Por: Redacción/

El presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, diputado Óscar González Yáñez (PT), señaló que ésta instancia legislativa podrá emitir una opinión sobre el perfil que deberá tener el Fiscal Anticorrupción, cuyo nombramiento es facultad exclusiva del Senado de la República.

El legislador dijo a los integrantes de esta Comisión que “ya hemos entrado en comunicación con el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal Ávila, para que podamos tener una reunión bicameral con nuestros homólogos”, quienes aceptaron nuestra opinión sobre el perfil de tan importante funcionario.

González Yáñez informó que se está en espera de la fecha de ese encuentro, en el que también estará el presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción del Senado, Héctor Yunes Landa (PRI).

“Me parece que sería importante que los compañeros senadores tuvieran el concurso de nuestras opiniones sobre quién debería ser o cuál es el perfil de quien debe ser nuestro Fiscal Anticorrupción”, agregó.

A la reunión de este órgano legislativo asistieron, por separado, el titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), Ricardo Salgado Perrilliat, y el comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Francisco Javier Acuña Llamas.

Ambos funcionarios se refirieron al estado actual del SNA e INAI, entre otros aspectos que llamaron la atención de los diputados de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

Salgado Perrilliat destacó la necesidad de “bajar los índices de impunidad, para disminuir los niveles de corrupción” y consideró necesario acelerar el nombramiento del Fiscal General de la República, para avanzar en la lucha contra este mal y la impunidad.

Cuestionado por la diputada Martha Elisa González Estrada (PAN) sobre el número de estados de la República que aún no han designado a sus fiscales generales, el funcionario respondió que son 13”.

El diputado Cipriano Charrez Pedraza (Morena) preguntó si el SNA actúa con respeto a la soberanía de los estados de la República, a lo que Salgado Perrilliat señaló que “la autonomía, independencia “es absoluta” y que, en todo caso, sólo se plantean “recomendaciones no vinculantes”.

Cruz Juvenal Roa Sánchez, del PRI, destacó la necesidad de que los ayuntamientos del país tengan por ley un “sistema municipal anticorrupción”, pues en esos espacios la deshonestidad es frecuente.

El funcionario del SNA dijo que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), “el tema toral de corrupción se ve en el municipio. “Esa es la parte que ve día a día el ciudadano”.

A su vez, la diputada Gloria Romero León (PAN) preguntó por los vacíos que existen en la ley “y qué debemos hacer en esta comisión para avanzar” en la lucha contra la corrupción y la impunidad.

Salgado Perrilliat recomendó esperar a que se integre el SNA, incluyendo los nombramientos faltantes de los fiscales en los estados, “para ver en dónde están aquellos huecos legales” y poder cubrirlos a través de medidas o reformas legislativas.

El diputado Juan Carlos Villarreal Salazar (MC) mencionó “la disparidad que existe en los presupuestos de las fiscalías estatales. Creo que sería una tarea de la Comisión poder coadyuvar a que se consoliden todos los sistemas estatales”. En ello coincidió la diputada Josefina Salazar Báez (PAN).

Al respecto, el funcionario federal dijo que en materia de presupuesto “hay grandes disparidades; por ejemplo, en Nuevo León, a nivel de sistema local anticorrupción, hay 67 millones de pesos (anuales) contra siete millones del estado de Guanajuato”.

El legislador Jaime Humberto Pérez Bernabé (Morena) apuntó que muchas veces “los entes reciben solicitudes de información con seudónimos, como el Ratón Miguelito, por lo que ¿hasta qué punto se puede reglamentar este aspecto o eso iría en contra de la transparencia?”.

Salgado Perrilliat enfatizó que reglamentar esa situación “sería restringir el derecho a la información”, por unos cuantos, “no podemos coartar el derecho de los demás”.

El presidente del Consejo Nacional del Sistema de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, Francisco Javier Acuña Lamas, expuso el estado actual de la implementación de ese sistema.

El consejero presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, informó que el 2 de octubre se resolvió abrir por interés público la averiguación previa del caso Odebretch, pero la Procuraduría General de la República no ha cumplido. “Hoy resolvimos, lo digo como una primicia para ustedes, fincar medidas de apremio”, adelantó.

“Es la primera vez que lo hacemos. No puedo dar más detalles, porque el sigilo nos contiene, hasta que no se notifique y surta efectos. Hay dos amparos que nos lo impiden, porque se pueden poner en peligro los procedimientos judiciales contra quienes puedan resultar culpables”, precisó.

Dijo que el sistema y las responsabilidades de transparencia son enormes, con casi nueve mil sujetos; además, el nivel de obligaciones es inmenso, pues de tener 17 conforme a la Ley General en la materia, se triplicaron a 48, “más las adicionales que, en algunos casos, son extremas”.

