Por: Redacción/

La Comisión de Transparencia y Anticorrupción, presidida por el diputado Óscar González Yáñez (PT), emitió la convocatoria para el Parlamento Abierto virtual y presencial a efecto de analizar las iniciativas sobre las leyes de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público y la de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En el documento de la convocatoria se precisa la importancia, magnitud e impacto económico y social de estas leyes, especialmente en los temas de transparencia y anticorrupción.

Por ello, “es menester proceder de manera particular con su procesamiento, toda vez que se pretende, en un primer caso, reformar 60 artículos y adicionar otros 25. En un segundo caso, analizar 15 reformas y adiciones, así como diversas adecuaciones a Títulos y Capítulos, similares a las reformas realizadas en el año 2008 bajo otro contexto histórico”.

Menciona que la Comisión de Transparencia y Anticorrupción se encuentra comprometida, al igual que el Congreso de la Unión, con los Objetivos y Metas de Desarrollo Sostenible 2030, de ahí que las iniciativas objeto de análisis conciernen principalmente a la Reducción de Desigualdades; Producción y Consumo Responsables, así como a la Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.

La convocatoria está dirigida a dirigentes, servidores públicos, organizaciones, académicos, cámaras, asociaciones, confederaciones, colectivos, consejos y a la ciudadanía en general interesados en participar con su opinión sobre las iniciativas vigentes de las diputadas y los diputados integrantes de los diferentes grupos parlamentarios turnadas a esta instancia legislativa.

En las bases se precisa que las iniciativas podrán ser consultadas en el micrositio de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción: http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Comision-de-Transparencia-yAnticorrupcion2/Parlamento-Abierto.

Fases del Parlamento Abierto

La primera fase del Parlamento Abierto será de carácter virtual, comprende desde la fecha de publicación de la convocatoria y hasta el día 3 de julio. En esta etapa se recibirán propuestas temáticas y de ponentes. Además, todas las opiniones, sugerencias, propuestas, consideraciones y demás comentarios que se envíen en formato PDF al correo electrónico: com.transparencia@diputados.gob.mx, serán considerados de dominio público para su publicación en el micrositio de la comisión.

La segunda fase se realizará del 15 al 29 de julio, dividiéndose en tres foros virtuales, y en su caso, presenciales, atendiendo las disposiciones oficiales respecto de la contingencia sanitaria del COVID-19, los días 15, 22 y 29 de julio.

En tanto, la tercera atapa de este Parlamento Abierto será a partir del 1 de agosto hasta la aprobación, en su caso, del dictamen correspondiente. Para ello, la Comisión de Transparencia y Anticorrupción elaborará el proyecto de dictamen para su validación.

En esta fase, se invitará a las diputadas y diputados proponentes con la finalidad de que presenten las consideraciones pertinentes. Una vez aprobado el dictamen en la Comisión de Transparencia se hará del conocimiento público y se turnará al Pleno de la Cámara de Diputados, para el análisis y, en su caso, aprobación correspondiente.

Las deliberaciones de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción serán públicas a través del Canal del Congreso.

Antecedentes de las leyes

En el orden constitucional, desde la promulgación de la Carta Magna de 1917, el Artículo 134 estableció: “Todos los contratos que el Gobierno tenga que celebrar para la ejecución de obras públicas, serán adjudicadas en subasta, mediante convocatoria, y para que se presenten proposiciones en sobre cerrado, que será abierto en junta pública”. Fue hasta 65 años después, en 1982, que ese artículo se reformó, y sería luego de 25 años, que en 2007 se hicieron adiciones.

En cuanto a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se reformó en 1993 y posteriormente a principios del año 2000. En esta ley se estableció principalmente la licitación pública.

Respecto a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas, se reformuló en el año 2000, y desde entonces se estableció que la licitación pública, la invitación a cuando menos tres personas y la adjudicación directa son los procedimientos utilizados para la celebración de contratos administrativos respecto a las materias englobadas en la ley.