• “México no tiene la capacidad de dar refugio y oportunidades laborales a migrantes”, afirmaron especialistas de la UAM al participar en la mesa “Derechos humanos y pandemia”.

Por: Redacción/

Con la pandemia el acceso a la justicia se ha complicado en todas las esferas, ya que las violaciones a los derechos humanos siguen, mientras los mecanismos de defensa a las garantías individuales se han detenido, lo cual se convierte en un factor propicio para migrar, comentó la maestra Jazmín Sánchez Estrada, jefa del Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Ante el incremento en la solicitud de asilo en América Latina y la cantidad de refugiados en territorio mexicano provenientes de Honduras, El Salvador, Haití, Venezuela y Cuba, entre otros países, la población ve este fenómeno como algo que le asusta mucho, por considerarlo ilegal, de riesgo y una forma de criminalización que asocian a la seguridad nacional y la soberanía del Estado, apuntó durante la mesa Derechos humanos y pandemia.

Las personas han vivido desde sus orígenes la migración, la cual evoluciona como necesidad por cuestión natural, de intercambio social, por componentes medioambientales, inestabilidad política o económica, por riesgo inminente debido a grupos de la delincuencia organizada y por condiciones de vulnerabilidad en la salud causadas por la crisis sanitaria.

Por ello para el ejercicio efectivo de este derecho deben crearse las condiciones y la organización necesarias, generando canales de comunicación que permitan a los migrantes conocer que en Estados Unidos no están abiertas las fronteras para recibirlos y que en México tampoco se cuenta con la capacidad de darles a todos posibilidad de refugio y oportunidades laborales.

Lo importante es entender que este es un fenómeno permanente del cual “debemos eliminar todos los prejuicios y cambiar el tipo de lenguaje para lograr sensibilizarnos y tener una cultura de respeto; cada ciudadano debe responsabilizarse de lo que le corresponde hacer y quitarnos la idea de etiquetar como persona legal o ilegal y más bien considerarla como un sujeto en una situación migratoria regular o irregular”.

La maestra Sandra Salcedo González, profesora del Departamento de Derecho, sostuvo que “este año y medio ha sido frustrante por el hecho de que no encontramos salidas claras; las violaciones siguen y lo que se aborda en todos los medios es la pandemia, las vacunas, el conteo de los contagios y fallecimientos, lo cual hace todavía más difícil posicionar el tema del acceso a los derechos humanos en la agenda para presionar al Estado y sus instituciones a cumplir de mejor forma con sus obligaciones”.

La principal problemática “a la que nos estamos enfrentando, tanto a nivel nacional como internacional, es el acceso a la justicia y a la vigencia de los derechos humanos en las sociedades”. Los grupos más vulnerables son los migrantes, los periodistas, los que fueron privados de su libertad, trabajadores de la salud, niñas y niños, adolescentes, mujeres, poblaciones callejeras, discapacitados, comunidad LGBTTTIQ+. La situación se recrudece por la discriminación histórica y las situaciones de desventaja.

“Desafortunadamente se han dificultado los procesos del sistema de justicia por la vía digital: hay obstáculos para poder hacer las denuncias y seguir los procedimientos de queja; no se sabe cómo es el uso de los servicios en línea; se tienen limitaciones técnicas; se piden mayores requisitos en comparación con los establecidos de manera presencial.

Además, los expedientes electrónicos llegan a estar incompletos o tardan mucho en subir la información; hay falta de certeza sobre la fecha de notificación e inconsistencia en las de acuerdos y promociones; así como inconvenientes por parte de las personas que están litigando para entrar en comunicación con servidores públicos de los juzgados”.

Ante esta situación es preciso promover en México un marco jurídico en torno a la justicia digital y redoblar esfuerzos en el tema de transparencia y acceso a la información. “Aunque a todas las personas se nos tenga que garantizar el derecho a la justicia, debe haber medidas diferenciadas para atender a grupos vulnerables y tener una innovación en los procesos para resolver por un lado lo atrasado y por el otro lo reciente, “para que no se sumen nuevas restricciones en el sistema de justicia que es lo que lo que reportan las víctimas”.

Por último, reconoció que aun cuando la justicia no es una realidad para la mayoría de la población en el país, se ha estado trabajando desde el propio Poder Judicial, las instituciones del Estado, pero sobre todo con el impulso que puede haber desde las universidades y la labor docente que forma a los recién egresados para que tengan las bases y en el litigio lo hagan de la mejor manera.

En esta mesa del Foro de Derechos humanos, también participaron los doctores Luz Elena Baca, Francisco Ramírez y Saúl Jerónimo Romero, jefe del Departamento de Humanidades de la Unidad Azcapotzalco, quien mencionó que en el Librofest siempre han dedicado un foro para tratar temas sobre los derechos y más ahora en tiempos de pandemia, que se ha agudizado la imposibilidad de acceder a la ley. “Este espacio nos ha permitido llevar a la reflexión temas sobre nuestra sociedad, incluso proponer algunas soluciones para resolver las inquietudes que tenemos”.