Por: Redacción/

Es sorprendente que en la Ciudad de México sólo existan dos centros especializados para atender a cerca de una tercera parte de la población capitalina enferma de diabetes cuyos diagnósticos no son los mejores para un sano desarrollo familiar, social y económico de la capital del país, sostuvo la diputada Ana Juana Ángeles Valencia.

En ese sentido argumento la utilidad de invertir más en políticas públicas de salud, eficaces y eficientes donde la prevención de la diabetes sea el punto de partida.

Consideró la necesidad de crear más centros de atención médica que se dediquen a la educación nutricional y preventiva porque llegará el momento en que los presupuestos no alcancen para atender a la creciente población con este mal y con ello se detenga el crecimiento económico porque, argumentó, una sociedad enferma estará condenada al fracaso.

Hizo notar que del total de capitalinos, casi nueve millones, existen un millón 170 mil personas con diabetes y un millón 530 mil están diagnosticados con prediabetes, es decir, explicó, que hoy tenemos poco más de dos millones 700 mil personas, en riesgo potencial con esa enfermedad.

Recordó que con base en cifras proporcionadas por la Secretaría de Salud capitalina, en 2016 se registraron poco más de ocho mil personas con diabetes, mismas que fueron atendidos en el segundo Centro Especializado en el Manejo Integral de la Diabetes, ubicado en la delegación Iztapalapa, inaugurado ese mismo año.

Mencionó que en la Ciudad de México, en 2013, cerca del 60 por ciento de la población registró sobre peso y obesidad y derivado de ello se reconocieron más de 63 mil casos de diabetes y que en ese sentido el gobierno capitalino se vio en la necesidad de inaugurar el primer el Centro Especializado en el Manejo de la Diabetes más por la emergencia que por una política de prevención.

La legisladora convocó a las autoridades del Sector Salud federal para que el IMSS, ISSSTE y dependencias de la Secretaría de Salud den a conocer a cuantos derechohabientes atienden del total con este padecimiento y a través del Seguro Universal porque los dos centros de atención local atienden sólo a cerca 71 mil afectados al año, de un total de 2 millones 700 mil personas en riesgo potencial, sin contar a los que no tienen ni la menor idea de padecer la enfermedad.

De igual manera propuso a los empresarios de las industrias alimentarias vean a los mexicanos como seres humanos y no como un signo de pesos, al destacar que las botanas y las bebidas carbónicas azucaradas, los refrescos, son los productos que más consume la población de cuyas ventas obtienen jugosos beneficios económicos.

En ese sentido, sostuvo, deben ser corresponsables en la atención a la salud y destinar por lo menos una cuarta parte de sus ganancias netas y no lo que ellos reconocen como “responsabilidad social”, cuya aportación es más de protocolo.

Ejemplificó que la diabetes infantil tipo II, es una enfermedad derivada de los malos hábitos de alimentación, y que en México, cuatro de cada 10 niños padecen obesidad en algún grado, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, de la Secretaría de Salud, e hizo notar que con base en datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el país ocupa el primer lugar a nivel mundial por este padecimiento y el segundo en adultos.

Destacó que de acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), la atención de un paciente con diabetes cuesta entre mil 300 y cuatro mil pesos mensuales y que una persona que gana el salario mínimo gastaría la mitad de su sueldo y no podría pagar el tratamiento de su enfermedad, pues sólo recibe dos mil 300 pesos al mes.

Ángeles Valencia sustentó que para lograr la equidad y desarrollo sustentable y abatir la pobreza en la Ciudad de México es necesario invertir más en políticas públicas de salud eficaces y eficientes donde la prevención sea el punto de partida y no la consecuencia de los altos índices de mortandad ante el crecimiento de pacientes con diabetes.

Precisó que un avance importante en sí mismo es crear conciencia sobre la necesidad de invertir más y mejor en la prevención, dada la trascendencia de esta medida en materializar el bienestar de las personas y el importante papel que desempeña en la promoción del desarrollo y crecimiento económicos.