Por: Redacción

La Comisión Permanente requirió un informe a la Procuraduría General de la República (PGR) sobre las acciones que se llevan a cabo para eliminar o clausurar los llamados “narcotúneles”, es decir, túneles utilizados por la delincuencia organizada para el trasiego de armas, narcóticos y tráfico ilegal de personas.

En el dictamen aprobado se señala la necesidad de coordinación entre las áreas encargadas de la seguridad en México y Estados Unidos, a fin de erradicar el problema de la inseguridad que aqueja a ambos países y que genera “un ambiente no sano a la sociedad y a las instituciones”.

Se menciona que, en los últimos años, el problema de las drogas no sólo ha impactado en el ámbito social y político, sino también en los de la salud y bienestar de las personas.

Asimismo, en el punto de acuerdo se indica que las actividades que realizan los grupos delincuenciales ha llevado “a ampliar sus operaciones a través de los llamados “narcotúneles”, usados desde finales del año 2000”.

Con el paso del tiempo, se agrega, han ido perfeccionando su edificación con nuevas tecnologías de ingeniería en su construcción, cada día más sofisticados y con inversiones millonarias, los cuales suman hasta el mes de marzo de este año un total de dos mil 178 túneles.

En el documento se explica que los caminos subterráneos como paso criminal son utilizados no solamente para el tránsito de drogas y armas, sino de personas traficadas. Esta sofisticada infraestructura criminal “es una abierta burla al poder público de las naciones para proveer drogas al extranjero o bien a México, sin tener que afrontar a las guardias en su tránsito de una región a otra”.

Del mismo modo, se menciona que estos pasadizos abundan en todas las zonas fronterizas del país, por lo que parte de las acciones previstas en México contra el narcotráfico es eliminar estos accesos utilizados por los criminales, mediante el fortalecimiento de la destrucción de este tipo de vías.