Por: Redacción/

Diez aspirantes a ocupar el cargo de titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), de una lista de 21, comparecieron hoy ante los integrantes de la Comisión de Justicia del Senado de la República.

La Comisión de Justicia emitirá un dictamen que será remitido el viernes 8 de diciembre a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República.

Por segundo día consecutivo, los senadores escucharon las propuestas y cuestionaron los planes de trabajo; la inexistencia de un conflicto de interés por participar en algún partido político, fue una declaración constante en las exposiciones.

Alejandro Porte Petit González señaló que en la Fiscalía se debe crear un área específica para promover medios alternativos de solución de controversias, y presentar un informe mensual de actividades a diversas instituciones y no sólo al Instituto Nacional Electoral.

El senador Luis Humberto Fernández, del Grupo Parlamentario del PT, cuestionó si como jurista, el aspirante, considera que la remoción del Fiscal anterior fue adecuada.

La senadora Ivonne Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRI, preguntó cuáles serían las acciones realizaría, si fuera elegido para ocupar el cargo, para garantizar la transparencia del proceso electoral del 2018.

Sobre la remoción del Fiscal, Alejandro Porte respondió que no tiene elementos para declarar porque no fue notificado del expediente; pero confía en las instituciones y los mecanismos utilizados por la Procuraduría General de la República, que tuvo el contrapeso del Senado.

Nelson Bellos Solís explicó que uno de los problemas a los que se enfrenta la Fepade, es el otorgamiento de la suspensión condicionada y el beneficio de conclusión anticipada del proceso para aquellas personas que han cometido algún delito electoral en procesos anteriores, pues con estas medidas se declara la extinción de la acción penal y establece sentencias absolutorias.

La senadora Pilar Ortega Martínez, del PAN, preguntó al aspirante sobre los cuáles son los problemas que considera más graves y que tienen que ser atendidos por la Fiscalía.

Del PRI, la senadora Ivonne Álvarez García cuestionó sobre cuáles serían las primeras medidas que se deben aplicar para prevenir los delitos en los comicios del próximo año.

Bellos Solís dijo que se tiene que acelerar las investigaciones y contar con una “determinación inmediata” para poder resolver los problemas que se identifican en las elecciones. Para ello, agregó, es necesario que las diligencias de las carpetas de investigación sean las menos posibles y obligar a las agencias del Ministerio Público a recibir las denuncias.

Antonio Sorela Castillo propuso habilitar agencias del ministerio público itinerantes en el país, y así acudir a la Fiscalía no se convierte en obstáculo para denunciar; además de analizar las herramientas como el “fepademóvil”, porque actualmente no funciona.

Dijo que es importante que los policías y el ministerio público se capaciten en el procesamiento de indicios -recolección, embalaje, sellado y etiquetado- porque si es mal realizado, en el juicio esas pruebas se declararán nulas aunque la investigación sea buena.

El senador Luis Humberto Fernández preguntó ¿cuáles serían las principales limitaciones de la justicia electoral en México?

La senadora Pilar Ortega, presidenta de la Comisión de Justicia, cuestionó ¿cuáles son las razones por las que garantizaría una independencia de cualquier corriente política, en caso de ser designado como titular de la Fepade?

La senadora Ivonne Álvarez preguntó ¿cuál es el rezago actual en la Fepade y cómo se podría abatir?

En cuanto a las limitaciones de justicia electoral, Sorela Castillo contestó que una de ellas es la capacitación de los servidores públicos, porque no hay una debida prevención del delito y se debe fortalecer ese rubro.

A la senadora Pilar Ortega le dijo que no tiene relación con ningún actor electoral y puede garantizar autonomía; además de que no tiene alguna carpeta de investigación iniciada o averiguación previa, “creo que gozo de una reputación reconocida en el país”, dijo.

En el tema del rezago, detalló que hay más de dos mil carpetas de investigación iniciadas con el nuevo sistema procesal penal; y en su proyecto propone abatir el rezago en 25 por ciento en 45 días.

Eugenio Reyes Contreras dijo que para tratar la comisión de delitos de mayor incidencia es necesaria una constante comunicación con el Instituto Nacional Electoral y la Secretaría de Gobernación, a fin de tener conocimiento de los posibles conflictos en las entidades federativas y generar una estrategia para inhibir los ilícitos en la materia.

