Por: Redacción

La Comisión Permanente solicitó al Instituto Nacional de Migración (INM), a la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados y la Quinta Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), un informe sobre las condiciones de las estaciones migratorias del país.

Este reporte deberá contener especialmente lo relativo a la estación “Siglo XXI” ubicada en Tapachula, Chiapas, en materia de infraestructura, presupuesto, respeto a los derechos humanos y, particularmente, tratamiento a personas solicitantes de asilo, condición de refugiado o protección complementaria.

En el dictamen avalado, en la sesión de este miércoles, se destaca que a pesar de no existir cifras oficiales, se estima que por la frontera sur de México ingresan manera irregular, aproximadamente 150 mil migrantes al año, principalmente por Chiapas, con la intención de llegar a Estados Unidos; en su mayoría migrantes centroamericanos, sudamericanos y, en menor medida, extra regionales originarios de Asia y África.

Al respecto, organizaciones de la sociedad civil señalan que el promedio anual de migrantes centroamericanos indocumentados que ingresan al país podría llegar a 400 mil y que, por no contar con papeles, no se tiene un registro certero de datos.

En este contexto, los migrantes viven grandes riesgos en su paso por el territorio mexicano pues el crimen organizado recluta a los migrantes para su grupo delictivo, y también los extorsiona y somete a la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral.

Además de estos peligros, los migrantes sufren violaciones a sus derechos humanos, como lo ha señalado el Comité Contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas (Red TDT), quienes reportaron, en octubre de 2012, que en las estaciones migratorias los detenidos vivían condiciones inhumanas y de hacinamiento, en particular en el centro de lztapalapa, en la Ciudad de México, y en la estación de Tapachula, Chiapas.

En 2014, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) evaluó al INM y detectó que de 77 lugares de alojamiento del Instituto, 57 no acreditaron todos los servicios que establece la ley: asistencia médica, psicológica, jurídica, alimentación, dietas especiales, lugares separados para hombres y mujeres, condiciones para evitar el hacinamiento, espacios de recreación deportiva y cultural, y representación legal o consular.

En el mismo sentido, las organizaciones civiles Sin Fronteras, el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, FM4 Paso Libre, el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, y Frontera con Justicia, presentaron en julio de 2015 el informe “Derechos Cautivos”, donde se denuncia que en los dos grandes centros de detención del país, existen cuartos de castigo, conocidos como “El calabozo”, en Tapachula, y el “área de castigo” en lztapalapa, en la Ciudad de México.

El dictamen señala que el 13 de enero de 2016, la CNDH emitió una recomendación al Comisionado del INM, Ardelio Vargas Fosado, por el caso de 15 mexicanos detenidos indebidamente durante 2015, en operativos realizados por agentes migratorios, en diferentes puntos carreteros y estados fronterizos.