Añadió que México ha creado sistemas extraordinarios, fuera de lo común, en materia electoral, derechos humanos y de transparencia.

Destacó que los presupuestos designados a los órganos garantes son racionados e insuficientes para vigilar el cumplimiento de los sujetos obligados del Estado.

Explicó que hay estados que, por el peso de sus estructuras institucionales, el trabajo de transparencia ha rebasado su capacidad de dar respuesta. Un ejemplo es la Ciudad de México, cuyo organismo de transparencia carece de un titular desde hace más seis meses, por lo que el INAI, “en un hecho inusitado, ha atraído más de mil asuntos y resuelto más de 600”.

Expuso que el INAI encabeza en la figura de su presidente, el Sistema Nacional de Transparencia, integrado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Archivo General de la Nación (AGN) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Señaló que “el INAI cubre a 862 instituciones, incluidos partidos políticos, sindicatos, los poderes de la Federación y los órganos constitucionales autónomos”.

De Morena, la diputada Beatriz Silvia Robles Gutiérrez aseguró que al organismo le ha faltado funcionamiento, pues hay gente que asegura no obtener la información que solicita, además de señalar que los comisionados del INAI reciben sueldos de 280 mil pesos, por arriba de los que la nueva ley de remuneraciones señala.

Al respecto, Acuña Llamas precisó que el sueldo de los comisionados del INAI es de 132 mil pesos netos y fueron fijados cuando era el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI). “Nosotros somos sensibles a los cambios legislativos y vamos a acatar las leyes como ustedes las han aprobado”. Precisó que han resuelto asuntos respecto a Odebrecht; sin embargo, no han podido actuar en algunas situaciones por la falta del Fiscal Anticorrupción.

El diputado Rubén Cayetano García, también de Morena, pidió expresar una opinión respecto a cómo establecer un equilibrio legal entre la reserva de datos y el acceso a la información, pero sin limitar a este último, para conocer situaciones de averiguaciones previas como el caso Duarte.

En respuesta, el funcionario explicó que, “aunque dicen que tenemos dientes”, este organismo padece de disfunción en su actuación, por lo que el Legislativo puede ayudar cuando el INAI topa con pared. Puso un ejemplo, cuando este organismo solicitó al SAT la lista de empresas que fueron beneficiadas con la condonación de impuestos y los afectados recurrieron a amparos.

Por el PAN, la diputada Gloria Romero León aseguró que la resolución del INAI del 2016, de no responder a modo, es la razón por la que ciudadanos no reciben la información que solicitan. Planteó la necesidad de hacer algo al respecto, para que en aras del principio de máxima publicidad los sujetos obligados respondan, pero ampliando el término a 40 días.

El titular del INAI aclaró que las respuestas a solicitudes de información no las da este ente, sino que ordena a los sujetos obligados a otorgarla, pero si estos se amparan, los coloca en una situación de impotencia.

El diputado de Morena, Manuel Gómez Ventura, aseguró que los funcionarios del INAI podrán desempeñar sus actividades sin ninguna presión. “No van a ser limitados en sus funciones, siempre y cuando actúen conforme a Derecho, y tendrán la libertad de trabajar y serán escuchados, para que todos los mexicanos tengan la información que requieran y se cambien la percepción”. Refirió que cuando se apruebe el reconocimiento de la corrupción como delito grave, sin derecho a fianza, se abatirá el problema del compadrazgo y la lucha de poder.

De la misma bancada, el legislador Jaime Humberto Pérez Bernabé sostuvo que, a pesar de los esfuerzos que se han hecho para acceder a la transparencia, no son suficientes para combatir la corrupción, porque falta eficiencia y no hay esfuerzos conjuntos para frenar ese flagelo y la impunidad, cuando el reclamo ciudadanos es abatirlos.

“Hay muchos retos en el país, y sólo con un decidido compromiso se podrán enfrentar los graves problemas en esta materia, y garantizar el acceso a la información como un derecho reconocido que debe fortalecerse”.

Al respecto, Acuña Llamas aseguró que el rigor, la neutralidad técnica y el oficio calificado del INAI, al que lo obliga la ley, “se ofrecerá al nuevo gobierno federal, para que se limpien muchas cosas que se han quedado empantanadas”. Consideró que deben perfeccionarse algunas leyes para avanzar más en esta materia.

Josefina Salazar Báez (PAN) destacó la necesidad de acabar con la impunidad y apoyar el sistema de transparencia como herramienta para acabar con la corrupción.

Acuña Llamas señaló que si no se avanza en abatir la corrupción, es “porque quedan impunes” muchos casos, por lo que se debe ir en contra de esta. Propuso avanzar también en la cultura de la denuncia.