Por: Redacción

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) que agilice las investigaciones en torno a los delitos en materia de hidrocarburos cometidos en las entidades federativas.

Pidió a la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) un reporte en el que detalle las medidas implementadas para prevenir el robo de combustibles y garantizar una adecuada vigilancia en ductos e instalaciones en las que se almacenan hidrocarburos.

La asamblea también hizo un llamado a los gobiernos estatales para que presenten un informe sobre la coordinación que establecen con la Federación para combatir la sustracción ilegal de combustibles.

En el dictamen aprobado, los legisladores destacaron que, en el primer trimestre de 2016, el número de tomas clandestinas en la red de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) aumentó 12.3 por ciento con respecto al mismo periodo de 2015, al pasar de mil 211 a mil 360.

Senadores y diputados mencionaron que de acuerdo con algunas estimaciones, esta empresa productiva del Estado pierde cada hora casi dos millones de pesos por robo de combustibles.

“De 2012 a la fecha se ha disparado el valor del robo de gasolina y diésel a Pemex a nivel nacional, pasando de poco más de cuatro mil 300 millones de pesos en 2011 a seis mil millones de pesos en 2012, a nueve mil 320 millones de pesos en 2013, 20 mil 645 millones de pesos en 2014 y un estimado de 17 mil millones de pesos en 2015”, subrayaron.

Para el año pasado, los 10 municipios con mayor número de tomas clandestinas detectadas por Petróleos Mexicanos fueron Altamira, Tamaulipas con 270; Huimanguillo, Tabasco, 116; Irapuato, Guanajuato, 106; Quecholac, Puebla, 88; Cárdenas, Tabasco, 86; Tepeaca, Puebla, 81; Zapotlanejo, Jalisco, 68; González, Tamaulipas, 68; Degollado, Jalisco, 66; y Pénjamo, Guanajuato, 65.

Además, en la Delegación Azcapotzalco de la Ciudad de México se localizaron dos predios desde los cuales se robaba combustible, mediante tomas clandestinas conectadas a ductos de gasolina de Pemex, junto con tráileres y camiones modificados para transportar hidrocarburos de forma ilegal.

En las consideraciones del dictamen, la Comisión Permanente preciso que la Federación tiene que coordinarse con las instituciones locales, municipales y de seguridad pública, así como las autoridades del sector energético, a fin de prevenir y detectar operaciones relacionadas con los delitos cometidos en materia de hidrocarburos.

Asentó que de acuerdo a la ley, a quien sustraiga hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos de ductos, vehículos, equipos, instalaciones o activos, sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios o distribuidores se le sancionará con una pena de 15 a 25 años de prisión.