Por: Redacción

Como parte de las reformas que han hecho posible el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), este miércoles entra en vigor, en todo el país, la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), que establece las faltas administrativas graves y no graves de los servidores públicos y de particulares, así como las sanciones por sus actos u omisiones.

En el entendido de que la lucha contra la corrupción requiere de corresponsabilidad entre el sector público y el privado, esta Ley prevé sanciones para los particulares, personas físicas y personas morales o jurídicas –empresas– por actos vinculados con faltas administrativas graves.

Asimismo, esta Ley prevé un capítulo de integridad de las personas morales, cuyos artículos 21 y 25 establecen que para determinar la responsabilidad la autoridad valorará si las empresas cuentan con una Política de Integridad Empresarial.

En este sentido, y para dar cumplimiento a estos artículos, la Secretaría de la Función Pública (SFP), a través de la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés, puso a disposición un Modelo de Programa de Integridad Empresarial, consultable en la siguiente liga: http://bit.ly/UEEPCI21

El documento contiene sugerencias, buenas prácticas y lineamientos generales que las empresas podrán implementar para contar con un Programa de Integridad Empresarial; presenta también ejemplos de ejecución y referencias a la experiencia de otras empresas y compañías en distintos sectores. El objetivo de este documento es brindar asesoría al sector privado sobre el cumplimiento de lineamientos para el diseño y aplicación de políticas de integridad.