Por: Redacción

Comparecieron ante la Comisión de Justicia del Senado de la República los integrantes la sexta terna de candidatos a ocupar el cargo de Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF): Indalfer Infante González, Ángel Zarazúa Martínez y Eugenio Reyes Contreras.

El senador Fernando Yunes Márquez, presidente de la Comisión de Justicia, agradeció a los integrantes de dicha comisión y a los interesados en este proceso, por su participación en la comparecencia de los aspirantes a ocupar el cargo de Magistrado de Sala Superior del TEPJF.

Yunes Márquez consideró pertinente preguntar al último compareciente, Eugenio Reyes Contreras, ¿Qué le sumaría a la Sala?, es decir, ¿Qué nos diría usted a los senadores que tendremos que tomar esta decisión en el Pleno, si el perfil profesional, académico o bien en materia jurisdiccional, le sumaría a la Sala tal, y por ello debo ser yo la persona?

El senador de PRI, Jesús Casillas Romero, formuló sus preguntas a Indalfer Infante González, en el sentido de qué opinión tiene acerca de que los tribunales resuelven atendiendo sólo aquellos agravios vinculados a la forma y dejan de lado resolver el fondo de los asuntos, argumentando que por técnica resolutiva lo primero a resolver son las cuestiones de forma.

Además, preguntó: En caso de llegar al TEPJF ¿Cómo coadyuvaría para cumplir estas obligaciones? Y, agregó que el TEPJF está integrado por cinco salas regionales y una Sala Regional Especializada, a lo que preguntó ¿qué relación institucional deben de existir entre estas?

Por su parte el senador Manuel Cavazos Lerma, del Grupo Parlamentario del PRI, preguntó al segundo aspirante, Ángel Zarazúa Martínez: ¿Cree usted efectivamente que existe jurisprudencia en exceso? y ¿Cree también que hay judicialización en la política, y yo añadiría politización en la justicia?

Por su parte, el senador Enrique Burgos García, del PRI, hizo cuestionamientos al tercer aspirante, Eugenio Reyes Contreras, referentes a la paridad entre mujeres y hombres, como un derecho constitucional, por un lado, pero por el otro, a sus derechos humanos.

Explicó que el artículo 2º de la Carta Magna dice: “El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional”. La Constitución, añadió, reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación, y en consecuencia a la autonomía para decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural.

Por el Grupo Parlamentario del PAN, la senadora Pilar Ortega Martínez, preguntó a Indalfer Infante sobre ¿cuál sería la garantía que los mexicanos tendrían de que, en la nueva composición de la Sala Superior, se va a realizar un trabajo que garantice una experiencia y un conocimiento en materia electoral que no ponga en riesgo ningún proceso electoral?

Asimismo, pidió un comentario sobre el hecho de que el Tribunal es la máxima autoridad en materia de justicia electoral, por lo tanto puede ser el último peldaño y evitar que los aspirantes busquen la magistratura para la Suprema Corte de Justicia de la Nación o viceversa.

Su correligionario, el senador Héctor Flores Ávalos, formuló sus preguntas al segundo ponente sobre los topes de campaña y el gasto excesivo hasta por cinco por ciento, que está previsto en la norma constitucional. Preguntó si él comparte ese criterio o le parecería que el legislador debiera ser mucho más acucioso en la definición de los parámetros objetivos que le dan al límite al concepto.

Por parte del Grupo Parlamentario del PRD, la senadora Angélica de la Peña Gómez, secretaria de la Comisión, en su primera intervención preguntó sobre cuáles han sido las mayores dificultades a las que se ha enfrentado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y cuáles han sido las determinaciones que se han tomado para hacerle frente.

Y cuestionó sobre cuáles serían las reformas más importantes que deben realizarse, tanto a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación como a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Además cuestionó: ¿cuál considera que debe ser el papel de un juez garantista en materia electoral? Como juzgador electoral, de acuerdo a su experiencia en el Poder Judicial, ¿de qué manera podrá contribuir a generar certeza en las resoluciones desde la Sala Superior?

En tanto, el senador Carlos Puente Salas, del Grupo Parlamentario del PVEM, preguntó al primer candidato si la Sala Superior tiene la facultad de desaplicar leyes nacionales y su opinión sobre si flexibilizar su ejercicio, pone en riesgo el principio de seguridad jurídica para ciudadanos candidatos o partidos políticos.

