Por. Redacción/
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), a través de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), publicó con el apoyo de la Corporación Financiera Internacional (IFC por sus siglas en inglés), la tercera edición del Código de Edificación de Vivienda, con el que se pretende fomentar las mejores prácticas en la materia, tomando en cuenta las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) y las Normas Mexicanas (NMX) vigentes a 2017.
El Código de Edificación de Vivienda tiene como objetivo el diseño y la edificación de viviendas seguras, habitables, accesibles y sustentables, en un contexto urbano ordenado y equilibrado, beneficiando a los involucrados en la edificación de vivienda y sus habitantes.
A través de este código, se otorga a los gobiernos locales un instrumento actualizado con los ordenamientos jurídicos que rigen la edificación en el ámbito nacional; el cual puede adaptarse técnicamente a las características físicas, climatológicas, de riesgo y de uso de materiales de la región.
Por medio del Código de Edificación de Vivienda, los gobiernos locales podrán:
Establecer criterios para hacer más eficientes los procesos de edificación.
Incorporar avances tecnológicos en su normatividad.
Promover la utilización de productos y servicios estandarizados.
Generar mayor competitividad en el mercado.
Impulsar la edificación de vivienda sustentable.
Fomentar la participación de todos los agentes involucrados en la edificación.
Profesionalizar los servicios implícitos en la edificación.
En la tercera edición del Código de Edificación de Vivienda se establece que las viviendas y unidades habitacionales de hasta cinco niveles de todos los estratos económicos deberán vigilar los aspectos de habitabilidad, seguridad física, sustentabilidad, mecanismos administrativos; así como los relacionados con los planes de desarrollo urbano locales.
De esta manera, el Gobierno de la República hace valer el Artículo 72 de la Ley de Vivienda donde se establece que la CONAVI debe formular un modelo normativo voluntario para que las autoridades apliquen los códigos de procesos de edificación y/o reglamentos de construcción.
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