Comentó que resulta indispensable fomentar la participación de la comunidad en general, instituciones académicas y de organizaciones sociales para fomentar una campaña de educación cívica sobre temas electorales. Destacó la necesidad de aumentar el número de sentencias condenatorias para abatir la impunidad, evitar el entorpecimiento de las investigaciones e impedir la polarización social en los procesos electorales.

El senador Luis Humberto Fernández Fuentes preguntó al magistrado Reyes Contreras cuáles fueron sus criterios para negar un amparo a una comunidad Otomí en un conflicto con la constructora Higa.

La senadora Pilar Ortega Martínez cuestionó sobre el rebase de los topes de gasto de campaña y sus efectos en la anulación de una elección.

La senadora del PRI, Ivonne Álvarez García Ivonne, preguntó sobre las medidas que implementaría para fortalecer las capacidades técnicas y operativas de la Fepade.

El magistrado Reyes Contreras dijo que es falso que haya sido el ponente de dicha sentencia en contra de la comunidad Otomí y que haya negado sus derechos. Reconoció que fue parte de la resolución porque el tema se resolvió de manera colegiada en el órgano donde se desempeña, pero “no fue no fue un tema de indígenas, sino por un tema delimitación de tierras”.

Carlos Enrique Bueno Pérez comentó que sería conveniente que hubiera una equidad en cuanto a los recursos para los precandidatos, candidatos y partidos políticos, así las autoridades responsables se darían cuenta fácilmente si existiera una violación a la norma.

Propuso una integración del sistema de procuración de justicia electoral -el INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial y la Fepade- para que exista coordinación en la responsabilidad administrativa.

El senador Luis Humberto Fernández preguntó sobre la negativa de la PGR para dar información sobre un informe de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que presuntamente confirmaban lavado de dinero en transacciones de la campaña del ex presidente Vicente Fox, porque las notas periodísticas lo mencionan.

La senadora Pilar Ortega cuestionó ¿cuál sería su plan de acción para tratar de revertir la falta de credibilidad en las instituciones?

La senadora Ivonne Álvarez preguntó ¿cuáles son las principales problemáticas que hoy enfrenta la Fepade y sus áreas de oportunidad?

Bueno Pérez respondió que si se solicita un informe relacionado con el Presidente, es imposible que la representación social la brinde, porque actualmente el Código Nacional de Procedimientos impone esa limitación.

En cuanto a construir credibilidad en las instituciones, dijo que es posible revertir la situación mediante el profesionalismo; se necesita tener un servicio de carrera, para que a través de exámenes se pueda acceder a una mejor posición.

Detalló que las principales afectaciones en la Fepade son: la falta de personal y que existan 72 mandos; y que la Fiscalía necesita gente que tenga conocimientos y experiencia en el sistema, en el anterior y en el actual.

Eduardo Alfonso Guerrero Martínez indicó que es académico desde hace 40 años y en promedio imparte clases a 400 alumnos por año en universidades públicas y privadas. Aclaró que su independencia es integra y “nunca he sido tapadera de nadie”, además, aseguró que nadie le puede acusar de haber sido “dócil ante la dádiva o la consigna”.

Propuso forjar un “mapa político del país” para saber cuáles son las principales fuerzas políticas en cada estado y también realizar un “mapa de riesgo electoral” que recoja las experiencias documentadas, a partir de denuncias e indagatorias, con el objetivo de tener una idea más clara de los “focos rojos”, donde “pudiera incidir la delincuencia electoral”.

La senadora del PAN, Pilar Ortega Martínez preguntó sobre cuáles considera que serán los principales retos a los que se enfrentará la Fiscalía.

La senadora Ivonne Álvarez García, del PRI, elaboró su pregunta en torno a la realización de un programa que garantice la transparencia y la legalidad en las próximas elecciones.

En sus repuestas, Guerrero Martínez dijo que con el afán de mantenerse en el poder, muchas fuerzas políticas intentarán comparar o coaccionar el voto.

Enrique Correa Ultreras dijo que es casi imposible darle cierta autonomía a la Fiscalía; el reglamento interno de la PGR establece que la Fepade tiene autonomía técnica y operativa, pero no es así porque tiene que recurrir a oficinas centrales por ministerios públicos, servicios periciales, policía investigadora y el personal técnico-científico y operativo-administrativo.

Abundó en que la Fepade no podría subsistir por si sola porque depende de otros entes para coexistir y convivir; dijo que se debe instaurar un programa más exhaustivo de prevención, y no sólo enfocarse en ella en los periodos electorales.

