Por: Redacción/

La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, quien desde 2007 ha sido estudiosa del tema, se congratuló por el decreto del Presidente de la República mediante el cual se eliminan fideicomisos, mandatos y contratos análogos para que, a más tardar el 15 de abril, se reintegren a la Tesorería de la Federación todos los recursos públicos federales que formen parte de ellos.

Consideró que con la extinción de los fideicomisos se cierra una página de opacidad, oprobio y corrupción que prevaleció en gobiernos anteriores, como ella misma documentó desde 2007 a través de su trabajo académico.

Expresó su compromiso por la correcta aplicación de la medida y anunció que los Órganos Internos de Control en la Administración Pública Federal asegurarán que dichos instrumentos se extingan y los recursos con los que cuenten sean correctamente transferidos para nutrir los programas prioritarios del Gobierno de México.

El decreto publicado por el Presidente establece que la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público colaborarán en la aplicación de la medida.

Desde la publicación de la Ley Federal de Austeridad Republicana, impulsada por la Secretaría de la Función Pública, ambas dependencias iniciaron un estudio de los fideicomisos públicos federales, su normatividad, estructura, patrimonio, objeto, eficiencia y eficacia.

Ahora, ese análisis será la base para dar respuesta a las consultas que realice la Secretaría de Hacienda sobre la desaparición o permanencia de los fideicomisos que no hayan sido creados por ley.

La secretaria de la Función Pública espera que esta histórica acción del Presidente de la República sea emulada por las entidades federativas, por los órganos autónomos y por el Poder Judicial de la Federación.

“Desde 2007, como académica, pude documentar y analizar la opacidad de los fideicomisos, y hoy me da gusto ser parte del gobierno que da este paso a la transparencia al desaparecer buena parte de ellos”, afirmó.

La secretaria Sandoval Ballesteros agregó que “este decreto complementa la Ley Federal de Austeridad Republicana -en cuya redacción apoyó la Función Pública-, crea áreas de veda y establece reglas más estrictas para la creación de fideicomisos, lo cual es reflejo de una política de gasto integral que avanza hacia un ejercicio presupuestal con más transparencia y rendición de cuentas”.

Como académica e investigadora de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la secretaria Irma Eréndira Sandoval ha sido de las pioneras en el estudio sistemático de los fideicomisos y la falta de rendición de cuentas que esos instrumentos encerraban.

Cabe recordar que fue la fundadora y coordinadora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia de la Máxima Casa de Estudios. En su libro Rendición de Cuentas y Fideicomisos: El Reto de la Opacidad Financiera, editado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en 2007, Sandoval Ballesteros destacó que todos los asuntos públicos, y sobre todo los relacionados con el desarrollo económico de la nación y con las actividades prioritarias de los gobiernos estatales y federal como las que caracterizan a los fideicomisos públicos, deben operar apegados a los principios de control, vigilancia, fiscalización y rendición de cuentas de los recursos del erario.

En esa publicación -prologada por Arturo González de Aragón, entonces titular de la ASF-, señaló sonados ejemplos de opacidad, como el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), el Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas, el Fideicomiso para Apoyar el Cambio de Administración del Ejecutivo Federal, y el Fideicomiso “Transforma México” de Lotería Nacional, y refirió que los fideicomisos “frecuentemente llegaron a convertirse en los instrumentos favoritos para fomentar la opacidad en el manejo, monto y destino de los fondos públicos”.

De ahí la importancia de asegurar una estricta rendición de cuentas sobre estos instrumentos, para generar ahorros que permitan lograr una “Economía para el bienestar”, uno de los principios rectores del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, a través del cual el Gobierno Federal retoma el camino del crecimiento sin corrupción y con austeridad, disciplina fiscal y cese del endeudamiento.