Por: Redacción

Las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, aprobaron el proyecto de decreto por el que se expide la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

El nuevo ordenamiento tiene por objeto establecer el método de cálculo que debe aplicar el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para determinar el valor actualizado de la UMA.

Dispone que dicha figura se utilizará como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y de la Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de dichas leyes.

Las obligaciones y supuestos denominados en UMA, agrega el proyecto, se considerarán de monto determinado y se solventarán entregando su equivalente en moneda nacional. Para ello, deberá multiplicarse el monto de la obligación o supuesto, expresado en las citadas unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha correspondiente

 El valor actualizado de esta unidad de medida se calculará y determinará anualmente por el INEGI, de conformidad con el siguiente método: El valor diario se determinará multiplicando el valor diario de la UMA del año inmediato anterior por el resultado de la suma de uno más la variación interanual del Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de diciembre del año inmediato anterior.

 Además, el valor mensual será el producto de multiplicar el valor diario de la UMA por 30.4 y el valor anual será el producto de multiplicar el valor mensual de la UMA por 12.

 También mandata que el INEGI publique en el Diario Oficial de la Federación, dentro de los primeros diez días del mes de enero de cada año, el valor diario, mensual y anual en moneda nacional de la UMA, y que entren en vigor dichos valores el 1 de febrero de dicho año.

 El senador José Francisco Yunes Zorrilla, presidente de la Comisión de Hacienda, explicó que este proyecto fue enviado por la Cámara de Diputados el pasado 28 de abril, con el propósito de “dar cauce” a la reforma constitucional para deslindar el salario mínimo como núcleo de referencia en diversos ordenamientos legales.