimular el cobro y pago de impuestos adecuados y que cada quien pague lo que debe, de manera equitativa y responsable.
Atacar a través de esquemas de fiscalización la economía informal.
Atacar las empresas fantasmas, relacionadas con corrupción.
Hay que replicar casos de éxito.
Existe una política pionera de austeridad adoptada desde el gobierno de López Obrador, que inicio con los sueldos de los altos funcionarios.
Aprovechar el capital humano que no se ha dado seguimiento.
Co-aprovechemos lo que ya tenemos en las instituciones como órganos de asesoría para lo público y lo privado.
De la ASF es necesario que haya estaciones en los estados, para que puedan permear en toda la República.
La Cámara debe premiar a los gobiernos que gastan bien, con gasto eficiente y castigar a los que no.
Los recursos públicos deben ser fiscalizados. Ejemplo: Universidad pobre con un rector rico, se busca contrarrestar este tipo de acciones.
Incluir evaluación y monitoreo en el decreto de presupuesto, de manera que se establezcan las bases que permitan institucionalizar proceso de monitoreo para a nivel federal y local tomar mejores decisiones.
Pugnar por la independencia del Congreso, no dejarle facultades al gobernador, autonomía.
Es importante hacer una valuación a los servidores públicos de acuerdo a su cargo.
Centralizar algunos órganos de gobierno.
Para los impactos sociales debería haber programas para apoyar al comercio formal.
Mucha transparencia, lealtad, generar un departamento de inteligencia administrativa.
Necesidad de un departamento de orientación sobre el manejo del presupuesto.
Apoyar a los municipios más vulnerables, obligar a las empresas a contratar a los trabajadores formales.
Hay que dar total importancia al tablero de control, para dar seguimiento a las políticas de austeridad, no hay quien dé este seguimiento.
Los centros de estudio deben ser un apoyo para el monitoreo. Con sus propias leyes en sus congresos locales se deben adoptar estos sistemas.

Mesa 3. Órganos de Fiscalización y Rendición de Cuentas. Resolutivos

La reunión se llevó a cabo con la presencia de alrededor de cuarenta personalidades conformada por diputados federales, locales y especialistas en materia de fiscalización y control de gasto público en las entidades federativas, así como funcionarios encargados de la evaluación y fiscalización del Poder Ejecutivo, Participaron tanto diputados federales como locales.

En un principio se abordó el tema de los órganos de fiscalización y las instancias responsables de la rendición de cuentas, como parte de la conferencia magistral de la Doctora Cecilia Licona Vite.

Se trató igualmente el marco legal y la organización de la Auditoría Superior de la Federación, así como el tipo de auditorías que dicha instancia lleva a cabo.

Se describieron las etapas de fiscalización y el papel del Congreso de la Unión en el proceso.

Asimismo, describió el actual Sistema Nacional Anticorrupción, su base legal y las instituciones que lo conforma.

Las participaciones giraron en torno a los siguientes temas y propuestas principales:

El presupuesto público invertido en el SNA es proporcional a los resultados obtenidos a nivel nacional en esa materia.
Retrasos en la revisión de las cuentas públicas, es necesario fortalecer los órganos internos de control para que sancionen.
Necesidad de reformar las normas en materia de fiscalización en los congresos locales.
La fiscalización y evaluación son elementos esenciales que se complementan entre sí, en el conocimiento y en la revisión del ciclo del gasto público.
Las entidades de fiscalización deben coordinarse con los organismos evaluadores del gasto público a nivel federal y en los estados de la República.
Es necesario fortalecer a los organismos vigilantes de la entidad auditora tanto a nivel federal como local.
Existen limitaciones constitucionales que limitan a nivel estatal el funcionamiento de las unidades de evaluación y control del gasto público.
Es indispensable un marco jurídico que defina los mecanismos de restructuración y refinanciamiento de la deuda pública en los estados limitando la participación del ejecutivo local en dicho proceso.
Necesidad de que existan constancias físicas y no solamente documentales en el proceso de verificación de irregularidades en la realización de obras públicas en los estados.
Deliberadamente se ha creado un caos administrativo para propiciar un desorden contable y financiero para ocultar las irregularidades en la revisión de la cuenta pública.
Los programas de auditorías no debe aprobarlas el propio auditor.
La federalización de las revisiones de la cuenta pública demuestra la centralización de los recursos públicos.
Necesidad de conocer los procesos de certificación de las tareas de las auditorías e instancias de fiscalización del gasto público.
Pertinencia de conocer la armonización de las normas en materia de fiscalización del gasto público a nivel federal y local.
Existe coincidencia en afirmar que es muy largo el proceso de verificación y revisión del gasto público a nivel federal y local.
La falta de información homogénea de naturaleza contable y administrativa en la revisión del gasto limita la posibilidad de realizar una adecuada fiscalización.
Es necesario adecuar el marco jurídico en materia de sanciones administrativas y penales por incumplimiento en la revisión del gasto.
Es indispensable generar información contable y financiera que permita monitorear los resultados de la revisión de la cuenta pública en estados y municipios.
La revisión detallada del gasto público a nivel municipal es uno de los retos más difíciles que debe afrontarse en el corto plazo.
Deben diseñarse indicadores de gestión que permitan una evaluación adecuada en el ámbito municipal del ejercicio del gasto público.
No es posible que la revisión y fiscalización del gasto municipal pueda tener los alcances de la revisión que se hace a nivel federal.
La fiscalización no debe perder su sentido de cercanía con los ciudadanos y con las organizaciones no gubernamentales.
Necesidad de diseñar criterios en los presupuestos de egresos locales: erradicar la desigualdad social, combatir la delincuencia; acciones conjuntas con el Ejecutivo federal y fortalecer los árganos de auditoría y fiscalización en estados y municipios.
Los órganos de fiscalización no sólo deben tener una alta eficiencia y capacidad técnica, sino también disposición política en el ámbito de estricta división de poderes.
Es necesario poner reglas de operación en el Ramo 23 o que desaparezca; es un atarea de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, labor fundamental de los legisladores federales.
En vista de las circunstancias a nivel federal y local para que funcione adecuadamente un sistema nacional de fiscalización que armonice las atribuciones en la materia en los tres órdenes de gobierno se requiere de un bloque de reformas legislativas.
Debe haber claridad en la determinación de prioridades para ubicar las acciones de política pública en los ámbitos federal y local.
La fiscalización debe servir para que lleguen a modificarse los Planes Estatales de Desarrollo en las entidades federativas.

