Por. Redacción/

La Comisión de Asuntos Migratorios, presidida por la diputada Julieta Kristal Vences Valencia (Morena), trabajará de forma coordinada con el Instituto Nacional de Migración (INM) para acompañar y supervisar las actividades de las estancias “donde se atiende a personas que no son simples cifras” y requieren el respeto de sus derechos humanos.

En reunión de la instancia legislativa, Vences Valencia expresó su preocupación por el fenómeno migratorio, cuya política privilegie “el respeto y la defensa de los derechos humanos” de acuerdo con el pacto Migratorio de Marrakech firmado por México para que sea una práctica segura, ordenada y regulada.

Ante la problemática migratoria en la frontera sur, la legisladora sostuvo que “México no va a ser el muro de Estados Unidos como lo planteó el presidente Donald Trump, lo descartamos de manera total”.

Lleváremos la política migratoria conforme a las ideas y ejes de este nuevo gobierno, no por la presencia de un solo actor, twitters o el T-MEC, porque se pretendió condicionar el tema de personas (migrantes) por los aranceles, son temas totalmente distintos, uno es comercial y el otro humano, aseguró.

En México ser migrante no es un delito sino una falta administrativa que, de subsanarse, abre la posibilidad de transitar y permanecer en el país.

Informó que la instancia legislativa enviará un oficio a Francisco Garduño Yáñez, comisionado del INM, para que los integrantes de las comisiones de Asuntos Migratorios, de Derechos Humanos y la de Derechos de la Niñez y Adolescencia, visiten y supervisen el trato que reciben los migrantes tanto de retorno a nuestro país y los que van en tránsito.

La legisladora pidió dejar la xenofobia y preservar la solidaridad. “Lo que queremos es que se garantice el buen trato a los migrantes, porque hablamos de personas: mujeres embarazadas, niñas y niños, no son simples cifras, es lo que nos preocupa”.

Vences Valencia estimó que realizarán estas visitas en febrero, marzo y abril a algunas estaciones ubicadas en Tapachula, Chiapas; Tenosique, Tabasco, y en la Ciudad de México.

El diputado Javier Manzano Salazar (Morena) propuso impulsar una nueva política migratoria de México, porque no se puede seguir parchando la ley. “Hasta ahora el Poder Legislativo se ha mantenido callado”. Pidió organizar un foro nacional donde se escuchen todas las propuestas a fin de construir una política de Estado que incida en la agenda legislativa actual.

La diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez (PT) consideró que con este foro se abre la Cámara de Diputados a todos los migrantes, internos y externos porque “deben ser escuchados, tenemos que visualizarnos y apoyarles en su estadía”. Pidió hacer una feria de producto migrante en el Palacio Legislativo de San Lázaro porque en la actualidad ofertan su mercancía sólo en las calles”.

Oscar Rafael Novella Macías, diputado de Morena aseguró que es oportuno establecer una ruta de trabajo para sacar adelante la Ley de Desplazamiento Forzado. Con este foro y la feria, podríamos enriquecer esta ley que ayudaría a retomar los planteamientos del Tratado de Marrakech.

De Morena, Erwin Jorge Areizaga Uribe planteó buscar aliados, especialmente en Centroamérica y Estados Unidos, así como en los congresos locales y de otras naciones expulsoras de migrantes con el objetivo de conocer sus experiencias.

Del mismo grupo parlamentario, el diputado Samuel Herrera Chávez sugirió que los migrantes mexicanos en Estados Unidos que han triunfado inviertan, junto con el gobierno mexicano, para impulsar proyectos que ayuden a abrir nuevas oportunidades de empleo a los repatriados.

Por otra parte, los integrantes de la comisión avalaron el plan anual de trabajo, cuyo objetivo es coadyuvar a definir una política migratoria con perspectiva de seguridad humana que garantice el respeto a los derechos integrales de las personas en diferentes contextos de movilidad y de sus familias.

En el ámbito legislativo se prevé adecuar el marco jurídico nacional a la realidad del fenómeno migratorio, armonizar las normas federales y locales con los principios constitucionales e internacionales, para atender a las víctimas de desplazamiento forzado interno y de mexicanos en el exterior.