• En la solicitud de intervención se expusieron los patrones generalizados y sistemáticos de desapariciones forzadas cometidas por efectivos del estado Nayarit durante la gestión del Fiscal Edgar Veytia, quien se encuentra sentenciado en Estados Unidos por narcotráfico.

Por: Oscar Nogueda/

El Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas (CED) emitió acciones urgentes al Estado mexicano para búsqueda e investigación de 39 personas desparecidas en Nayarit en el periodo de abril del 2012 a mayo del 2020.

Asimismo, el Comité urgió a México establecer una estrategia integral de búsqueda de las 39 personas desparecidas en Nayarit, así como una investigación imparcial y que tome en cuenta los patrones y contextos de los casos de desaparición forzada presentados.

En su solicitud de intervención del Comité CED, Idheas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos y cuatro colectivos de búsqueda de personas en Nayarit señalaron patrones generalizados y sistemáticos de desapariciones forzadas cometidas por efectivos del estado Nayarit durante la gestión del Fiscal Edgar Veytia, quien se encuentra sentenciado en Estados Unidos por narcotráfico.

“La mayoría de las desapariciones forzadas denunciadas ocurrieron en 2017 tras la detención del entonces fiscal general del estado de Nayarit, Edgar Veytia. El entonces fiscal general, al mando de numerosos agentes de la policía de Nayarit, utilizó la maquinaria institucional para cometer crímenes graves, entre otros, asesinatos, desapariciones forzadas, tortura y despojo de tierras”, expresó Idheas.

Además, apuntaron que tras la victoria en las elecciones estatales de Antonio Echeverría, se destacó una serie de desapariciones de jóvenes de entre 16 y 35 años de edad en Nayarit, los cuales acusaron que en su gran mayoría fueron realizados agentes de la Fiscalía estatal relacionados con Veytia.

Las cifras oficiales del estado reportan la desaparición de 804 personas, no obstante, los colectivos de familiares sostuvieron que existe un subregistro en los casos.

Al mismo tiempo, Idheas y los Colectivos enfatizaron que no existe voluntad política de la Fiscalía nayarita por esclarecer los hechos y sancionar a los responsables, por lo que añadieron que las omisiones de las autoridades ministeriales da cuenta de una política de encubrimiento de funcionarios públicos en activo que participaron en las desapariciones de personas.

“Acudimos ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU como último remedio ante el infierno que vivimos los familiares de personas desaparecidas en Nayarit. Muchos hemos recibido amenazas por el sólo hecho de buscarlos. Esperamos que con la intervención de las Naciones Unidas, las familias puedan, por fin, encontrar a nuestros hijos desaparecidos y acceder a la verdad, a la justicia y a la no repetición”: Rosa María Jara Montes, coordinadora del Colectivo Por Nuestros Corazones y madre de Alejandro López Jara, desaparecido el 22 de junio de 2017.

Ante esta situación, el Comité CED llamó al Estado mexicano asegurar la competencia, imparcialidad e independencia de la Fiscalía estatal especializada en investigación de personas desaparecidas.

También, instó a investigar las intromisiones de las autoridades que hayan entorpecido lo procesos de investigación y búsqueda, asimismo el Gobierno mexicano debe informar si ha investigado a policías o agentes de la fiscalía estatal que hayan teñido posibles vínculos con Edgar Veytia y la desaparición de las 39 personas incluidas en la solicitud de intervención.

Por otro lado, las autoridades mexicanas deben garantizar el acceso de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y la Comisión de búsqueda de dicho estado a los expedientes penales de las víctimas , así como permitir a los colectivos de familiares realizar sus actividades de búsqueda sin ser objetos de actos de hostigamiento.

Igualmente, el Gobierno mexicano deberá permitir el acceso oportuno y eficaz para las víctimas a las medidas de ayuda inmediata, asistencia y reparación integral. El Estado mexicano tiene hasta el 7 de septiembre para enviar la información pertinente sobre el cumplimiento de estas disposiciones internacionales.