Por: Redacción 

Las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes, Marina y de Estudios Legislativos, Segunda, aprobaron el proyecto de decreto que busca fortalecer la seguridad y protección marítima y portuaria, así como delimitar el ámbito de competencias que tendrán cada una de las dependencias en esta materia.

La iniciativa, que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, y de la Ley de Puertos, fue presentada por el Ejecutivo federal, el pasado 8 de marzo.

El presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, Javier Lozano Alarcón explicó que “se le realizaron unos ajustes menores” a la propuesta del Ejecutivo, pero que en esencia no cambian el objetivo de reorganizar o poner orden en la autoridad marítima nacional, por medio de la distribución de competencia entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Secretaría de Marina (Semar).

Agregó que los temas relacionados con negocios y comercio marítimo se mantienen en la SCT y la parte correspondiente a la seguridad pasa a la Semar, “quien tendrá una dirección general adscrita a la misma y desarrollado el tema en su reglamento interior”.

Se trata, asentó, de un proyecto que evita la duplicidad de funciones, que contribuirá a que exista más certidumbre y seguridad en las operaciones.

A nombre de la Comisión de Marina, el senador Ricardo Barroso Agramont aclaró que la finalidad de las iniciativas es fortalecer las atribuciones de la Marina y generar un frente común y una autoridad unificada para garantizar la seguridad en los mares de México.

“Sabemos que, como país en pleno y franco camino a la globalización, tenemos que fortalecer nuestros puertos, ser muy claros y generar la plataforma jurídica para la Secretaría de Marina”, asentó el legislador del Grupo Parlamentario del PRI.

Por la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, el senador Miguel Barbosa Huerta añadió que se propone, entre otras cosas, que las capitanías de puerto pasen de la SCT a la Semar, lo que significa que esta última dependencia tendrá a su cargo autorizar arribos y despachos de las embarcaciones y artefactos navales.

El legislador del Grupo Parlamentario del PRD se pronunció a favor del dictamen, pero manifestó su preocupación por “su constitucionalidad”. Sin embargo, consideró indispensable hacer una reflexión sobre la necesidad de reformar el artículo 129 de la Constitución.

El senador Ismael Hernández Deras, del PRI, aclaró que “la Marina no tendrá ninguna intervención en asuntos de tipo civil”, sino que “estamos generando un marco jurídico para cuidar y arropar una necesidad de la realidad”, para fortalecer la seguridad y, sobre todo, el comercio internacional.

Del PAN, el senador Jorge Luis Lavalle Maury dijo que es falso que con esta iniciativa se pretenda “entregar a la Marina la administración de las API’s –Administración Portuaria Integral–” o generar, desde ahí, las políticas de fomento y desarrollo portuario, la administración y control de la marina mercante.

Por el Grupo Parlamentario del PVEM, el senador Juan Gerardo Flores Ramírez dijo que es necesario contar con una operación más eficaz en materia de búsqueda y rescate en las aguas nacionales y “que las atribuciones no estén divididas o fracturadas como ocurre el día de hoy”.

El senador Manuel Cárdenas Fonseca señaló que en la argumentación del dictamen se “infiere” una confusión de la seguridad pública con la seguridad nacional, lo que “viola la Constitución Política” y “es muy preocupante que con una seria duda sobre la materia se vote a favor de un dictamen, cuando se debería tener plena certeza sobre el caso”.

De acuerdo con el dictamen, se transfieren las capitanías de puerto a la Secretaría de Marina, redistribuyéndose las atribuciones que actualmente realizan éstas y quedando únicamente en la SCT aquellas que se relacionen con la regulación, organización y administración de la marina mercante.

De esta manera, a la Semar le corresponderá el otorgamiento de permisos para la prestación de servicios de transporte marítimo de pasajeros y de turismo náutico con embarcaciones menores; autorizar arribos y despachos de las embarcaciones y artefactos navales, entre otros.

En tanto, la SCT continuará a cargo de la administración portuaria, el fomento y desarrollo portuario, el control y capacitación de la marina mercante, las obras marítimo-portuarias y de dragado, el desarrollo de la industria marítima, las concesiones, permisos y sus tarifas.