Por: Redacción/

Mañana, la Comisión de Justicia de la cámara de senadores tendrá una reunión en la que discutirá y votará el dictamen que aprueba el Plan de Persecución Penal (PPP) de la Fiscalía General de la República, un documento que contiene la estrategia que seguirá el fiscal para investigar y perseguir los delitos del orden federal.

El Plan enviado por el Fiscal General al Senado el pasado 20 de enero, documento cuyo contenido sigue sin revelarse por alguna de esas autoridades, contiene dos claros defectos: (1) no cuenta con las recomendaciones públicas del Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de la República; y (2) en su elaboración no se garantizó la participación de ciudadanos, defensores de derechos humanos, organizaciones civiles ni víctimas.

El primer vicio deriva de que, a la fecha, el Consejo Ciudadano –un órgano especializado dentro de la Fiscalía General que busca la rendición de cuentas del fiscal y que tiene la facultad de opinar sobre el contenido del Plan de Persecución– no ha sido formalmente integrado, ni los consejeros han sido elegidos. Inclusive, fue hasta ayer que el Senado publicó la (segunda) convocatoria para ello.

En segundo lugar es deficiente el Plan de Persecución Penal enviado por el Fiscal Gertz Manero pues, previo a su diseño, ese funcionario no publicó una metodología –con los requisitos, plazos, condiciones– para que la ciudadanía participara en la elaboración de la estrategia.

Todo lo anterior se desprende del contenido de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, aprobada en 2018 por una mayoría de diputados y senadores del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA). Además, la Cámara de Senadores tiene conocimiento de tales deficiencias pues es parte demandada en el juicio de amparo seguido ante el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el que las organizaciones aquí firmantes han reclamado los efectos negativos de la falta de integración del Consejo Ciudadano.