La conclusión de la doctora Cecilia Licona fue apoyada por la participación de Fernando Renoir Baca Rivera, director de Enlace Legislativo de la Auditoría Superior de la Federación, de que los desafíos de la hipermovilidad de los recursos y de la información en el siglo XXI tanto nacional como internacional, exigen una mayor coordinación entre las instituciones que manejan el flujo de información y de los recursos financieros públicos y privados.

Así la mesa concluyó que se debe avanzar de forma integral hacia la respuesta de estos retos con el diseño de:

Una Ley General de Fiscalización y Rendición de Cuentas, con los consecuentes ajustes de las medidas vinculatorias para el sistema de procuración de justicia y sanción judicial.

Es deseable abrir una discusión sobre si los resultados de las evaluaciones realizadas por el Coneval serán utilizados con un criterio que permita la asignación de recursos para las entidades federativas o si el presupuesto basado en resultados debe evolucionar y atender dichas variables.

Mesa 4 “Gasto en Desarrollo Social”

Resolutivos

Aplicación de la Política Pública y Desarrollo Social

Exhortar de la manera más atenta a los integrantes del Poder Legislativo en el ámbito federal y local a que en la conformación del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, se implemente una perspectiva integral que priorice las directrices de pobreza, no discriminación, igualdad entre géneros, desarrollo de las juventudes, interés superior del menor y migración interna y externa, para aportar una visión complementaria con respecto a las propuestas que emanen desde el Ejecutivo Federal.
Fomentar el desarrollo de la profesionalización de las instancias de gestión y auditoría de los recursos de desarrollo social, para generar programas, políticas públicas y acciones que superen la visión asistencial de las gestiones de este ramo para transitar hacia la política que mejore los derechos sociales.
Ajustar el diseño de política social y local a partir de los lineamientos existentes en la agenda 2030 en materia de desarrollo sostenible.

Fiscalización, Transparencia y Correcta aplicación de los recursos públicos.

Hacer un llamado respetuosos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Sedesol y a las nuevas instituciones que habrán de conformarse para el desarrollo de las propuestas del Ejecutivo Federal, así como a las demás instancias de gestión, para hacer un ejercicio expedito de los recursos públicos asignados, para poder contar con resultados más tangibles en el combate de las problemáticas sociales.
Supervisar de manera puntual el ejercicio presupuestal con la expectativa de evitar prácticas clientelares y/o partidarias.
Promover la simplificación técnica de las reglas generales de operación y presupuestación que faciliten la transparencia, fiscalización y consulta de los programas sociales aplicados, para poder alentar la inclusión de la voz ciudadana en la gestión pública.
Promover los diagnósticos y metodologías tendentes a la formación de un consenso básico para alentar el desarrollo social desde una perspectiva comunitaria, regional y estatal, mediante los criterios de “buenas prácticas”.

Perspectiva de Género y Necesidades Prioritarias

Garantizar que los gobiernos estatales etiqueten de manera trasversal presupuestos con perspectiva de igualdad de género orientados a acciones de política pública de conciliación entre la vida personal, laboral y de cuidados que permitan disminuir la sobrecarga de trabajo de las mujeres en los cuidados, para de esa manera garantizarles acceso a todos los beneficios del desarrollo laboral y profesional.
Asimismo generar estrategias de impacto sustantivo para el bienestar económico de las mujeres, por medio de acciones y políticas públicas que garanticen su empoderamiento y participación profesional, sin que las actividades que ejercen, simbolicen trabajos que históricamente sean considerados únicos de ellas.
Ampliar el concepto de la perspectiva de género dentro de la etiquetación de los recursos públicos para la detección de las acciones prioritarias para la política de desarrollo social.
Fomentar la progresividad de los recursos públicos aplicados al anexo 13; así como el correcto seguimiento de su ejecución para garantizar la correcta distribución de los mismos, con base en las necesidades de urgencia en temas de violencia y desigualdad.