Por: Redacción/

Derivado del posicionamiento del presidente de la República electo, respecto a la compra centralizada de bienes, servicios y obra pública, la cual estará a cargo de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la senadora ciudadana, Martha Tagle Martínez expresó que “es un error otorgarle un poder monopólico a una institución o área, en este caso a la oficialía mayor de la SHCP”, expresó que dicha medida genera diversos cuestionamientos respecto a los beneficios o perjuicios que traería consigo.

Recordó que este tipo de acciones sobre el control del gasto público se aplica en diversos países de la Unión Europea, por ejemplo, en Reino Unido esta acción tardó más de un sexenio en dar resultados y dependió de la volatilidad de su moneda.

“Diversos actores hemos sido enfáticos en manifestar la posición de poder y privilegio de la Secretaría de Hacienda, por ello es indispensable un rediseño de la misma que permita crear contrapesos, para no perpetuar losactos de corrupción y desvíos millonarios de recursos públicos, que han contado con un amplio margen de discrecionalidad e impunidad”, señaló.

Asimismo, mencionó que Brasil es uno de los países en América Latina que han instaurado el mismo modelo, sin embargo, los índices de corrupción no han disminuido, incluso ocupa el primer lugar en corrupción de acuerdo al Latinobarómetro, 2017.

Tagle Martínez, indicó que es necesario atender cuestiones inmediatas como el control, uso y destino del Ramo 23 que está a cargo de la SHCP y en consiguiente erradicar las prácticas de corrupción, desvíos millonarios y uso discrecional del presupuesto.

Ante ello Tagle Martínez, indicó que “es imperante que el próximo gobierno incluya dentro de sus prioridades, la implementación integral del SNA, que recientemente cumplió 2 años, y que continúa acéfalo al no contar con un(a) Fiscal Anticorrupción, así como, de los 18 magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa especializados en el combate a la corrupción, es urgente agilizar la operatividad”.

La senadora por la Ciudad de México dijo estar a favor de la austeridad y mencionó que “se deben generar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que fortalezcan el uso adecuado de los recursos. Mi postura es a favor de la austeridad y el ahorro, pero sin subestimar la transparencia, con ello podemos combatir la corrupción en materia de compras y licitaciones”, retomó lo señalado por diversos especialistas que dieron a conocer cifras el año pasado que de los 228 mil contratos públicos, por un valor de 585 millones de pesos, el 78 por ciento fue mediante adjudicación directa.

La legisladora reiteró que el modelo de “compras centralizadas” es cuestionable, subrayó la advertencia de diversos expertos en la materia sobre la probabilidad de que estas licitaciones o adjudicaciones solo beneficien las compras a “gran escala” que dominan las empresas reconocidas sin dar oportunidad de competir a las pequeñas y medianas empresas.

Finalmente, se sumó a las voces que han manifestado su preocupación respecto a que, como parte del plan de austeridad presentado por quienes integrarán el próximo gobierno federal, se revise lo concerniente a los derechos laborales de los servidores públicos. La austeridad no tiene que ver con el despido del servicio público, sino en cómo ejercer un gasto razonado y encaminarlo a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, “el ahorro debe traducirse en crecimiento y desarrollo, y no en estancamiento”, concluyó.