El senador Luis Humberto Fernández preguntó se podría confundir la autonomía de la Fepade con el libertinaje de un funcionario público.

La senadora Pilar Ortega Martínez cuestionó qué acciones y estrategias implementaría para revertir el fenómeno que se da en torno a la investigación del delito.

El senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del PRI, preguntó cuáles serían sus acciones para dar certeza de confianza e imparcialidad al trabajo realizado por la Fepade.

Correa Ultreras respondió que en cuanto a la autonomía de la Fiscalía, se debe evitar el libertinaje, pero que sí tenga libertad para tomar sus decisiones; en el tema de las estrategias, refirió que once meses en el cargo son pocos para implementar un plan definido.

En el marco del proceso electoral del 2018, lo que la Fiscalía debe hacer es enfocarse a prevenir los delitos; y señaló que la PGR debe “inyectar más servidores públicos a la Fepade para enfrentar estos once meses que casi va pegado con la contienda electoral”.

En su turno, José Cuitláhuac Salinas Martínez señaló el origen de los problemas en la Fepade es la fala de profesionalización y capacitación técnica jurídica del personal, incluyendo al de los ministerios públicos, así como la ausencia de explotación de las técnicas de investigación.

Propuso un plan de formación, actualización, capacitación y profesionalización de servidores públicos en temas como el derecho constitucional, el impacto en materia penal, argumentación jurídica, comunicación y litigación oral penal.

Del PT, el senador Luis Humberto Fernández Fuentes cuestionó al candidato sobre la intervención telefónica para perseguir delitos electorales y si es ilegal en estos casos.

La senadora Pilar Ortega Martínez, del PAN, preguntó sobre el programa de trabajo que implementaría en la FEPADE.

En tanto, el senador del PRI, Jesús Casillas Romero cuestionó cómo se habrá de constituir la Fiscalía en una instancia de protección de los derechos humanos en materia de democracia.

Salinas Martínez precisó que sí se puede solicitar la intervención de las comunicaciones, pues no hay ninguna limitación legal y se pude realizar mediante una solicitud a un juez de control. Indicó que este tipo de acciones son fuentes de información que pueden explotar cualquier Ministerio Público.

Enrique Alejandro Santoyo Castro dijo que se debe buscar que el ministerio público tenga una actuación ética y basada en los derechos humanos. También se deben utilizar los procedimientos abreviados y fomentar la transparencia.

También se deben manejar estrategias anticorrupción mediante la vigilancia para que los fiscales y ministerios públicos no actúen en forma corrupta. Añadió que no tiene vínculos partidistas.

La senadora Pilar Ortega Martínez preguntó cuáles serían los errores que evitaría para fortalecer el sistema penal acusatorio.

Jesús Casillas Romero solicitó una explicación de hasta dónde llega la transparencia sin vulnerar el sigilo de una investigación.

Santoyo Castro respondió que cualquier servidor público se debe ceñir a lo que establece la Ley, y en el Código Nacional hay límites importantes, como no romper con la presunción de inocencia.

Añadió que el nuevo titular de la Fiscalía no puede actuar con los vicios del anterior sistema acusatorio, porque hay un juez de control que revisa el procedimiento; no se debe reeducar a los servidores públicos, sino trabaja en equipo y con transparencia.

Pedro Miguel Ángel Garita Alonso manifestó que la necesidad más grande del país, es hacer que se cumpla la ley sin excepción y distinción alguna, como parte de la cultura de la legalidad.

Mencionó que su proyecto busca contribuir al avance de la democracia, la gobernabilidad y la seguridad de la población, al respeto, protección y defensa de los derechos humanos y a prevenir los delitos electorales.

La senadora Pilar Ortega Martínez preguntó sobre si el marco jurídico permite penas más severas en este tema. En tanto, el senador Jesús Casillas Romero cuestionó al candidato respecto a las causas y consecuencias de los delitos electorales.

Garita Alonso expuso que las sanciones penales que se contemplan en la actualidad son insuficientes, por lo que si después de las elecciones de 2018 se observa la necesidad de agravar las sanciones que se haga el diagnóstico pertinente y se proponga a los órganos legislativos.

En la ronda de preguntas a los aspirantes a dirigir la Fepade, participaron los integrantes del Comité de Acompañamiento Ciudadano.