Cuestionó si nuestra legislación realmente logra impedir el ingreso de dinero de procedencia ilícita a las campañas electorales. En caso de no ser así, ¿Cuáles serían sus propuestas o su opinión para poder mejorar dicha fiscalización o mejorar en este caso la legislación para poder evitar ese dinero de procedencia ilícita en las campañas?

El senador del Grupo Parlamentario del PT, David Monreal Ávila, expuso que durante los comicios del presente año el INE señaló que las elecciones se realizaron en total calma, sin embargo aseguró que eso no fue la realidad. Preguntó ¿Cuáles cree que son los principales retos que tendrá la Sala Superior del Tribunal Electoral para la elección del 2018? y ¿Cómo deberían de ser las sentencias para hacerlas más amigables con los ciudadanos?

El senador preguntó a Ángel Zarazúa si ¿en verdad para usted la democracia mexicana puede considerarse políticamente madura, cuando la compra y coacción de votos, el uso de programas sociales a favor de un partido u otro, o bien los bajos niveles de participación ciudadana son una práctica generalizada en todas las elecciones? ¿Sería esta una sociedad democráticamente madura?

La senadora Martha Tagle Martínez, preguntó a sobre el criterio con respecto al tema de la paridad horizontal y si debería prevalecer el criterio de la Corte o el del Tribunal. Cuestionó además ¿Cuál es su opinión respecto a la consecuencia prevista en el párrafo 3 del artículo 229, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que establece la consecuencia jurídica para el caso en que no sean presentados a la autoridad electoral los informes de gasto de precampaña?

Por parte de la sociedad civil, el representante de Artículo 19 cuestionó sobre los instrumentos internacionales y nacionales para garantizar el derecho efectivo al sufragio de personas con discapacidad; mientras que el participante por Observatorio Electoral y Estrategia Electoral pidió la opinión sobre los múltiples viajes que realizan los juzgadores electorales en ejercicio de sus funciones.

Indalfer Infante González aseguró que de llegar a la Sala Superior se dedicará de tiempo completo a los asuntos jurisdiccionales del Tribunal, pues consideró que el cargo requiere de toda la atención por el cúmulo de asuntos, por la importancia que tiene en la vida nacional, en la vida política del país y por el respeto de los derechos democráticos de los ciudadanos.

Subrayó que uno de los retos de la Sala Superior, y no sólo de la justicia electoral sino de toda la justicia en México, es cómo transmitir a la sociedad lo que los Magistrados hacen de una manera efectiva y que cómo juzgadores ser congruentes.

Enfatizó que como tribunal de última instancia, cuando analiza un asunto, se tiene que proceder con detenimiento y prudencia, pues aseveró que no puede hacerse a la ligera; y en cuanto a la desaplicación de las leyes nacionales, señaló que la Sala tiene la facultad de desaplicar las normas.

Ángel Zarazúa Martínez expuso, sobre topes de campaña, que toda conducta debe ser sujeta a revisión y a sanción, y señaló que en caso de la entrega extemporánea el reporte de gastos de precampaña se deberá respetar el registro del candidato, que puede retirarse en el supuesto que no los reporte a la autoridad electoral.

Por otro lado indicó que la población tiene el derecho a ser informada sobre estos gastos, pues señaló que la sociedad debe emitir su voto con más madurez política, y consideró que en el curso de las campañas políticas se debe respetar la libertad de expresión, aunque se pronunció en contra de la difamación.

Subrayó que no es momento de implementar los juicios orales en el tema electoral, pues aseveró que primero se debe aplicar en el ámbito para lo cual fue implementado y, posteriormente, pensar en si es conveniente aplicarlo a esta materia.

Eugenio Reyes Contreras expuso que el papel garantista del juzgador se da cuando un órgano se conforma con magistrados integrados, al que se someten los asuntos y emite un criterio siempre uniforme y apegado a la legalidad.

Sobre la desaparición de los tribunales electorales locales, enfatizó que no es posible porque es inconveniente centralizar en el INE los asuntos jurisdiccionales y administrativos.

En relación a cómo debería ser un juez garantista en cuanto a usos y costumbres, indicó que habría que valorar cuando se someta un asunto a su consideración y sopesar los derechos que están en juego. Por ejemplo el derecho humano de la mujer a votar y ser votada en una comunidad indígena, y por otro, el respeto a los usos y costumbres.

Aunque puntualizó que si en el caso no se violentan realmente sus costumbres, por el hecho de reconocer un derecho humano, el juzgador tendría que irse por el derecho humano de votar y ser votado.